El procedimiento abreviado: disposiciones generales

La regla 7.ª del art. 762 manda reseñar el documento nacional de identidad de quien declara, salvo que sea agente de la autoridad: entonces basta la reseña del número de carné profesional. El DNI es la regla general, no la de los agentes.

La regla 1.ª del art. 762 deja a un lado, en el abreviado, la comunicación por el grado del art. 184: quien ordena la diligencia se entiende directamente con el juez, tribunal, autoridad o funcionario que ha de hacerla, sea cual sea su posición. Ganar tiempo es la idea de todas las reglas del artículo: la 2.ª manda cursar los despachos por el medio más rápido.

La regla 1.ª del art. 759 da prisa a la cuestión de competencia: el superior oye al fiscal y a las partes personadas en una comparecencia dentro de las veinticuatro horas siguientes y decide en el acto, sin ulterior recurso. Mientras tanto, si la cuestión surge en la instrucción, cada juzgado sigue practicando las diligencias para comprobar el delito y proteger a los ofendidos. Cuarenta y ocho horas es la prórroga de la detención que el juez puede autorizar en el art. 520 bis; aquí la ley quiere zanjar la competencia en el acto.

El art. 761.2 encarga al letrado de la Administración de Justicia —el secretario judicial de la letra, DA 1.ª de la LO 7/2015— dos cosas: instruir al ofendido de sus derechos de los arts. 109 y 110 y avisarle de que puede pedir las ayudas que le reconozca la legislación vigente y de cómo hacerlo. Ni la identidad del investigado, ni la duración de la instrucción, ni la recusación del juez están en esa información.

El art. 766.2 deja apelar el auto del instructor subsidiariamente con la reforma o por separado, y añade que en ningún caso es necesario interponer antes la reforma. Contra esos autos caben los dos recursos (art. 766.1). Hoy, el juez instructor es el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 764.1 exige auto, que es la resolución motivada que pide una medida que limita el patrimonio. Su contenido, presupuestos y caución sustitutoria se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 764.2). Ni la providencia ni las resoluciones del letrado sirven para acordarlas.

La regla 8.ª del art. 762 remite a las normas generales sobre intérpretes de los arts. 398, 440 y 441, con una sola dispensa: no hace falta que el intérprete designado tenga título oficial, que el art. 441 pone como primera opción. Lo demás del art. 440 sigue en pie: el intérprete jura conducirse bien y fielmente en su cargo, por su medio se hacen las preguntas al testigo y se reciben sus contestaciones, y la declaración se consigna en el idioma del testigo y traducida a continuación al español.

La regla 5.ª del art. 762 pide acompañar a todo escrito tantas copias como partes y fiscal haya, pero su falta tiene una sola consecuencia: si no se presentan en el plazo de una audiencia, las libra el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario» de la letra) a costa de quien las omitió. El escrito no se pierde ni se multa a nadie.

El art. 760 aprovecha lo hecho: la causa continúa conforme a las disposiciones generales de la ley sin retroceder, salvo que haga falta practicar diligencias o actuaciones con arreglo a ellas. No se archiva ni se empieza de cero, y tampoco puede seguir por el abreviado un hecho que no cabe en él. Si el hecho fuera del Jurado, el mismo artículo remite al art. 309 bis.

El art. 767 adelanta la defensa al primer momento: es necesaria desde la detención o desde que de las actuaciones resulta la imputación de un delito contra persona determinada. Si el interesado no ha nombrado abogado, la Policía Judicial, el fiscal o el juez piden de inmediato al Colegio de Abogados uno de oficio.

El art. 765.2 deja ausentarse de España, previa audiencia del fiscal, al investigado no preso que reside en el extranjero, con tres condiciones: dejar garantizadas las responsabilidades pecuniarias, designar a una persona con domicilio fijo en España que reciba las notificaciones, citaciones y emplazamientos, y prestar caución no personal. Si después no comparece, pierde la caución y se le declara en rebeldía, salvo que pueda juzgársele en ausencia.

El art. 766.1 fija la regla: salvo que la ley disponga otra cosa, los recursos de reforma y de apelación no suspenden el curso del procedimiento. La causa sigue avanzando mientras se resuelven, y ni la apelación ni la petición del recurrente, aunque ofrezca caución, cambian eso.

El art. 764.4 permite intervenir el permiso de conducción y requerir al investigado o encausado para que se abstenga de conducir vehículos de motor mientras dure la medida, advirtiéndole del delito de desobediencia del art. 556 del Código Penal. Es una medida cautelar, no una pena: no espera a la sentencia ni exige prisión, y no anula el permiso.

El art. 757 lleva al procedimiento abreviado los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años; por encima, se sigue el sumario ordinario. Cinco años tienta porque es el techo de la prisión en los juicios rápidos (art. 795); seis, el de la pena conformada ante el Jurado (art. 50 de la LOTJ), y dos, el umbral de la prisión provisional (art. 503).

El art. 766.3 encadena plazos cortos: cinco días para apelar, cinco de traslado común a las demás partes, dos días desde que este acaba para remitir el testimonio de los particulares a la Audiencia y cinco para que esta resuelva. Si la Audiencia reclama las actuaciones para consultarlas, ha de devolverlas en tres días como máximo.

El art. 765.1 quiere que la víctima y quienes están a su cargo cobren sin esperar: la pensión se paga por anticipado y la interposición de recursos no suspende la obligación de pagarla. El Consorcio solo paga cuando la responsabilidad civil es suya, no como anticipo mientras se recurre.

El art. 761.1 manda a los particulares, sean o no ofendidos, ejercer la acción penal en la forma y con los requisitos del título II del libro II, que es el de la querella; pero el apartado 2 abre un atajo solo al ofendido o perjudicado: instruido de sus derechos, puede mostrarse parte sin necesidad de formular querella. El ciudadano que ejerce la acción popular no tiene ese atajo. Esa instrucción de derechos la hace el letrado de la Administración de Justicia (en el texto, «Secretario judicial»; DA 1.ª de la LO 7/2015).

El art. 760 lo dice para los dos sentidos del cambio: el cambio de procedimiento no implica el de instructor. La causa no se reparte de nuevo ni pasa al juez de guardia; el que la instruía sigue con ella, ahora por las otras normas. Hoy, el juez instructor es el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

La regla 2.ª del art. 759 prohíbe a los juzgados de instrucción y de lo penal promover cuestiones de competencia frente a su Audiencia: solo pueden exponerle, oído el fiscal por plazo de un día, por qué creen que el asunto es suyo, y la Audiencia resuelve. Por eso no cabe ni la inhibitoria ni el requerimiento de inhibición. Elevar la cuestión al superior jerárquico es la regla 1.ª, para los juzgados que se disputan una causa entre ellos; frente a su propia Audiencia, el juzgado solo expone. Hoy, los juzgados de instrucción y de lo penal son las Secciones de Instrucción y de lo Penal del Tribunal de Instancia (DA 1.ª de la LO 1/2025).

El art. 758 dice que el abreviado no es un proceso aparte: se rige por las normas comunes de la LECrim y solo se aparta de ellas en lo que su título modifica. Por eso, lo que no regula se busca en las reglas generales de la ley, no en las de otro procedimiento especial, y el juez no puede inventarse el trámite en el auto de incoación.