La inspección ocular, el cuerpo del delito y los efectos judiciales

El art. 363 permite al juez instructor (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025), con razones acreditadas y en resolución motivada, obtener las muestras indispensables para el perfil de ADN, y le autoriza los actos corporales «que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad». No hay que confundirlo con la lista del art. 588 bis a para las medidas de investigación tecnológica (especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad), que no rige aquí. La urgencia y la provisionalidad no están en ninguna de las dos.

El art. 341 fija la exposición «por tiempo a lo menos de veinticuatro horas», con un cartel en la puerta del depósito que dice el sitio, la hora y el día del hallazgo y el juez que instruye, para que quien sepa algo lo comunique al juez. La cifra es un mínimo, no un máximo, y es la única que da el artículo.

Por regla, el art. 350 encarga al médico forense la asistencia del lesionado; si el paciente o su familia prefieren a profesores de su elección, el forense deja de asistirle, pero «conservará aquél la inspección y vigilancia que le incumbe» para cumplir el servicio médico forense. No dirige el tratamiento: si discrepa del plan curativo, lo que puede hacer es dar parte al juez (art. 351). La ley no le reserva la firma de un parte final ni una asistencia de urgencia.

La entrega a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones es una de las tres formas de realizar los efectos, junto a la persona o entidad especializada y la subasta pública, y el art. 367 quinquies la reserva para el efecto de ínfimo valor o para cuando realizarlo por las otras dos vías se prevea antieconómico. No depende de que la pida la entidad, de que el dueño sea desconocido ni de que fracasen antes las subastas.

En el sumario, el art. 343 no deja que una causa aparente sustituya a la autopsia: se practica «aun cuando por la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte», por los médicos forenses o por los que el juez designe, que informan sobre el origen del fallecimiento. No depende de los familiares ni de que la pida una acusación. Distinto es el procedimiento abreviado, donde el art. 778 permite al juez prescindir de ella en ciertos casos: este enunciado fija el sumario.

El art. 367 septies limita el encargo a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal, y el juez puede hacerlo de oficio o a instancia del fiscal o de la propia Oficina. No alcanza a cualquier delito patrimonial ni se mide por el valor, y el abandono del propietario es un supuesto de realización anticipada (art. 367 quater), no de este encargo.

Si concurre uno de los supuestos del apartado 1, el juez acuerda la realización —de oficio o a instancia del fiscal, de las partes o de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos— salvo en dos casos: que esté pendiente el recurso del interesado contra el embargo o el decomiso de los bienes, o que la medida resulte desproporcionada. El abandono expreso del propietario es justamente uno de los supuestos que la permiten, y la petición de la Oficina es una de las vías para pedirla.

El art. 333 da al procesado el derecho a presenciar la diligencia, solo o con su defensor, y a hacer observaciones; por eso se le comunica el acuerdo con la anticipación que permita su índole (el «Secretario judicial» del texto es hoy el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)). Pero el derecho no paraliza la investigación: la diligencia «no se suspenderá por la falta de comparecencia del procesado o de su defensor». No hay un nuevo señalamiento ni una ratificación posterior.

El art. 353 resuelve la ausencia del juez (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025) con una delegación: «delegará en un funcionario de Policía judicial», y el letrado da fe de su asistencia y de lo que ocurra (el «Secretario de la causa» del texto es hoy el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)). La autopsia no se aplaza por eso, el fiscal no sustituye al juez y el forense practica la operación, pero no es quien da fe de ella.

El art. 329 permite retener en el lugar a quienes estaban en él y hacer comparecer de inmediato a quienes se encuentran cerca, y les toma declaración «a todas separadamente»: así ninguna oye lo que dicen las demás y su versión no se contamina. Una declaración conjunta perdería justo eso; tampoco se hace por escrito ni depende de que la propongan las partes.

El art. 366 da a estas diligencias preferencia sobre las demás del sumario, porque los vestigios se pierden, y solo admite dos motivos para suspenderlas: asegurar la persona del presunto culpable o dar el auxilio necesario a los agraviados por el delito. Ni la falta de defensor ni la ausencia del fiscal las detienen (el art. 333 ya dice que no se suspenden porque falte el procesado o su defensor), y los testigos no van antes.

El art. 367 quater permite realizar antes de la sentencia los efectos de lícito comercio que sean perecederos, abandonados, caros de conservar o peligrosos, entre otros, «siempre que no se trate de piezas de convicción o que deban quedar a expensas del procedimiento»: lo que sirve de prueba no se vende. El valor del bien, que se hubiera embargado a un tercero o que sea un vehículo no lo excluyen.

El art. 367 cierra la puerta mientras dura el sumario: el juez no admite reclamaciones ni tercerías para recuperar los efectos que constituyen el cuerpo del delito, «cualquiera que sea su clase y la persona que los reclame». No hay pieza separada ni remisión al juez civil, y la opinión del fiscal no cambia nada. Otra cosa es que el juez restituya de oficio a la víctima lo suyo (art. 334); lo que no cabe es la reclamación de un tercero.

El art. 334 manda restituir de inmediato a la víctima lo que es suyo y, aunque deba conservarse como prueba, también se le devuelve en el acto si su conservación puede garantizarse imponiéndole el deber de mantenerlo a disposición del juez o tribunal. Esperar a la sentencia firme es justo lo que la ley quiere evitar; y ni la conformidad del investigado ni una tasación previa son requisitos.

El art. 332 manda extender por escrito todas las diligencias del capítulo «en el acto mismo de la inspección ocular», y las firman el juez instructor, el fiscal si asistió, el letrado y las personas presentes (el «Secretario» del texto es hoy el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)). Escribirlas después, aunque fuera al día siguiente o al cerrar el sumario, restaría fiabilidad a lo que se vio; y no dependen de que nadie lo pida.

El párrafo tercero del art. 326 deja al juez instructor (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025) dos caminos: adoptar él las medidas o ordenar que las adopte la Policía Judicial o el médico forense, para que la recogida, la custodia y el examen de las muestras se hagan en condiciones que garanticen su autenticidad. Ni el letrado ni el fiscal ni los peritos de las partes reciben ese encargo: lo que la ley busca es una cadena de custodia en manos de quien investiga o de quien hace la medicina legal.

El art. 367 ter permite destruir los efectos, dejando muestras suficientes, cuando lo aconseja su naturaleza o el peligro de guardarlos, «previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados». La Policía Judicial que los intervino no es parte de esa audiencia, y la ley no la abre a todas las partes. Oír al propietario tampoco es pedirle permiso: la destrucción no necesita su consentimiento.

El art. 367 sexies admite la utilización provisional en dos casos: cuando concurre alguno de los supuestos de las letras b) a f) de la realización anticipada y usarlos aprovecha mejor su valor que venderlos, o cuando se trata de efectos especialmente idóneos para la prestación de un servicio público. El consentimiento del investigado no es el criterio, y la ley no lo mide contra las responsabilidades civiles ni lo liga al sobreseimiento.

Quien sufre una incautación puede recurrirla «en cualquier momento» ante el juez instructor (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025), y el art. 334 le ahorra el abogado cuando el recurso lo presentan terceras personas distintas del imputado, que es como la ley llama todavía al investigado: es el caso del dueño ajeno al delito. El propio investigado no tiene esa dispensa. El recurso no depende del valor de lo incautado, ni tiene un plazo de tres días: cabe en cualquier momento, y se entiende interpuesto si el afectado o un familiar suyo mayor de edad expresa su disconformidad en el acto.

El art. 354 da prioridad a que el tren siga su marcha: solo se detiene «el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la vía», después de hacer constar su situación y estado. A la autoridad que debe instruir y acordar el levantamiento se la avisa, pero el tren no la espera; y el examen del forense no se hace con el tren parado.