La identidad del delincuente, las declaraciones de los procesados, los testigos y los careos

El art. 441 fija un orden: primero, un intérprete con título, si lo hay en el pueblo; en su defecto, un maestro del idioma; y si tampoco lo hay, cualquier persona que lo sepa. Cualquier persona es el último escalón, no el siguiente al intérprete titulado.

El careo es una diligencia subsidiaria: el art. 455 solo lo admite cuando no se conoce otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados. No basta con que lo pida una parte ni con que un testigo cambie su versión.

Los hermanos del procesado están entre los parientes dispensados de declarar, vivan o no con él (art. 416.1), pero la dispensa no se aplica cuando el testigo «esté o haya estado» personado como acusación particular. El tiempo verbal es lo que decide: no pierde la dispensa por apartarse, sino por haber acusado, y apartarse no se la devuelve.

El art. 451 permite al juez carear a los testigos o procesados que discrepan sobre un hecho o una circunstancia que interese al sumario, y fija la regla general de que el careo no se haga más que entre dos personas a la vez. Es una regla general, así que admite excepciones.

El cónyuge del procesado está entre los dispensados de declarar (art. 416.1), pero la dispensa tiene cinco excepciones, y la primera es esta: no se aplica cuando el testigo tiene atribuida la representación legal o la guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. Que los hechos ocurrieran en casa, que los conociera antes de casarse o que el procesado haya confesado no figuran entre esas excepciones, y no le quitan la dispensa.

El art. 449 remite a la forma del art. 448 —declaración ante el juez, con presencia y repreguntas de las partes—, pero suprime la espera: con peligro inminente de muerte se procede con toda urgencia, aunque el procesado no pueda ser asistido de letrado. Las veinticuatro horas para nombrar abogado son del caso ordinario del art. 448, que aquí no hay tiempo de cumplir.

El art. 425 manda avisar al superior inmediato, a la vez que se cita, para que le nombre sustituto durante su ausencia si el interés o la seguridad pública lo exigen. No se pide permiso para declarar: la autorización del superior solo entra en juego para el funcionario que actúa por obediencia debida (art. 417.2.º). La citación por conducto del jefe es la de ciertos empleados que el art. 422 enumera, y el informe por escrito, el de los altos cargos del art. 412.2.

El art. 386 permite prorrogar las veinticuatro horas por otras cuarenta y ocho si media causa grave, que se expresa en la providencia que acuerda la prórroga. Juntos, los dos plazos suman setenta y dos horas. No hay que confundirlo con las veinticuatro horas del art. 496, que son el plazo para poner al detenido en libertad o entregarlo al juez.

El art. 433 permite a la víctima que declara como testigo hacerse acompañar por su representante legal y por una persona de su elección; el juez solo puede negarle la segunda, motivadamente, para garantizar el buen desarrollo de la diligencia. La compañía la elige la víctima, no el juez, y no se limita a su abogado. La regla de que los testigos declaran separada y secretamente cede aquí ante la víctima.

El art. 417.1.º no exime al ministro de culto por serlo: le exime solo respecto de los hechos que le fueron revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio. Sobre lo demás que sepa, declara como cualquier testigo, y da igual que afecte o no a fieles de su confesión.

El testigo declara de viva voz y no puede leer ninguna declaración ni respuesta que traiga escrita, pero sí consultar algún apunte o memoria con datos difíciles de recordar (art. 437). Que el juez permita redactar una contestación escrita sobre puntos difíciles de explicar es una posibilidad que el art. 390 da al procesado, no al testigo.

El art. 384 bis exige dos cosas —auto de procesamiento firme y prisión provisional decretada— por un delito de persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. Con ellas, la suspensión es automática: no la acuerda nadie más. Y es una suspensión, no una pérdida del cargo, que dura lo que dure la prisión.

El art. 375 manda traer al sumario la certificación de nacimiento del procesado para acreditar su edad. Pero si no se sabe dónde consta, no existe o traerla llevaría mucho tiempo, el sumario no se detiene: la suplen los informes que, previo examen físico del procesado, den los médicos forenses o los que nombre el juez. La ley no se conforma con lo que diga el procesado, ni con testigos, ni con lo que conste en la policía para fijar la edad.

El art. 406 dice que la confesión no dispensa al juez de instrucción —hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia— de practicar todas las diligencias necesarias para convencerse de que es verdad y de que el delito existió; por eso, además, interroga al confeso sobre todas las circunstancias del hecho. Confesar no cierra el sumario ni releva a nadie de probar, y no abre por sí la conformidad, que se presta después, al calificar o al empezar el juicio oral.

Cuando son varios los que han de reconocer a una persona, el art. 370 manda practicar la diligencia por separado con cada uno, y sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya hecho el último reconocimiento: así ninguno contamina al siguiente. El reconocimiento en un solo acto es para el caso inverso, cuando una misma persona ha de reconocer a varias.

El art. 412.5 pone a diputados y senadores en el grupo que puede declarar en su despacho oficial o en la sede del órgano del que son miembros, y el juez acude allí previo aviso (art. 413). El informe por escrito es el régimen de los cargos del art. 412.2, como los miembros del Gobierno, sobre lo que conocen por razón de su cargo. El Tribunal Supremo es el fuero del parlamentario investigado, no del que declara como testigo.

El art. 384 permite interponer la apelación en un efecto subsidiariamente con la reforma, y entonces el juez instructor declara admitida la apelación al denegar la reforma. Los cinco días son el plazo para apelar cuando no se hizo así, contados desde la notificación del auto que deniega la reforma; no hace falta volver a interponer lo que ya se interpuso. Y la admisión no la decide el tribunal superior: la declara el propio instructor.

El art. 377 quiere informes fundados, y si no pueden fundarse, que se diga por qué; pero libera de responsabilidad a quienes los dan, salvo dolo o negligencia grave. Que lo informado resulte inexacto o que el procesado lo impugne no basta para responder, y lo que pase después con el procesado no cambia nada.

El art. 411 exceptúa del deber de concurrir y declarar al Rey, la Reina, sus consortes, el Príncipe heredero (la letra de 1882: hoy, quien sea heredero de la Corona) y los Regentes del Reino. Las demás personas de la Familia Real solo están exentas de concurrir, y pueden declarar por escrito (art. 412.1). El Presidente del Gobierno y el del Tribunal Constitucional tampoco dejan de declarar: informan por escrito sobre lo que conocen por razón de su cargo (art. 412.2).

Los miembros del Gobierno están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar: sobre lo que conocen por razón de su cargo pueden informar por escrito (art. 412.2). La declaración en su domicilio o despacho oficial es para lo que no conocieron por razón del cargo (art. 412.3), y el enunciado dice lo contrario. Su testimonio no depende de ninguna autorización del Consejo de Ministros, y nada le exime del juramento si comparece.