Los negocios y contratos excluidos

El art. 4 dice dos cosas de los negocios de esta sección: que quedan fuera de la ley y se rigen por sus normas especiales, y que los principios de la LCSP se aplican para resolver las dudas y lagunas que se presenten. No es, por tanto, una aplicación supletoria de toda la ley, pero tampoco una exclusión sin rastro: llegan sus principios, no sus reglas. Repartir la adjudicación por la LCSP y los efectos por otro régimen recuerda a los contratos privados de las Administraciones (art. 26), que sí son contratos sujetos a la ley.

El art. 10 excluye, en el ámbito financiero, los contratos de préstamo y las operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros. El seguro, la auditoría de cuentas y la consultoría contable no están entre los negocios excluidos: son contratos de servicios, sujetos a la ley.

El art. 11.4 excluye los contratos por los que una entidad del sector público se obliga a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio: aquí la universidad es quien presta y la empresa privada, quien recibe. Que el contrato sea oneroso no basta para sujetarlo, y la exclusión no depende de su importe. Si quien recibiera el servicio fuera una entidad del sector público sujeta a la ley, sería ella la que tendría que ajustarse a la LCSP para celebrar su contrato. Las universidades públicas son poder adjudicador, pero eso no basta: aquí la universidad no recibe la prestación, la presta.

El art. 7.3 excluye los contratos que deban adjudicarse por el procedimiento específico que fijan las normas de contratación de una organización internacional o de una institución financiera internacional, siempre y cuando esa institución los financie íntegra o mayoritariamente. Una aportación minoritaria no basta, y la exclusión no depende del lugar de ejecución ni de que el contrato esté o no sujeto a regulación armonizada.

El art. 11.6 excluye la prestación de servicios sociales por entidades privadas cuando se hace sin celebrar contratos públicos —por ejemplo, con la simple financiación o con licencias o autorizaciones—, siempre que se autorice a todas las entidades que cumplan las condiciones fijadas antes por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, con publicidad suficiente y con transparencia y no discriminación. Seleccionar a las mejores o dar exclusividad por zonas limitaría el acceso, y este apartado no reserva la prestación a entidades sin ánimo de lucro.

El art. 6.1.a presume la vocación de mercado cuando las entidades realizan en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 % de las actividades objeto de colaboración, calculado con el promedio del volumen de negocios u otro indicador apropiado de los tres ejercicios anteriores. No hay que confundirlo con el 80 % de los encargos a medios propios (art. 32), que mide otra cosa: la parte de la actividad del medio propio que se dedica a los cometidos que le confía el poder adjudicador.

El art. 11.1 excluye de la LCSP la relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral: ni el nombramiento del interino ni la contratación del peón son contratos del sector público. Que las dos relaciones sean retribuidas no cambia nada, porque la exclusión alcanza a ambas por lo que son.

El art. 6.3 deja fuera de la LCSP las encomiendas de gestión que regula la legislación de régimen jurídico del sector público (hoy, el art. 11 de la Ley 40/2015). No hay que confundirlas con los encargos a medios propios, que sí regula la LCSP (arts. 32 y 33), ni son contratos administrativos; y su exclusión no depende del importe.