Los efectos, las prerrogativas de la Administración y la ejecución de los contratos

El art. 191.4 dice de todos los acuerdos adoptados en ejercicio de las prerrogativas que ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos. Como agotan la vía administrativa, no cabe alzada; y como son ejecutivos de inmediato, recurrirlos no los suspende por sí solo.

El art. 195.2 obliga al órgano de contratación a conceder la ampliación cuando el retraso no es imputable al contratista y este ofrece cumplir, y le fija un suelo: un plazo por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista pida uno menor. Por eso dos meses son el mínimo, no el máximo ni una cifra cerrada, y el órgano no la fija libremente. El responsable del contrato informa sobre si el retraso fue imputable al contratista.

El art. 200.4 da efectos liberatorios a los mandamientos de pago expedidos a nombre del contratista o del cedente antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración: ha pagado bien y no tiene que pagar otra vez. Solo desde que la Administración conoce la cesión tiene que expedir el mandamiento a favor del cesionario.

El art. 197 sienta el principio: la ejecución del contrato se hace a riesgo y ventura del contratista, en todos los contratos y no solo en las concesiones, sin perjuicio de lo que el art. 239 dispone para el contrato de obras, que da al contratista derecho a indemnización en los casos de fuerza mayor. No es un riesgo de la Administración ni se reparte entre las partes.

El art. 194.2 marca un orden: la penalidad se deduce de las cantidades que, como pago total o parcial, haya que abonar al contratista, y solo cuando no puede deducirse de esos pagos se hace efectiva sobre la garantía que se hubiera constituido. Es al revés de lo que dice la primera opción, y no hay que esperar a la liquidación ni pedirle al contratista que la ingrese.

El art. 196.3 permite a los terceros dirigir ese requerimiento previo al órgano de contratación dentro del año siguiente al hecho, y le atribuye un efecto: interrumpe el plazo de prescripción de la acción. No suspende el contrato ni decide nada por sí solo. El requerimiento solo pide un informe sobre a quién corresponde la responsabilidad: no la traslada ni obliga a nadie a pagar sin más.

El art. 198.4 condiciona el inicio del cómputo para el devengo de intereses a que el contratista haya cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en los términos de la normativa de factura electrónica y en tiempo y forma. La reclamación por escrito es un trámite del art. 199, no lo que pone a correr los intereses. Ni el informe del responsable del contrato ni una intimación son requisito.

La regla del art. 196.1 es que el contratista indemniza los daños que las operaciones del contrato causen a terceros, pero el art. 196.2 la invierte cuando los daños son consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración: entonces responde ella, dentro de los límites que señalan las leyes. No paga primero el contratista para repetir después, no hay reparto solidario a partes iguales y la ley no hace depender esa responsabilidad de que el contratista advirtiera del riesgo.

El art. 190 da al órgano de contratación facultades de inspección de lo que el contratista hace durante la ejecución, pero le niega un derecho general a inspeccionar sus instalaciones, oficinas y demás emplazamientos. La excepción es que esos lugares y sus condiciones técnicas sean determinantes para las prestaciones del contrato, y entonces tiene que justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente. No basta con que el pliego lo prevea, y la inspección tampoco se reduce a lo entregado: alcanza a las actividades de ejecución.

El art. 191.3.c exige el dictamen en las reclamaciones dirigidas a la Administración por su responsabilidad contractual cuando la indemnización reclamada es igual o superior a 50.000 euros. El caso se sitúa en un ministerio porque la ley deja que la normativa de cada comunidad autónoma rebaje esa cuantía para su órgano consultivo. Los 100.000 euros recuerdan un umbral del recurso especial, que no tiene nada que ver con esto.

Aunque el primer párrafo del art. 202.1 diga que los órganos de contratación «podrán» establecer condiciones especiales de ejecución, el segundo añade que en todo caso es obligatorio que el pliego de cláusulas administrativas particulares recoja al menos una de las que enumera el apartado 2: económicas, de innovación, medioambientales o sociales. No depende de la regulación armonizada ni tiene que ser de tipo social.

El art. 193.3 fija la penalidad diaria por demora en 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio, IVA excluido: 0,60 × 250 = 150 euros al día, y 1.500 euros en diez días. Los 150 euros son un solo día; los 1.815, el cálculo hecho sobre el precio con IVA; y los 15.000 salen de aplicar 0,60 euros por cada 100. El pliego podría fijar otras penalidades si lo justificaran las características del contrato, pero en este caso no lo hace.

El art. 198.4 obliga a la Administración a abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de las certificaciones o de los documentos que acreditan la conformidad. Son días naturales (DA 12.ª): contados desde el 3 de febrero, el trigésimo es el 4 de marzo, porque febrero de 2026 tiene 28 días. El 2 de marzo es contar un mes en vez de treinta días; el 3 de abril, sesenta días; y el 2 de mayo, tres meses. Se sitúa en un ministerio porque las comunidades autónomas pueden reducir ese plazo (art. 198.8).

El art. 191.3.a exige el dictamen del Consejo de Estado, o del órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en la interpretación, la nulidad y la resolución de los contratos cuando el contratista se opone. Lo que lo activa es la oposición, no la regulación armonizada ni quién propone la resolución. Y la demora no es excepción: si la Administración opta por resolver por demora, el art. 195.1 pide la audiencia del contratista y el dictamen solo cuando este se opone.

El art. 198.7 solo deja embargar los abonos a cuenta en dos supuestos, los dos ligados a la ejecución de ese contrato: los salarios devengados por el personal del contratista en esa ejecución, con sus cuotas sociales, y las deudas con los subcontratistas y suministradores referidas a ella. Ni un préstamo de la empresa ni los salarios o los proveedores de otros contratos entran.

El art. 200.2 hace de la notificación fehaciente del acuerdo de cesión el requisito imprescindible para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración. La autorización previa y expresa y el 20 % ejecutado son requisitos de otra figura, la cesión del contrato (art. 214.2), en la que el cesionario se subroga en todos los derechos y obligaciones; aquí solo se transmite el cobro. La ley no pide inscribirla en ningún registro.

El art. 202.1 admite condiciones especiales de ejecución siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. Son condiciones de la ejecución, no criterios que puntúen las ofertas; se conocen desde la licitación, no se pactan después; y la ley no las limita a los contratos armonizados.

Con una demora en el pago superior a cuatro meses, el art. 198.5 permite al contratista suspender el cumplimiento del contrato, pero tiene que comunicarlo a la Administración con un mes de antelación. Resolver el contrato y pedir el resarcimiento de los perjuicios exige una demora superior a seis meses (art. 198.6), que aquí no se da. Se sitúa en un ministerio porque las comunidades autónomas pueden reducir esos plazos (art. 198.8).

El art. 193.2 es tajante: la constitución en mora del contratista no precisa intimación previa por parte de la Administración. Basta con que venza el plazo total o, en su caso, los parciales, que el contratista está obligado a cumplir (art. 193.1). No hace falta un requerimiento ni un plazo de subsanación, y el pliego no cambia esa regla.

El art. 191.3.b pide el dictamen para las modificaciones que reúnen tres cosas a la vez: que no estén previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que su cuantía supere el 20 % del precio inicial, IVA excluido, y que el precio del contrato sea igual o superior a 6.000.000 de euros. Solo la cuarta las reúne. La prevista en el pliego no lo exige; la del 20 % justo no lo supera, porque la ley dice «superior»; y el contrato de 4.000.000 € no llega a los seis millones.