Las acciones que nacen del delito

El art. 106 es tajante: la acción penal por delito que da lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. Lo que esa renuncia sí extingue son las acciones de los delitos que solo se persiguen a instancia de parte y las civiles. Y no hay salvedad para cuando el ofendido es el único perjudicado: la regla vale para todo delito perseguible de oficio. Donde el artículo dice «delito o falta», las faltas ya no existen desde la LO 1/2015: hoy se lee delito, leves incluidos.

El art. 102 aparta de la acción penal a tres: quien no goza de la plenitud de los derechos civiles, quien ha sido condenado dos veces por sentencia firme por denuncia o querella calumniosas, y el juez o magistrado. Una sola condena no basta: hacen falta dos. Ni el procurador ni el policía están en la lista.

El art. 105.1 obliga al fiscal a ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes, «haya o no acusador particular», y solo exceptúa las que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada, como la calumnia o la injuria contra particulares. La renuncia a la acción civil tampoco le aparta: según el art. 108, entonces se limita a pedir el castigo.

El art. 109 bis.3 deja ejercitar la acción penal a las asociaciones de víctimas y a las personas jurídicas que la ley legitima para defender sus derechos, siempre que lo autorice la víctima del delito. La decisión es de ella, no del juez, y no hace falta que haya muerto: para ese caso la ley llama a sus familiares.

La regla del art. 116 es la independencia: extinguida la acción penal, la civil sigue y se ejercita en la vía civil contra quien deba restituir, reparar o indemnizar. Solo cae con ella si una sentencia firme declara que no existió el hecho del que podía nacer. Absolver por falta de prueba de la participación, o porque el hecho no es delito, no niega que el hecho existiera; y la prescripción del delito deja viva la civil.

La víctima puede ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación. Si llega tarde, cuando ya ha pasado el término del escrito de acusación, el art. 109 bis todavía le deja ejercerla, pero solo adhiriéndose a la acusación del fiscal o de las demás partes y solo hasta el inicio del juicio oral. El límite no es el auto que lo abre, que llega antes, ni ningún trámite de las sesiones: empezado el juicio, ya no cabe.

El juez o magistrado no puede ejercitar la acción penal, pero el art. 102 le deja dos salidas: los delitos contra su persona, sus bienes o los de su familia, y, como al condenado dos veces por denuncia calumniosa, los delitos contra las personas o los bienes de quienes están bajo su guarda legal. Por eso no hace falta que sea pariente, ni la ley pide que el fiscal no actúe ni ninguna autorización. Donde el artículo dice «delito o falta», las faltas ya no existen desde la LO 1/2015: hoy se lee delito, leves incluidos.

En los delitos perseguibles a instancia de la persona agraviada, el art. 105.2 permite denunciar también al Ministerio Fiscal si la agraviada es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida. La acción popular no abre esos delitos, que siguen necesitando denuncia: la del fiscal la suple, no la elimina. Lo que la falta de denuncia no impide son las diligencias a prevención.

El art. 117 cierra el título con la otra cara de la independencia: la extinción de la acción civil no arrastra la penal, y la sentencia firme absolutoria del pleito civil no es obstáculo para ejercitarla. Lo juzgado en lo civil no impide perseguir el delito, no exige hechos nuevos ni reduce quién puede hacerlo.

El art. 107 dice que la renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudica más que al renunciante: los demás a quienes también corresponda pueden seguir ejerciéndola o ejercitarla de nuevo. No importa que el otro perjudicado no se haya personado todavía: su derecho no depende de la decisión ajena.

La muerte del culpable extingue la acción penal, pero el art. 115 mantiene la civil contra sus herederos y causahabientes, con una condición de vía: solo puede ejercitarse ante la jurisdicción civil. La causa penal no sigue por la civil sola, y la ley no exige que la acción se hubiera ejercitado antes.

El art. 108 obliga al fiscal a entablar la acción civil junto con la penal, haya o no acusador particular. Pero si el ofendido renuncia expresamente a la restitución, la reparación o la indemnización, el fiscal ya no la pide: se limita a pedir el castigo. La acción penal no la toca esa renuncia, y nada le lleva a la vía civil.

Que la acción penal sea pública quiere decir que no es solo de la víctima: el art. 101 la abre a todos los ciudadanos españoles, que la ejercitan con arreglo a las prescripciones de la ley. Es la acción popular, que la Constitución recoge en su art. 125. Limitarla al fiscal y al ofendido, o a quien sufre el delito, es justo lo que el carácter público excluye.