El contrato de suministro

El art. 304.1 pone a cargo del contratista los gastos de la entrega y el transporte de los bienes hasta el lugar convenido, salvo pacto en contrario. Como aquí no hay pacto, los paga el contratista. Que el contrato no los mencione no los saca del precio ni los pasa al ministerio, y que el lugar lo eligiera la Administración tampoco cambia la regla: es precisamente el «lugar convenido» al que el contratista tiene que llevarlos a su costa. La ley no prevé un reparto por mitades.

El art. 300.2 niega al adjudicatario, sea cual sea el tipo de suministro, la indemnización por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de entregarlos, con una salvedad: que la Administración hubiera incurrido en mora al recibirlos, que es lo que ocurre cuando no los recibe sin causa al ponérselos a su disposición. La tentadora es la de que aún no se habían entregado: esa es la regla general, pero la mora la desplaza. Que nadie causara la avería no cambia nada, y el derecho nace de la ley, no del pliego.

El art. 306.a) hace causa de resolución del suministro la suspensión de su iniciación por causa imputable a la Administración por más de cuatro meses, contados a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que el pliego fije un plazo menor. El reloj no arranca con la formalización ni con un acuerdo de suspensión, que puede no existir cuando el suministro sencillamente no empieza, ni con una petición del contratista: arranca en la fecha en que debía entregarse.

El art. 298 pone el mantenimiento del objeto arrendado a cargo del arrendador durante toda la vigencia del contrato, y añade que lo que la Administración deba pagar, en su caso, como canon de mantenimiento se fija separadamente de las cantidades que constituyen el precio del arriendo. Por eso no se mete dentro del precio sin desglosar, ni hace falta otro contrato de servicios: el mantenimiento es una obligación del propio arrendamiento. Y la ley no lo calcula como un porcentaje del arriendo.

El art. 299 deja que el pliego de cláusulas administrativas particulares aplique a los contratos de fabricación las normas del contrato de obras que el órgano de contratación determine, pero excluye de esa elección la publicidad y el procedimiento de adjudicación, que se acomodan en todo caso al contrato de suministro. La tentadora es la de obras «si así lo determina el pliego»: esa libertad existe, pero para el resto del régimen del contrato, no para cómo se anuncia y se adjudica.

El art. 302.1 admite que el pliego establezca, cuando razones técnicas o económicas justificadas en el expediente lo aconsejen, que el precio total consista parte en dinero y parte en otros bienes de la misma clase, pero sin que el importe de estos pueda superar en ningún caso el 50 % del precio total: la mitad de 120.000 € son 60.000. La justificación en el expediente y la previsión del pliego son las condiciones para usar esta forma de pago, no una dispensa del tope. Los 40.000, 24.000 y 12.000 € serían un tercio, un 20 % y un 10 % del precio, porcentajes que este artículo no fija.

Según el art. 300.4, una vez recibidos de conformidad bienes o productos perecederos, la Administración responde de su gestión, su uso y su caducidad; pero eso es sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por sus vicios o defectos ocultos. La recepción traslada la caducidad al hospital, pero no borra los vicios ocultos, que siguen siendo del suministrador. Y el suministrador no conserva la caducidad hasta el fin de la garantía: desde la recepción es de la Administración.