La casación: procedencia y preparación

Aunque una sentencia recurrible en casación no se ejecuta mientras corre el término para preparar el recurso, el art. 861 bis a) hace una excepción expresa: si la sentencia recurrida es absolutoria y el reo está preso, se le pone en libertad. No hay que esperar al Tribunal Supremo ni prestar fianza, y el tribunal no pondera el riesgo de fuga: la absolución basta.

La casación penal empieza abajo: quien se propone interponerla pide el testimonio de la resolución ante el tribunal que la dictó y manifiesta la clase o clases de recurso que va a utilizar (art. 855). La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Sala Segunda, es la que decidirá el recurso, y ante ella se comparece después, una vez emplazado; el instructor no interviene en la preparación.

El art. 848 admite la casación, solo por infracción de ley, contra los autos definitivos de las Audiencias Provinciales y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que pongan fin al proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre, siempre que la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada. Ni quién pidió el sobreseimiento, ni la pena del delito, ni que el encausado haya estado preso son requisitos del artículo: lo que cuenta es que la causa se dirigiera contra él por una resolución judicial con imputación fundada.

El art. 858 manda al tribunal tener por preparado el recurso, sin oír a las partes, si la resolución es recurrible y se han cumplido los requisitos, y, en caso contrario, denegarlo «por auto motivado». No basta una providencia: tiene que ser un auto, y motivado. Tampoco es decisión del letrado de la Administración de Justicia, ni por decreto ni por diligencia de ordenación: decidir si se admite un recurso es del tribunal. De ese auto se da copia certificada a la parte al notificárselo.

La parte que no preparó el recurso puede adherirse a él, en el término del emplazamiento o al instruirse del formulado por la otra, «alegando los motivos que le convengan» (art. 861, último párrafo). No necesita un recurso propio fuera de término, sus motivos no tienen que coincidir con los de quien preparó el recurso y no depende del fiscal: la adhesión es suya.

Las dos vías, infracción de ley y quebrantamiento de forma, quedan para las sentencias de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, en única instancia o en apelación, y para las de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (art. 847.1.a). Las sentencias de apelación de las Audiencias Provinciales y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también llegan a casación, pero solo por infracción de ley del motivo del art. 849.1.º (art. 847.1.b). Las de primera instancia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia no van a casación: se apelan.

Cuando el recurso se va a fundar en el art. 849.2.º, la LECrim pide en la preparación una designación escueta: los particulares del documento que muestren el error, «sin razonamiento alguno» (art. 855, tercer párrafo). Los razonamientos son de la interposición, no de la preparación. No se acompañan todos los documentos de la causa, y la casación no abre una prueba nueva ante el Tribunal Supremo.

El motivo del art. 849.2.º es el error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador y que no resulten contradichos por otros elementos probatorios. Lo que declaran los testigos o el acusado no es un documento, y un documento que se aporta por primera vez ante el Tribunal Supremo no obra en autos: lo nuevo que aparece después de la sentencia firme es materia de la revisión, no de la casación.

El art. 859 gradúa el emplazamiento por la distancia: quince días si el tribunal tiene sede en la Península, veinte si la tiene en las Illes Balears y treinta si la tiene en Canarias, Ceuta o Melilla. Quince es la cifra de la regla general, que tienta por ser la primera; treinta es la de los territorios más lejanos. Diez no es ninguno de los términos del artículo. Lo expide y emplaza el letrado de la Administración de Justicia, al que el texto todavía llama secretario judicial (disposición adicional primera de la LO 7/2015).

El art. 852 abre la casación por infracción de precepto constitucional «en todo caso», y contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que admite todos los motivos (art. 847.1.a), no hay nada que lo limite: ni la denuncia previa en la instancia, ni la compañía de un motivo del art. 849, ni que la sentencia revoque la de primera instancia. Distinto es el caso de las sentencias de apelación de las Audiencias Provinciales y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: contra ellas solo cabe el motivo del art. 849.1.º (art. 847.1.b), y el tribunal deniega la preparación si se alega otro (art. 858, segundo párrafo).