La ejecución de las sentencias

El art. 988 bis.4 da dos días para impugnar la liquidación desde que se da traslado de ella al Ministerio Fiscal y a las partes; además, se notifica personalmente al condenado. Si nadie la impugna en ese plazo, el letrado de la Administración de Justicia la aprueba por decreto.

La regla general del art. 985 es que ejecuta el tribunal que dictó la sentencia firme, y por eso tienta pensar en el Tribunal Supremo. El art. 986 la exceptúa: la sentencia dictada tras la de casación la ejecuta el tribunal que pronunció la sentencia casada, la Audiencia, con la certificación que le remite la Sala Segunda. El juzgado instructor y el del lugar donde esté el condenado pueden auxiliar en diligencias, pero no ejecutan.

El art. 988 bis.4 encarga la comparecencia de requerimiento al letrado de la Administración de Justicia, que además informa al condenado de las responsabilidades en que puede incurrir si no cumple y practica las liquidaciones de condena. El juez o tribunal resuelve sobre la suspensión y las demás peticiones, pero esta citación no es suya; ni el fiscal ni la Policía Judicial la hacen.

El art. 992 manda al comandante del presidio, como llama la ley de 1882 al responsable del establecimiento, dar cuenta inmediatamente, con copia literal del expediente, al Presidente del Tribunal sentenciador. Después, el Presidente pasa el expediente al tribunal, que oye al fiscal, al acusador particular y al defensor del penado (art. 993): ni el fiscal ni el defensor son los destinatarios del aviso. Los facultativos intervienen en el expediente y en el incidente, no lo reciben. Ojo: es el texto de 1882, sin retocar. Hoy, si tras la sentencia firme el penado sufre un trastorno mental grave y duradero, quien suspende la ejecución de la pena es el Juez de Vigilancia Penitenciaria (art. 60 del Código Penal); la pregunta mide lo que dice la LECrim.

El segundo párrafo del art. 985 atribuye la ejecución al juzgado que dictó la sentencia. El fiscal propone la pena en su decreto, pero no ejecuta: la ejecución es jurisdiccional. Ni el domicilio del condenado ni el lugar de los hechos deciden quién ejecuta.

El art. 984 remite la ejecución de la reparación y la indemnización a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero con una salvedad que desarma el distractor más tentador: no espera a que la pida el perjudicado, como en lo civil, sino que la promueve de oficio, en todo caso, el juez que dictó la sentencia. No la deja en manos del fiscal, y el órgano que resolvió la apelación tampoco la promueve: devuelve los autos al juez del juicio (art. 984, párrafo segundo). El art. 984 dice «juicios sobre faltas»: hoy son los juicios por delito leve.

El art. 999.2 abre la apelación en un solo efecto, que no suspende la ejecución, o, en su caso, la súplica. No es apelación en ambos efectos, que paralizaría el cobro, ni casación, que en la ejecución la LECrim prevé contra el auto que fija el máximo de cumplimiento de las penas (art. 988), ni la reforma seguida de apelación.

El último párrafo del art. 990 no obliga a comunicar toda la ejecutoria, sino lo que protege a las personas: las resoluciones relativas al penado que puedan afectar a la seguridad de ofendidos, perjudicados y testigos. La suspensión de la pena o la liquidación de condena no se nombran como tales en este párrafo. El texto dice «Secretario judicial», hoy letrado de la Administración de Justicia (LO 7/2015, disposición adicional primera).

El art. 988 encarga la declaración de firmeza al mismo juez o tribunal que dictó la sentencia, y solo hecha esa declaración se procede a ejecutarla. El tribunal del recurso no interviene si nadie recurre; el letrado de la Administración de Justicia del órgano que la dictó tramita la ejecución, pero la ley no le da esta declaración; y el Ministerio Fiscal es parte, no órgano que declare la firmeza.

El art. 988 bis concentra en un solo escrito y en el plazo de diez días todo lo que el condenado quiere pedir sobre la ejecución: la modalidad de suspensión de la pena privativa de libertad si la sentencia no se pronunció, la forma y el aplazamiento de las responsabilidades pecuniarias y cualquier otra solicitud, incluida la sustitución. Diez días son también los que luego tienen el fiscal y las demás partes para alegar.

El art. 990 da esa competencia en los delitos contra la Hacienda Pública, el contrabando y los delitos contra la Seguridad Social a los órganos de recaudación de la Administración Tributaria o de la Seguridad Social, bajo la supervisión de la autoridad judicial. Pueden ejercer sus facultades legales, informar del patrimonio y avisar al juez de lo que importe para la suspensión de la pena. La Inspección de Trabajo, la Policía Judicial y el fiscal no son los que nombra.

El art. 988 bis.4 fija una regla aritmética para que la liquidación no dependa del calendario: el cómputo se hace por años, meses y días, los meses completos son de treinta días y los años completos de trescientos sesenta y cinco. Por eso no se cuenta de fecha a fecha ni por los días reales de cada mes, como en otros plazos.

El art. 983 sienta la regla: el procesado absuelto sale en libertad inmediatamente. Solo un recurso con efectos suspensivos u otros motivos legales pueden aplazar la excarcelación, y entonces se ordena por auto motivado, porque afecta a la libertad. Ni la providencia ni las resoluciones del letrado de la Administración de Justicia (la diligencia de ordenación y el decreto) sirven para mantener privado de libertad a quien ha sido absuelto.

El art. 989.2 nombra a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en su caso, a los organismos tributarios de las Haciendas forales: el letrado de la Administración de Justicia puede encomendarles averiguar las rentas y el patrimonio del condenado mientras no pague la responsabilidad civil. Si alegan razones legales o de derechos fundamentales para no colaborar, el letrado da cuenta al juez o tribunal. El Banco de España, la Intervención General y la Dirección General del Catastro no aparecen en este artículo.

El art. 988 bis.4 enumera los cuatro particulares que la liquidación ha de comprender «en todo caso»: la fecha de inicio del cumplimiento, el tiempo abonable por la privación de libertad provisional o por otra medida cautelar, el tiempo de duración de la condena y el tiempo de cumplimiento. El centro penitenciario donde se cumple no forma parte de la liquidación: lo decide la Administración penitenciaria y no altera el cómputo.

El art. 988 atribuye la acumulación al juez o tribunal que dictó la última sentencia, que actúa de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado y fija el máximo conforme al art. 76 del Código Penal. No cuenta cuál fue la primera condena ni cuál impuso la pena más grave, y el lugar de cumplimiento no atribuye esta competencia.

El art. 989.1 abre la ejecución provisional de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil y la somete a la Ley de Enjuiciamiento Civil. A diferencia de la pena, que solo se ejecuta cuando la sentencia es firme (art. 988), la indemnización puede anticiparse. La ley no la ata al cumplimiento de la pena ni la reserva a la iniciativa del fiscal: se rige por lo que dispone la LEC.

El art. 988 manda reclamar dos cosas: la hoja histórico-penal del Registro Central de Penados y Rebeldes y testimonio de las sentencias condenatorias. Con ellas, y oído el fiscal si no es quien lo pide, el juez o tribunal dicta el auto. No se reclaman los autos originales, que siguen en sus causas, ni el expediente o informes penitenciarios. El texto dice «Secretario judicial»: desde la LO 7/2015 (disposición adicional primera), letrado de la Administración de Justicia.

El art. 988 bis.4 distingue dos caminos. Sin impugnación, el letrado de la Administración de Justicia aprueba la liquidación por decreto, y de ahí sale el distractor más tentador. Con impugnación, la decisión pasa al juez, la jueza o el tribunal, que resuelve mediante auto, haya o no alegaciones de las demás partes; si el auto firme corrige la liquidación, se notifica personalmente al condenado.

El art. 996 remite las tercerías de dominio y de mejor derecho a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que las regula dentro de su ejecución. La LECrim no tiene un régimen propio para ellas en sus fianzas y embargos, el Código Penal regula qué responsabilidad civil se debe pero no cómo se discuten los bienes, y la Ley General Tributaria rige el apremio administrativo, no este incidente judicial.