Los registros oficiales y la Plataforma de Contratación del Sector Público

El artículo 338.1 manda hacer constar de oficio las clasificaciones que otorga la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y también las de los órganos autonómicos competentes si no contradicen las de la Junta. Las facultades de los representantes y la solvencia económica y financiera, en cambio, figuran en el registro cuando lo solicita el interesado (artículo 339.1, letras b y d), y la ley no manda inscribir de oficio la lista de contratos ejecutados.

El artículo 346.8 manda al Gobierno elevar anualmente ese informe a las Cortes Generales; después, el ministerio lo pone en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ni el Tribunal de Cuentas, que recibe de los órganos de contratación la información de los contratos por otra vía (artículo 335), ni la Comisión Europea ni el Consejo de Estado son sus destinatarios.

El artículo 343.1 obliga al empresario inscrito a comunicar cualquier variación de sus datos, y si lo omite mediando dolo, culpa o negligencia, puede suspenderse su inscripción y sus efectos para la contratación pública. Basta la negligencia: no hace falta dolo, y la ley no fija un plazo de omisión ni exige que la empresa haya sacado ventaja en una licitación. Aparte, y fuera del registro, incumplir esa obligación por causa imputable a la empresa es una de las prohibiciones de contratar del artículo 71.1.e.

El tercer párrafo del artículo 341.1 manda publicar igualmente en los registros autonómicos de licitadores las prohibiciones de contratar que deban inscribirse en el registro estatal, y para ello remite al artículo 345: los registros se facilitan mutuamente la información sobre las prohibiciones inscritas en ellos. Son las restantes porque el primer párrafo del 341.1 reserva al registro autonómico las que declaran los órganos de la comunidad, de sus entidades locales o de sus entes dependientes. La ley no lo hace depender del domicilio de la empresa ni de un convenio, y el registro estatal no es el único que la recoge.

El artículo 337.2 hace depender el registro del ministerio competente en materia de Hacienda —la ley lo llama aún «de Hacienda y Función Pública», el nombre de 2017— y encarga su llevanza a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación supervisa, la Intervención General controla el gasto y el Tribunal Administrativo Central resuelve recursos: la ley no da a ninguno el registro.

El artículo 347.3 deja a las comunidades autónomas crear servicios de información propios en los que alojar sus perfiles, pero su tercer párrafo añade que, elijan lo que elijan, deben publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público la convocatoria de todas sus licitaciones y sus resultados, directamente o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información. No basta con los contratos armonizados ni con las formalizaciones, y no se les exige duplicar los perfiles enteros.

El artículo 344 declara público el registro, con acceso abierto previa identificación de quien accede, y deja a una orden del ministerio competente en materia de Hacienda (la ley dice aún «de Hacienda y Función Pública»; hoy, el Ministerio de Hacienda) excluir la publicidad de las empresas clasificadas en un caso concreto: cuando en determinados grupos, subgrupos y categorías hay tan pocas que existe riesgo de colusión entre ellas. La ley no prevé esa exclusión a petición de la empresa, ni por una revisión pendiente, ni por el carácter secreto de los contratos.