Los derechos del detenido y del preso

El art. 525 cierra la lista: solo en caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse. Son conductas del propio detenido, no la gravedad del delito ni su incomunicación. Y la medida ha de ser temporal: subsiste solo el tiempo estrictamente necesario.

El art. 527.3 fija un mínimo, no un número cerrado: al menos dos reconocimientos médicos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo. Es la contrapartida de la incomunicación: si el detenido no puede comunicarse con quien quiera, se vigila más de cerca su estado.

La lista del art. 520.2 va de la letra a) a la j), y ninguna reconoce al detenido que le acompañe una persona de su elección; tampoco la del art. 118, la de toda persona a quien se atribuye un hecho punible. Lo que sí está es que se avise de su privación de libertad y del lugar de custodia al familiar o a la persona que desee (letra e) y que llame por teléfono a un tercero de su elección (letra f): que avisen a alguien o hablar con él no es que le acompañe. El acceso a los elementos esenciales para impugnar la detención es la letra d), y la visita consular, la g). Estar acompañado por una persona de su elección es un derecho de la víctima (Ley 4/2015, art. 4.c), no del detenido.

La letra h) del art. 520.2 no se limita a los extranjeros: el intérprete gratuito alcanza también a las personas sordas o con discapacidad auditiva y a otras con dificultades del lenguaje. No depende de la asistencia jurídica gratuita, que es otro derecho de la lista (letra j), ni de que lo acuerde el juez: es un derecho del detenido desde que lo está.

El art. 520.1 manda reflejar en el atestado el lugar y la hora de dos momentos: el de la detención y el de su final, sea la puesta a disposición de la autoridad judicial o la puesta en libertad. Con esos datos se comprueba que la detención no ha durado más de lo estrictamente necesario ni del máximo legal. La hora del aviso al abogado parece del mismo género, pero no es lo que este párrafo exige consignar.

El art. 526 manda al juez instructor visitar las prisiones acompañado de un individuo del Ministerio Fiscal, que puede ser un fiscal delegado al efecto. En la visita se enteran de la situación de los presos y detenidos y adoptan las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos. El letrado de la Administración de Justicia acompaña al juez en muchas diligencias, pero no es a quien nombra este artículo.

El art. 520.2 prevé el caso: se le informa por medio de un intérprete tan pronto resulte posible y, después y sin demora indebida, se le entrega la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda. El intérprete no sustituye a la declaración escrita, solo la adelanta; y la información no puede esperar a la traducción, porque ha de ser inmediata.

El art. 520.6.c) deja la decisión al juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal: puede imponer la ejecución forzosa del frotis bucal con las medidas coactivas mínimas indispensables, proporcionadas y respetuosas con la dignidad del detenido. La policía y el fiscal la piden, pero no la imponen; y la negativa no cierra el paso a la diligencia. El juez de instrucción es hoy el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 527.1.b) permite privar al incomunicado de comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tendría derecho a hacerlo, salvo con tres: la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el médico forense. El familiar y las autoridades consulares pueden quedar fuera. El abogado de su confianza, también: la letra a) del mismo artículo permite privarle de designarlo, y entonces le asiste uno de oficio.

El art. 520 bis permite prolongar la detención por los delitos del art. 384 bis —los cometidos por personas integradas o relacionadas con bandas armadas o con individuos terroristas o rebeldes— el tiempo necesario para la investigación, hasta un máximo de otras cuarenta y ocho horas. La prórroga se pide por comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas, y el juez la autoriza o la deniega por resolución motivada en las veinticuatro siguientes: esas veinticuatro horas son el plazo del juez, no el de la prórroga.

El art. 523 permite que visiten al detenido o preso un ministro de su religión, un médico, sus parientes y otras personas, con las condiciones del reglamento y siempre que no afecten al secreto y al éxito del sumario: esas visitas pueden ceder ante la investigación. La relación con el abogado defensor, en cambio, no puede impedírsele mientras esté en comunicación; si se le incomunica, las restricciones posibles son las del art. 527.

La letra c) del art. 520.2 resuelve la lejanía geográfica sin quitar el derecho: si no es posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilita al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con él, salvo que esa comunicación sea imposible. El plazo de la detención no se suspende por eso, el fiscal no suple al abogado, y la ley no admite que la asistencia se pierda por un consentimiento firmado ante los agentes.

El art. 520.3 deja la elección al detenido: si tiene dos o más nacionalidades, puede elegir a qué autoridades consulares se informa de que está privado de libertad y con quiénes desea comunicarse. La ley no manda avisar a todas, ni toma como criterio la residencia o el documento con el que se le identificó.

El art. 520.5 pide al abogado la máxima premura y le pone un techo: tres horas desde la recepción del encargo. Si no comparece en ese plazo, el Colegio de Abogados designa a otro del turno de oficio, que ha de comparecer dentro del mismo plazo, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del que no acudió.

El art. 527.2 da a la petición policial o fiscal un efecto provisional: las medidas instadas se entienden acordadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, y dentro de él el juez ha de pronunciarse sobre la solicitud y sobre el secreto de las actuaciones. La incomunicación y cada restricción se acuerdan después por auto motivado.