Las competencias de la provincia y los regímenes especiales

• Las de los municipios de menos de 5.000 habitantes de su isla
• Las de la Delegación del Gobierno
• Las de las Diputaciones provinciales
• Las de las mancomunidades provinciales interinsulares

En Canarias el gobierno de cada isla es su Cabildo, que asume las competencias de las Diputaciones provinciales y se rige por la disposición adicional decimocuarta de la ley y, supletoriamente, por las normas de organización y funcionamiento de las Diputaciones. No absorbe las de sus municipios, que conservan las suyas, ni las del Estado; y las mancomunidades provinciales interinsulares solo subsisten como órganos de representación de los intereses provinciales, sin competencias que ceder.

• La Comunidad Foral de Navarra
• La de las Islas Baleares
• La de Madrid
• El Principado de Asturias

La regla es que en una comunidad de una sola provincia no hay Diputación aparte: la propia Comunidad asume lo que le correspondería. La excepción son las Islas Baleares, en los términos de su Estatuto; allí son los Consejos Insulares los que asumen las competencias de las Diputaciones, de acuerdo con la ley y con su Estatuto (art. 41.3). Navarra es el distractor que tienta, pero la ley la nombra junto a las uniprovinciales para aplicarle la misma regla, no para exceptuarla; Madrid y Asturias son uniprovinciales y siguen la regla.

• Cada año
• Cada dos años
• Cada cuatro años, uno por mandato
• Cada seis años

El art. 36.2.a) dice que la Diputación aprueba el plan «anualmente», y que en su elaboración participan los municipios de la provincia. No va ligado al mandato de cuatro años de la corporación, que es el distractor que tienta, ni a ningún otro ciclo plurianual.

• Los de policía local y protección civil
• Los de urbanismo y licencias de obra
• Los de secretaría e intervención
• Los de biblioteca pública y mercado

Por debajo de 1.000 habitantes, la ley no deja la asistencia a la voluntad de la Diputación: le ordena garantizar «en todo caso» la prestación de los servicios de secretaría e intervención (art. 36.1.b). El urbanismo, con su disciplina, es competencia propia del municipio (art. 25.2.a); la biblioteca pública y el mercado son servicios obligatorios del municipio por encima de 5.000 habitantes, y la policía local y la protección civil son materias de competencia municipal. Ninguno figura en esa garantía. Y que en los municipios de menos de 20.000 habitantes la Diputación coordine la prestación de ciertos servicios obligatorios (art. 26.2) es otra cosa: coordinar no es la garantía «en todo caso» del art. 36.1.b).

• Con preferencia sobre su régimen foral
• Solo en materia de organización
• En ningún caso
• Con carácter supletorio

Los órganos forales conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto vasco, y la ley lo respeta; pero no los deja fuera del todo, sino que se les aplica con carácter supletorio, para lo que su régimen no regule. Por eso es falso que no se les aplique en ningún caso, y también que prevalezca sobre el régimen foral; la ley no limita esa aplicación a la organización.

• Las normativas, si el ámbito provincial es el más idóneo
• Cualesquiera, salvo las reservadas a la Comunidad Autónoma
• Las de mera ejecución, si el ámbito provincial es el más idóneo
• Las de planificación y coordinación de los servicios municipales

El Estado puede delegar en las Diputaciones, tras consultar a la Comunidad Autónoma interesada y recibir su informe, solo competencias de mera ejecución, y solo cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para prestar los servicios. La opción de las normativas copia esa condición del ámbito, pero cambia la clase de competencia, que es lo que la ley acota; y la delegación no alcanza a cualquier competencia ni a la planificación o coordinación de los servicios municipales.

• El tratamiento de residuos
• El abastecimiento domiciliario de agua potable
• El alumbrado público
• La prevención y extinción de incendios

El art. 36.1.c) nombra dos servicios que la Diputación asume cuando el municipio no los presta, y cada uno con su umbral: los incendios en los de menos de 20.000 habitantes y el tratamiento de residuos solo en los de menos de 5.000. Con 12.000 habitantes entra en el primero y no en el segundo, que es el distractor que tienta. El agua y el alumbrado no figuran en esa letra: el art. 36.1.c) no los menciona, aunque en los municipios de menos de 20.000 habitantes su prestación la coordine la Diputación (art. 26.2).

• Los asume directamente cuando el municipio no los preste
• Coordina su prestación por convenio con la Comunidad Autónoma
• Los financia íntegramente con cargo a su plan provincial
• Encomienda su gestión a los municipios mediante delegación

La letra i) del art. 36.1 le da a la Diputación un papel de coordinación, y lo ata a un instrumento y a un interlocutor: el convenio con su Comunidad Autónoma. No dice que asuma ella el servicio cuando el municipio no lo preste, ni que lo pague por entero con el plan provincial, ni que lo delegue en los municipios.

• Asume ella la prestación de esos servicios en lugar de los municipios
• Ofrece a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente
• Reduce a esos municipios las aportaciones que les concede en sus planes
• Lo comunica a la Comunidad Autónoma para que coordine esos servicios

La letra h) le pide a la Diputación ofrecer, no imponer: su colaboración para gestionar los servicios de forma coordinada y más barata. No le da poder para quitarle el servicio al municipio, ni para castigarlo recortando sus aportaciones, ni le manda trasladar el asunto a la Comunidad Autónoma.