La suspensión y la extinción de los contratos

El art. 208.2.b) solo indemniza los períodos de suspensión documentados en el acta, y por eso deja al contratista pedir que se extienda. Si la Administración no responde, se entiende, salvo prueba en contrario, que la suspensión empezó en la fecha que el contratista señaló en su solicitud, no en la fecha en que la presentó. La ley no espera a que se extienda el acta ni fija un plazo de respuesta desde cuyo vencimiento contar.

El plazo de garantía se cuenta desde la recepción o conformidad, y el art. 210.3 dispone que, transcurrido sin objeciones de la Administración, queda extinguida la responsabilidad del contratista, salvo que la propia ley u otras normas fijen otro plazo; para el suministro lo repite el art. 305.4. La liquidación tampoco espera a que acabe la garantía (art. 210.4), el precio se abona a partir de la conformidad (art. 198.4), y la recepción, que ya se hizo, no tiene en la ley una segunda fase «definitiva».

El art. 213.3 combina las dos cosas sin duplicarlas: al contratista culpable se le incauta la garantía, y además indemniza los daños y perjuicios en lo que excedan del importe incautado. La garantía no agota su responsabilidad; no se le devuelve, porque la devolución anticipada se reserva a la resolución sin culpa del contratista (art. 111.1); y la Administración no cobra dos veces la parte del daño que ya cubre la garantía.

El art. 210.2 exige siempre a la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto, o en el plazo que fije el pliego por razón de sus características. Aquí el pliego calla, así que rige el mes. Los tres meses son el plazo para aprobar la certificación final de las obras, que se cuenta desde la recepción (art. 243.1). Se sitúa en un ministerio porque ese mes es un máximo para las comunidades autónomas y los entes locales, que pueden fijar uno menor (disposición final primera, apartado 3).

La muerte o la incapacidad sobrevenida del contratista individual es causa de resolución (art. 211.1.a), pero el art. 212.3 deja a la Administración acordar que el contrato continúe con sus herederos o sucesores. Es una facultad suya: el contrato no pasa a ellos por sí solo, tampoco queda resuelto sin remedio, y la ley no lo suspende a la espera de la herencia.

El art. 212.1 atribuye la resolución al órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, pero para el impago de salarios de la letra i) hace una salvedad: con carácter general, solo se acuerda a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista. No la insta la Inspección de Trabajo, ni cada trabajador por su cuenta, ni los sindicatos del sector; y la ley solo deja al órgano acordarla de oficio en un supuesto tasado.

Salvo en obras, el art. 210.4 da treinta días desde la fecha del acta de recepción o conformidad para acordar y notificar al contratista la liquidación y abonarle el saldo. Pero si la factura llega después de la recepción, como aquí, esos treinta días se cuentan desde su correcta presentación en el registro. La ley no espera a que la Administración apruebe la factura ni a que venza el plazo de garantía. Se sitúa en un ministerio porque la DF 1.ª.3 declara máximos «los plazos de un mes» de los apartados 2 y 4 del art. 210, que en el 210.4 están escritos como treinta días.

Salvo que el pliego diga otra cosa, el art. 208.2.a) cierra la lista de lo que se abona por una suspensión: los gastos de mantener la garantía definitiva, las indemnizaciones por extinguir o suspender los contratos de trabajo, los salarios del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante la suspensión, los alquileres o el mantenimiento de la maquinaria que no pudo emplearse para otros fines y las pólizas de seguro previstas en el pliego. El abono «solo comprenderá» esos conceptos: ni el beneficio que se deja de ganar, ni los gastos generales de la empresa, ni los intereses del capital invertido están en la lista. El antiguo 5.º, un 3 % del precio de las prestaciones que debían ejecutarse durante la suspensión, lo suprimió el Real Decreto-ley 36/2020.

Cuando la resolución se debe a la letra g) del art. 211.1, el art. 213.4 da al contratista una indemnización del 3 % del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa le sea imputable o que rechace la modificación que la Administración le proponga al amparo del art. 205. La base es lo que queda por ejecutar, no el precio entero. El 6 % es el de otro supuesto: el desistimiento de una obra ya empezada (art. 246.4).

El art. 213.2 liga el incumplimiento de la Administración, con carácter general, al pago de los daños y perjuicios que por esa causa sufra el contratista. No lleva por sí solo a la resolución: el art. 212.7 dice que solo la origina en los casos previstos en la ley, como la demora en el pago de más de seis meses (art. 198.6). Tampoco revisa el precio ni reduce la garantía.

El art. 212.2 hace automáticas dos causas: la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato que no se ajustan a los arts. 204 y 205. Las demás son causas de resolución, pero no obligan a resolver: ante la demora del contratista, la Administración puede optar entre resolver o imponer penalidades (art. 193.3); ante la demora en el pago de más de seis meses, es el contratista quien tiene derecho a resolver (art. 198.6); y en los restantes casos la resolución puede instarla la parte a la que no le sea imputable la circunstancia (art. 212.2, párrafo tercero). No es el concurso: en él la Administración puede continuar el contrato si el contratista presta garantías adicionales suficientes (art. 212.5); por eso la insolvencia del 212.2 se entiende declarada en un procedimiento distinto (art. 211.1.b). Ese apartado no es básico; por eso el caso es de un ministerio.

El art. 211.1.d) añade a la demora en los plazos una regla fija: es causa de resolución en todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos, en cualquier actividad, superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. Aquí son tres años más uno de prórroga, 48 meses, y su tercio es 16 meses. Los doce meses son la trampa: el tercio de los tres años sin contar la prórroga.

El art. 208.2.c) fija un año y lo cuenta desde que el contratista recibe la orden de reanudar la ejecución del contrato, no desde que se acordó la suspensión: esa es la trampa de las dos opciones que cuentan desde el principio. Dos años no es un plazo de este artículo.

El art. 213.6 permite, al incoar la resolución por las causas de las letras b), d), f) y g) del art. 211.1, iniciar a la vez el procedimiento para adjudicar el nuevo contrato, y los dos se tramitan por urgencia. Pero la adjudicación del nuevo queda condicionada a que termine el expediente de resolución. No hay que esperar a que acabe ese expediente para empezar, ni a liquidar el contrato que se resuelve; tampoco puede adjudicarse antes de que termine.

Como regla, el art. 210.3 manda fijar en los contratos un plazo de garantía, que se cuenta desde la recepción o conformidad. Solo se exceptúan los contratos que por su naturaleza o características no lo necesiten, y la excepción pide dos cosas: justificarlo debidamente en el expediente de contratación y consignarlo expresamente en el pliego. No basta con recogerlo al formalizar el contrato, y la ley no pide para ello un informe de la Intervención.