El recurso especial en materia de contratación

El art. 44.2.d abre el recurso especial solo contra las modificaciones que se impugnan por saltarse lo que establecen los arts. 204 y 205: lo que se tramitó como modificación tendría que haberse adjudicado de nuevo. Las discrepancias del contratista sobre el equilibrio del contrato o un defecto en la tramitación de la modificación no entran por esa letra, y estar prevista en el pliego no es lo que la hace recurrible.

El órgano que resuelve decide, en los primeros días de la tramitación, si mantiene o no la suspensión automática, pero el art. 56.3 la da por vigente mientras no se dicte una resolución expresa que la levante. Su silencio no la levanta, y tampoco la remisión del expediente o el fin de las alegaciones. Al resolver el recurso, si sigue en pie, la resolución tiene que levantarla (art. 57.3).

El art. 44.1.a abre el recurso especial a los contratos de obras con un valor estimado superior a tres millones de euros. Los cien mil euros son la cifra que la misma letra fija para el suministro y los servicios, no para las obras. Los quinientos mil y los dos millones son cifras de la ley para otras cosas: desde quinientos mil se exige clasificación en obras (art. 77.1.a), y dos millones es el tope del abierto simplificado en obras (art. 159.1.a).

Que el contrato admita recurso especial no hace recurribles todos sus actos: solo los del art. 44.2. Los defectos de tramitación de los demás se ponen de manifiesto al órgano que instruye el expediente o al órgano de contratación para que los corrija, y además pueden alegarse al recurrir la adjudicación (art. 44.3). Por eso el defecto no se pierde por no impugnarlo en el momento.

Un acto de trámite solo se recurre en vía especial si decide directa o indirectamente sobre la adjudicación, impide continuar el procedimiento o causa indefensión o perjuicio irreparable (art. 44.2.b). La ley da por cumplidas esas condiciones, en todo caso, en la admisión o inadmisión de candidatos y licitadores y en la admisión o exclusión de ofertas, también la exclusión por anormalmente baja. Pedir aclaraciones o un informe técnico, o convocar la apertura de sobres, no están en esa presunción.

La multa del art. 58.2 castiga la temeridad o la mala fe al interponer el recurso o al pedir medidas cautelares, y su importe se ingresa en el tesoro público (el estatal, el autonómico o el local, según la STC 68/2021). Perder el recurso, en el fondo o por inadmisión, no basta por sí solo. Y el incumplimiento de lo resuelto por el órgano de contratación no es lo que este precepto sanciona.

Que el órgano de contratación no dé acceso al expediente no exime de interponer el recurso especial en plazo; lo que permite es alegar ese incumplimiento en el propio recurso (art. 52.3), y entonces el órgano que lo resuelve da acceso al expediente para completarlo. El plazo no se detiene por pedir el acceso (art. 52.2), y la ley no prevé ni ampliarlo ni un recurso aparte contra la falta de acceso.

La suspensión automática del art. 53 solo se produce cuando el acto recurrido es la adjudicación, y no en los contratos basados en un acuerdo marco ni en los específicos de un sistema dinámico de adquisición, donde cabe pedir medidas cautelares. Recurrir el anuncio o los pliegos no suspende nada por sí solo: la suspensión, si se quiere, se pide como medida cautelar.

Una cautelar pedida antes del recurso solo tiene sentido si el recurso llega: el art. 49.5 dice que decae cuando transcurre el plazo de interposición sin que el interesado lo haya interpuesto. No hace falta que la levante el órgano que la acordó ni el de contratación, y no dura hasta la formalización.

El art. 51.1 pide que el escrito diga el acto recurrido, el motivo que lo fundamenta, los medios de prueba de que se quiere valer el recurrente y, en su caso, las medidas cautelares que solicite; y que lo acompañen, entre otros documentos, la acreditación de la representación y una dirección de correo electrónico habilitada para las notificaciones. La prueba se propone ya en el escrito, no después, y la ley no exige la firma de abogado y procurador ni una oferta alternativa.

Contra la adjudicación, el plazo corre desde el día siguiente a su notificación a los candidatos o licitadores admitidos (art. 50.1.d). La publicación en el perfil no es el punto de partida contra la adjudicación; la propuesta de la mesa no es el acto recurrido, y esperar a la formalización llega tarde.

Cuando el recurso se funda en las causas de nulidad de las letras c a f del art. 39.2, el art. 50.2 desplaza el plazo general: treinta días desde la publicación de la formalización con sus razones o desde la notificación a los afectados, y si no ha habido ni una ni otra, seis meses desde la formalización. Los treinta días son la trampa: no corren si falta lo que los pone en marcha.

El art. 44.7 le da dos rasgos: es potestativo, porque nadie está obligado a interponerlo antes de acudir a los tribunales, y es gratuito para quien recurre, sin tasa alguna. Las otras tres opciones cambian uno de los dos rasgos o los dos.

Contra la resolución solo cabe el recurso contencioso-administrativo, pero eso no la deja en suspenso: el art. 59.2 la declara directamente ejecutiva. Tampoco espera a la intervención, porque los actos de los órganos que resuelven el recurso no están sujetos a fiscalización por el control interno (art. 59.3), ni a que la acepte el órgano de contratación, que, si se estima el recurso, tiene que dar cuenta de lo que hace para cumplirla (art. 57.4).

El art. 57.5 fija dos meses desde el día siguiente a la interposición: pasados sin notificación, el interesado puede tener el recurso por desestimado para acudir al recurso contencioso-administrativo. El mes y los tres meses vienen de la Ley 39/2015, que los da para resolver el recurso de reposición y el de alzada, y los seis meses no aparecen en el art. 57.

La suspensión del procedimiento es una de las medidas cautelares que el art. 49.1 permite pedir antes de interponer el recurso especial, y se pide al órgano competente para resolver el recurso, no al órgano de contratación ni a la mesa, que son los autores de lo que se quiere frenar. Y el juzgado no es quien decide las cautelares del recurso especial.

Interponer el recurso con el plazo ya terminado es una de las cuatro causas de inadmisión del art. 55, junto con la incompetencia del órgano, la falta de legitimación o de representación y recurrir un acto que no admite el recurso especial. Si concurre, el órgano dicta resolución de inadmisión, sin entrar en el fondo. La ley no da días de cortesía ni lo reconvierte en otro recurso.

El art. 48 legitima a cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, directa o indirectamente, por la decisión recurrida. No exige haber licitado ni haber sido admitido, pero tampoco reconoce una acción pública: hace falta un interés afectado. Además, legitima a las organizaciones sindicales y a la organización empresarial sectorial representativa en los casos que el mismo artículo dice.

En el sector público estatal los recursos especiales los resuelve el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un órgano especializado con plena independencia funcional (art. 45.1). Los otros tres son órganos estatales que también tocan la contratación, pero no resuelven recursos: la Junta Consultiva es el órgano consultivo (art. 328), la Oficina Independiente supervisa la contratación (art. 332) y la Intervención General ejerce el control interno.

El art. 56.2 da a la entidad, órgano o servicio que tramitó el expediente dos días hábiles para remitirlo con su informe, y el mismo plazo tiene el órgano de contratación cuando el recurso se presentó ante él. Cinco, tres o diez días hábiles son plazos de otros trámites del recurso.