La modificación de los contratos

El segundo párrafo del art. 207.3 obliga a publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante, esté o no el contrato sujeto a regulación armonizada y sea cual sea la causa de la modificación, en el plazo de 5 días desde su aprobación y acompañado de las alegaciones del contratista y de los informes recabados antes de aprobarla. El anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea es una obligación añadida que solo alcanza a algunos contratos armonizados.

Para las prestaciones adicionales, el art. 205.2.a.1.º exige que el cambio de contratista no sea posible por razones económicas o técnicas y que genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes, pero cierra la puerta a este argumento: la necesidad de celebrar una nueva licitación no se considera en ningún caso un inconveniente significativo, tarde lo que tarde. Y las razones económicas cuentan igual que las técnicas.

El art. 205.1 trata igual las modificaciones no previstas en el pliego y las que, habiéndose previsto, no se ajustan al art. 204, y una cláusula que no precisa alcance ni límites no se ajusta: solo caben si encajan en uno de los supuestos del art. 205.2 y se limitan a las variaciones estrictamente indispensables. La advertencia del pliego no basta para tratarla como prevista, pero tampoco cierra la vía de las no previstas; y la voluntad de las partes no sustituye a esos requisitos.

El art. 203.2 solo permite modificar un contrato administrativo en dos supuestos: la modificación prevista en el pliego (art. 204) y, excepcionalmente, la no prevista que cumple las condiciones del art. 205. Fuera de ellos no se modifica, ni siquiera con el acuerdo del contratista: hay que resolver el contrato y celebrar otro, previa nueva licitación cuando corresponda. Queda a salvo la obligación del contratista de adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina (art. 213.6).

El art. 207.1 remite, para las modificaciones previstas del art. 204, a la forma que se hubiese especificado en los pliegos, y el art. 204.1.b exige, a su vez, que la cláusula precise el procedimiento que haya de seguirse. Ni la conformidad del contratista ligada al precio ni el dictamen de un órgano consultivo son la regla de esta vía, y la audiencia del redactor del proyecto es un trámite de las modificaciones no previstas (art. 207.2). Todo ello, sin perjuicio del procedimiento del art. 191 (art. 207.4).

El art. 204.1.b pide que las condiciones de uso de la cláusula se fijen por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, y que la cláusula se formule de manera que todos los candidatos y licitadores entiendan su alcance exacto y la interpreten igual. Dejarlas al criterio del órgano, a lo que ofrezca cada licitador o a lo que se pacte después no cumple ninguna de las dos exigencias.

La letra c del art. 205.2 admite modificar sin previsión en el pliego cuando la modificación no es sustancial, pero a cambio exige justificar especialmente su necesidad, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. La conformidad del contratista no es un requisito de esta vía mientras no pase del límite del art. 206, no se pide explicar por qué no se licitan aparte, y una modificación no sustancial puede mover el precio dentro de los límites de la ley.

Según el art. 205.2.c.3.º, la modificación amplía de forma importante el ámbito, y es por tanto sustancial, cuando la alteración de la cuantía excede del 15 % del precio inicial, IVA excluido, en el contrato de obras, o del 10 % en los demás contratos. En un suministro manda el 10 %: 60.000 euros son el 12 % de 500.000, así que esta modificación no puede tramitarse como no sustancial. El 15 % es la cifra de las obras, y el importe del contrato menor no es una referencia de esta regla.

El art. 205.2.c.3.º.(i) da dos vías para que la ampliación del ámbito sea sustancial en todo caso: que la alteración de la cuantía exceda de un porcentaje del precio inicial, o bien que el valor de la modificación supere el umbral que corresponda al tipo de contrato de entre los de los arts. 20 a 23, que son los de los contratos sujetos a regulación armonizada. Ni el valor estimado anunciado, ni el importe del recurso especial ni el del contrato menor son la referencia.

Las prestaciones adicionales del art. 205.2.a admiten una alteración de la cuantía de hasta el 50 % del precio inicial, IVA excluido, contando juntas todas las modificaciones acordadas por el art. 205; el mismo tope rige para las circunstancias imprevisibles (art. 205.2.b). Las cifras menores son límites de otras vías de la modificación, no de esta.

El art. 206 distingue por la cuantía: hasta cierto límite, las modificaciones del art. 205 son obligatorias para el contratista; por encima, el órgano de contratación solo puede acordarlas previa conformidad del contratista por escrito. No basta con oírle si se opone, ni vale una conformidad de palabra o dada cuando la modificación ya está acordada: tiene que ser anterior y constar por escrito.

El art. 205.2.b exige tres condiciones a la vez: que la necesidad derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever, que la modificación no altere la naturaleza global del contrato y que no supere el tope de cuantía del propio apartado. La vara de medir es la Administración, no el contratista, y la ley no pide ni un aviso del contratista ni que la causa sea ajena a las partes.

El art. 207.2 exige oír al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas antes de una modificación del art. 205 si los preparó un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, y le da un plazo no inferior a tres días para formular sus consideraciones. Si los redactó el propio órgano, la ley no pide esa audiencia; y no depende de que la modificación suba el precio ni de que lo pida el contratista.

El art. 204.1 pone el tope de las modificaciones previstas en el pliego en el veinte por ciento del precio inicial, y exige además que la cláusula esté formulada de forma clara, precisa e inequívoca. Las demás cifras pertenecen a otros límites de la modificación, que no son el de esta vía.

El primer párrafo del art. 207.3 limita el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea a los contratos sujetos a regulación armonizada —salvo los servicios y las concesiones de servicios del anexo IV— que se modifican por las letras a y b del art. 205.2, que son las prestaciones adicionales y las circunstancias imprevisibles. No alcanza a las modificaciones no sustanciales, que son la letra c, ni a las previstas en el pliego, ni a los contratos no armonizados.