El contrato de concesión de servicios

El artículo 293.1 permite a la Administración acordar el secuestro o la intervención de un servicio público concedido cuando, por causas ajenas al concesionario o por su incumplimiento, se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios, y lo hace «en los términos establecidos en el artículo 263». El 263.2 dice que la explotación durante el secuestro se efectúa por cuenta y riesgo del concesionario, al que se devuelve al terminar con el saldo que quede después de pagar todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores, y de deducir las penalidades impuestas. El tentador es que la asuma la Administración, porque es ella quien explota el servicio y percibe la contraprestación mientras dura; pero el riesgo sigue siendo del concesionario, aunque la causa le sea ajena, y la ley no prevé indemnizarle ni cargar las pérdidas a la Administración.

El artículo 297 manda aplicar a la concesión de servicios, en lo no previsto en su capítulo, la regulación de la propia ley sobre la concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de aquella. El tentador es el contrato de servicios, por el nombre; pero la ley remite a la otra concesión. Y la remisión la hace la ley, no el pliego: no depende de que este se remita a ella, sino de que sea compatible.

El artículo 284.1 deja gestionar indirectamente por concesión los servicios de titularidad o competencia de la Administración siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. El tentador son las tarifas, pero la ley no exige que el servicio se financie con lo que pagan los usuarios: el artículo 289.1 no limita a ellos quién abona la retribución del concesionario. Tampoco hace falta que el servicio sea público —el 284.2 regula ese caso como uno más— ni que la Administración no lo preste hoy por sí misma. Lo que sí excluye el mismo apartado es la concesión de los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

El artículo 285.2 exige el anteproyecto de construcción y explotación, cuando proceda según el artículo 248.1, en las concesiones de servicios que comprendan la ejecución de obras, y además la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. El tentador son las ayudas: cuando la viabilidad de la concesión cuenta con ayudas a la construcción o la explotación, el mismo apartado pide que el estudio de viabilidad se pronuncie sobre una posible ayuda de Estado, no un anteproyecto. Ni la regulación armonizada ni que el servicio sea público lo exigen.

El artículo 291.2 manda que, durante un período prudencial anterior a la reversión, que tiene que fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adopte las disposiciones para que la entrega de los bienes se haga en las condiciones convenidas. El tentador es el plazo de garantía, que es lo propio de la recepción del artículo 210; pero el artículo 286 excluye ese artículo de la concesión de servicios. Ni el informe de la Intervención ni una prórroga para preparar la gestión están en la ley como paso previo a la reversión.

El artículo 288.a) obliga al concesionario a prestar el servicio con la continuidad convenida y, si el contrato se extingue por cumplimiento, a seguir prestándolo hasta que se formalice el nuevo contrato. No basta con la adjudicación: el hito es la formalización, que es posterior. Es una obligación, no una prórroga que el concesionario pueda aceptar o rechazar, y entregar ya el servicio a la Administración es justo lo que el artículo 288.a) aplaza hasta la formalización.

El artículo 290.5 permite, en los casos de la letra b) del apartado 4 y de fuerza mayor de su último párrafo, ampliar el plazo de la concesión de servicios por un período que no exceda del 15 % de su duración inicial, y le pone una sola condición más: respetar los límites máximos de duración previstos legalmente. La ampliación la permite la ley, no el pliego, así que no depende de que este la haya previsto; tampoco exige una solicitud del concesionario en un plazo determinado. Y aunque el mismo apartado enumera en primer lugar la modificación de las tarifas, la cita entre las medidas que procedan en cada caso, sin supeditarle la ampliación del plazo.

El artículo 285.2 obliga a realizar y aprobar un estudio de viabilidad, o en su caso de viabilidad económico-financiera, antes de tramitar el expediente, y le da carácter vinculante en los supuestos en que concluya en la inviabilidad del proyecto. El tentador es el simétrico, el estudio que concluye que el proyecto es viable: la ley no le atribuye ese efecto. Por eso tampoco es cierto que vincule siempre, ni que no vincule nunca: vincula cuando dice que el proyecto no es viable.

El artículo 284.2 exige que, antes de contratar la concesión de un servicio público, se haya establecido su régimen jurídico, y que este declare expresamente que la actividad queda asumida por la Administración respectiva como propia; además, determina el alcance de las prestaciones a los administrados y regula sus aspectos jurídicos, económicos y administrativos. El tentador es la falta de medios, pero el art. 284.2 no le pide al régimen jurídico que la justifique: le pide declarar la actividad asumida como propia, fijar el alcance de las prestaciones y regular su prestación. Asumir la actividad como propia tampoco es reservarla en exclusiva, y la ley no pide declarar que la gestión indirecta sea la más adecuada.

El artículo 296 limita la subcontratación en la concesión de servicios a las prestaciones accesorias, y para lo demás remite a los artículos 215 a 217. El tentador es la regla general del artículo 215, que deja subcontratar la prestación con sujeción a los pliegos, salvo las tareas que estos reserven al contratista: en la concesión de servicios el límite es más estrecho y lo pone la ley, no el pliego. Ninguna autorización abre la subcontratación de la prestación principal.