El derecho de defensa y a la traducción e interpretación

El art. 123.1 cierra su lista de derechos con una regla de gastos: los de traducción e interpretación los sufraga la Administración con independencia del resultado del proceso. No pasan a las costas aunque el acusado sea condenado a pagarlas, y no dependen de que se le haya reconocido la asistencia jurídica gratuita: el derecho no está atado a la falta de medios, sino a no hablar o no entender la lengua del proceso.

El art. 125.2 manda documentar por escrito la decisión que rechaza las quejas sobre la calidad de la interpretación o de la traducción, o que deniega la interpretación o la traducción de un documento o pasaje que la defensa considera esencial. Si se adopta durante el juicio oral, la defensa puede hacer constar su protesta en el acta, y contra la decisión cabe el recurso que prevea la ley: no es irrecurrible. Ni la suspensión ni la repetición de la sesión son lo que la ley le da: nombrar otro intérprete es decisión del tribunal (art. 124.3), que aquí ya ha rechazado la queja.

La letra g) del art. 118.1 no plantea el silencio como un todo o nada: reconoce el derecho a guardar silencio y a no prestar declaración, y también a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. Puede, pues, elegir a quién y a qué responde, sin pedir permiso a nadie y sin tener que justificar que la respuesta le incriminaría. No declarar contra sí mismo y no confesarse culpable es un derecho aparte, la letra h).

El art. 118.2 fija el arco entero: el derecho de defensa se ejerce, sin más limitaciones que las que la ley prevé expresamente, desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena. No se agota con la sentencia, ni con la de primera instancia ni con la firme: sigue durante la ejecución, mientras la pena no se haya extinguido. La apertura del juicio oral es un momento intermedio del proceso, no su límite.

El art. 119.1.a) advierte a la persona jurídica de que, si no designa, se nombrarán de oficio «estos dos últimos»: el abogado y el procurador, no el representante. Y la falta de representante no impide sustanciar el procedimiento con el abogado y el procurador designados, así que ni se suspende ni el juez elige a un administrador para que la represente. La misma idea rige para cada diligencia: si el representante especialmente designado no comparece, el acto se celebra con el abogado defensor (art. 120.2).

La letra d) del art. 123.1 da derecho a la traducción escrita de los documentos esenciales para la defensa, y nombra tres que se traducen en todo caso: las resoluciones que acuerdan la prisión, el escrito de acusación y la sentencia. Los demás se traducen si se consideran esenciales, y la defensa puede pedirlo con una solicitud motivada (letra e); el auto de procesamiento, el atestado o el auto de apertura del juicio oral pueden llegar a serlo, pero la ley no los impone en todo caso.

El art. 118.4 declara confidenciales todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado. Si se captan durante una diligencia, el juez ordena eliminar la grabación —o entregar al destinatario la correspondencia detenida— y deja constancia en las actuaciones: no se guarda en ninguna pieza ni se espera al resultado del juicio. La confidencialidad solo cede cuando hay indicios objetivos de que el abogado participó en el hecho investigado o en otra infracción junto con el investigado, que el enunciado descarta.