La reposición, la revisión, la queja y el recurso de suplicación

El art. 195.1 da diez días para interponer la suplicación, una vez tenido por anunciado el recurso. Los cinco días son los del paso anterior, el anuncio, que se cuentan desde la notificación de la sentencia (art. 194). Anunciar e interponer son dos actos distintos, con dos plazos distintos.

El art. 186.1 manda la reposición contra las diligencias de ordenación y los decretos no definitivos ante el secretario judicial que los dictó —hoy, el letrado de la Administración de Justicia—, salvo que la ley prevea un recurso directo de revisión. Ante el juez va la reposición contra sus providencias y autos (art. 186.2), no contra lo que resolvió el letrado: la reposición vuelve siempre al mismo autor de la resolución. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conoce de la suplicación, no de la reposición.

El art. 191.2.g) cierra la suplicación a las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros: con esa cifra o menos, la sentencia de instancia es firme salvo que concurra alguno de los casos del art. 191.3, como la afectación general. Los 18.000 euros son otro umbral del mismo artículo: el de la impugnación de actos administrativos en materia laboral con valoración económica (art. 191.3.g), que abre el recurso cuando la cuantía los excede.

El art. 202.1 manda a la Sala, sin entrar en el fondo, reponer los autos al momento en que se cometió la infracción procesal, y precisa que, si se cometió en el acto del juicio, se vuelve al momento de su señalamiento: el juicio se celebra de nuevo entero. Reponer al momento de dictar sentencia es lo que prevé el art. 202.2 para otro defecto, la infracción de las normas reguladoras de la sentencia cuando los hechos probados no bastan para resolver.

El art. 186.4 excluye la reposición contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos en una lista cerrada de procesos: los de conflictos colectivos, los de materia electoral, los de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los de impugnación de convenios colectivos. En ellos, lo que se quiera oponer se alega en el acto de la vista. El despido no está en esa lista, así que en él rige la regla general del art. 186.2: reposición contra todas las providencias y autos ante el mismo juez.

El art. 195.1 cuenta el plazo de interposición desde que se notifica la puesta a disposición de los autos, y añade que corre «cualquiera que sea el momento» en que el letrado o el graduado social los examine o los recoja: retrasar la recogida no alarga el plazo. La notificación de la sentencia es el punto de partida del anuncio (art. 194), el paso anterior, no el de la interposición.

El art. 195.2 manda tener por no anunciado el recurso, mediante auto, cuando la resolución no es recurrible, cuando se anunció fuera de plazo o cuando no se subsanan los requisitos del anuncio, y la sentencia queda firme. Contra ese auto cabe recurso de queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que se tramita conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 189). La queja existe precisamente para que el órgano que debía conocer del recurso controle que no se le haya cerrado el paso. Y la reposición, cuando cabe, se interpone ante quien dictó la resolución (art. 186), nunca ante la Sala.

El art. 187.1 exige que el escrito de reposición exprese la infracción en que incurre la resolución, y el 187.2 dice cómo se inadmite si falta: la reposición frente a providencias y autos, mediante providencia no susceptible de recurso. El decreto directamente recurrible en revisión es la forma de inadmitir la reposición contra diligencias de ordenación y decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra una providencia del juez.

El art. 193.b) limita la revisión de los hechos probados a lo que resulta de las pruebas documentales y periciales practicadas. La suplicación es un recurso extraordinario: la Sala no vuelve a valorar los testigos ni el interrogatorio de las partes, que el juez de instancia vio y oyó en el juicio. Por eso el escrito de interposición ha de señalar el documento o la pericia concretos en que se basa cada motivo de revisión de hechos (art. 196.3).

El art. 187.1 fija dos plazos según el órgano: tres días contra las resoluciones dictadas en procedimientos ante un órgano unipersonal, como el juez de lo social, y cinco ante un órgano colegiado, como una Sala de lo Social. Los cinco días son, por tanto, el plazo del colegiado, y también el de la reposición en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no distingue. Ocho días y quince días no son plazos de la reposición en ninguna de las dos leyes.

El art. 204.1 manda que el fallo confirmatorio condene a la pérdida de las consignaciones, a las que se da su destino cuando la sentencia es firme. Mantenerse hasta que el condenado cumpla es lo que el art. 204.3 dispone para otra garantía, los aseguramientos de la condena (un aval, por ejemplo), no para el dinero consignado. La devolución de las consignaciones solo procede si la Sala revoca la sentencia, del todo o en parte (art. 203).

El art. 199 da cinco días para subsanar y, si no se hace, la Sala dicta auto que inadmite el recurso, declara firme la resolución recurrida y devuelve el depósito. Perderlo, con las costas, es la consecuencia de otra inadmisión, la del art. 200.2, que no admite subsanación.

El art. 196.1 manda presentar el escrito de interposición ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, hoy la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia. Allí se da traslado a las partes recurridas para impugnarlo, y solo después se elevan los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que es la que decide (art. 197.3).

El art. 188.1 da recurso de revisión contra el decreto del letrado de la Administración de Justicia que resuelve la reposición: lo resuelve el juez o tribunal, y no tiene efectos suspensivos. «Ninguno, sin perjuicio de alegarlo en el acto de la vista» es lo que dice el art. 187.5 del auto del juez que resuelve la reposición, no del decreto del letrado. La queja es el recurso contra la inadmisión de otro recurso, y la suplicación solo cabe contra los autos que la ley enumera (art. 191.4).

El art. 194 da cinco días desde la notificación de la sentencia para anunciar la suplicación, y basta la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social o representante, al notificársela, de su propósito de recurrir; también vale la comparecencia o el escrito dentro de ese plazo. Los diez días son el plazo del paso siguiente, la interposición (art. 195.1).

La reclamación no alcanza el umbral del art. 191.2.g), pero el art. 191.3.b) abre la suplicación «en todo caso» en dos supuestos: cuando la cuestión afecta a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios, y cuando la sentencia de instancia es susceptible de extensión de efectos. El tamaño de la plantilla, la condición pública de la demandada o la voluntad del juez no cambian el régimen de recursos, que fija la ley.

El art. 188.2 reparte la revisión: si se cumplen los requisitos, la admite el letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación y da traslado a las demás partes; si no, la inadmite el juez o tribunal mediante providencia, y contra lo que se decida sobre la admisión no cabe recurso. El auto es la resolución con la que el juez resuelve después la revisión; el decreto, la forma en que el letrado inadmite la reposición contra sus diligencias y decretos (art. 187.2).