Los contratos reservados, el cómputo de los plazos y los medios electrónicos

La disposición adicional duodécima lo resuelve con un «no obstante»: si el último día del plazo es inhábil, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente. El domingo, por tanto, no cierra el plazo, y lo que haya que hacer puede hacerse el primer día hábil que venga después. La ley no adelanta el vencimiento ni añade días por otros inhábiles: la regla se ocupa solo del último día. En este punto coincide con el artículo 30.5 de la Ley 39/2015.

La disposición adicional decimoquinta quiere electrónica la presentación de ofertas, pero enumera casos en que el órgano de contratación no está obligado a exigirlo, y uno es que los pliegos requieran modelos físicos o a escala que no pueden transmitirse por medios electrónicos. El distractor tentador viene de la Ley 39/2015, cuyo artículo 14.1 deja a las personas físicas elegir cómo relacionarse con la Administración; la LCSP no recoge esa opción para presentar ofertas. Tampoco son excepciones la tramitación urgente ni que a un licitador concreto le falte la firma electrónica.

La disposición adicional decimoquinta cuenta los plazos desde la fecha de envío de la notificación, o del aviso si se notifica por comparecencia electrónica, siempre que el acto se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante. Aquí se publicó dos días después, así que rige el «en caso contrario»: los plazos corren desde que el interesado recibe la notificación. La fecha de publicación en el perfil no es por sí sola un punto de partida, y los diez días son los del rechazo de la notificación electrónica a la que no se accede, que el artículo 43.2 de la Ley 39/2015 cuenta como diez días naturales desde la puesta a disposición; no viene al caso porque el licitador accedió.

La disposición adicional cuarta exige que ese porcentaje sea el que prevé la normativa de referencia de cada uno —la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social o la Ley 44/2007, de empresas de inserción— y, en todo caso, al menos del treinta por ciento. Las dos condiciones se suman: cumplir su normativa y no bajar nunca del treinta por ciento. El error frecuente es confundir este porcentaje de plantilla con el porcentaje de contratos que se reserva, que es otra cifra y se fija aparte.

Lo añadió la Ley 1/2026 a la disposición adicional cuarta: el pliego debe prever que, si no se presenta ninguna oferta admisible, el órgano de contratación, tras declarar el contrato desierto, publique un nuevo anuncio y abra un plazo de presentación de igual duración que el inicial, en el que ya no se exige ser centro especial de empleo de iniciativa social o empresa de inserción. La ley no acorta el plazo ni repite la reserva en la segunda convocatoria.

El párrafo tercero del apartado 1 de la disposición adicional cuarta fija, para los órganos de contratación del sector público estatal, un porcentaje mínimo de reserva del quince por ciento, calculado sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios de los códigos CPV del anexo VI celebrados en el ejercicio anterior. La cifra la puso la Ley 1/2026, vigente desde el 10 de abril de 2026: la redacción anterior, que aún traen muchos manuales, fijaba el 7 %, que subía al 10 % a los cuatro años de la entrada en vigor de la ley, y ya no vale.

Entre las normas sobre el uso de medios electrónicos, la disposición adicional decimosexta permite exigir, como requisito para tramitar electrónicamente, la previa inscripción de los datos necesarios en el Registro de Licitadores que corresponda. No pueden obligar a comprar una licencia: los programas para presentar ofertas han de ser de amplio uso, fácil acceso y no discriminatorios, o ponerlos a disposición el órgano de contratación. La única copia que contempla la ley es una copia de seguridad en soporte físico electrónico, que el licitador puede presentar, y la ley no exige un domicilio en España para tramitar por medios electrónicos; a los empresarios de otros Estados de la Unión les permite acreditar su capacidad por las listas oficiales de su Estado.

La disposición adicional cuarta excluye en los procedimientos con reserva la garantía definitiva del artículo 107, con una salvedad: que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, la considere necesaria y lo justifique motivadamente en el expediente. Por eso no es una exclusión sin vuelta atrás, que es el gemelo tentador: si hay motivos excepcionales y se justifican, puede exigirse. La ley tampoco prevé reducirla a la mitad ni la hace depender de que el contrato esté sujeto a regulación armonizada.

La disposición adicional cuarta distingue dos reservas. A los centros especiales de empleo de iniciativa social y a las empresas de inserción se les reserva el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes; en el marco de los programas de empleo protegido, lo que se reserva es un porcentaje mínimo de la ejecución de los contratos. El distractor tentador es, por tanto, la reserva de los otros dos beneficiarios. Ni la adjudicación directa ni el desempate forman parte de esta disposición: el desempate entre ofertas tiene sus propios criterios en el artículo 147.