Las fianzas y los embargos y la responsabilidad civil de terceros

El art. 596 abre la apelación contra los autos que califican la suficiencia de las fianzas. La súplica es el recurso contra los autos de un tribunal, no los de un juez; la queja cabe contra los autos no apelables del juez (art. 218), y este lo es; y la casación no se da contra estos autos de la instrucción. El juez instructor de la letra es hoy el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 591 admite la caución mediante aval solo si es solidario, pagadero a primer requerimiento y de duración indefinida, emitido por una entidad de crédito o una sociedad de garantía recíproca. Un aval con término —la apertura del juicio oral, la firmeza de la sentencia o un año— podría vencer antes de que haya que pagar las responsabilidades, que es justo lo que la fianza tiene que cubrir.

El art. 620 retiene los instrumentos y objetos del delito que están en poder de un tercero: su restitución a su dueño no puede hacerse hasta después de celebrado el juicio oral, porque pueden hacer falta como prueba. Ni el procesamiento, ni la conclusión del sumario, ni la apertura del juicio oral bastan. El propio artículo exceptúa el caso del art. 844, cuando la causa se archiva por estar en rebeldía todos los procesados. Y los efectos que pertenecen a la víctima tienen su propia regla: el art. 334 manda restituírselos de inmediato, salvo que deban conservarse como prueba.

El art. 597 da un margen muy corto: el día siguiente al de la notificación del auto del art. 589. Si no presta la fianza en ese día, se pasa a la consecuencia que el mismo auto ya prevé. Tres y cinco días son plazos de los recursos de la LECrim, no el de la fianza; y el plazo no se agota el mismo día en que se notifica el auto.

El art. 621 bis.1 parte de que la causa penal no paraliza la actuación administrativa: el cobro puede iniciarse, salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, haya acordado suspender la ejecución. La suspensión no la produce una garantía ofrecida a la Administración: la acuerda el juez, que fija la garantía y su plazo (art. 621 bis.2). Tampoco hace falta esperar a la sentencia firme ni a una autorización judicial para cobrar.

La fianza del art. 589 no puede bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias: se pide un margen sobre lo que se calcula que habrá que pagar. «Una cuarta parte más» es la proporción que el art. 593 exige a los efectos o valores cuando sustituyen a una fianza hipotecaria, y «el doble», la de los bienes hipotecados o dados en prenda frente al metálico; ninguna de las dos mide la cuantía de la fianza.

El art. 598 dirige el requerimiento a quienes están cerca del procesado y pueden saber qué tiene: su mujer, sus hijos, su apoderado, sus criados o las personas que se encuentren en su domicilio. Ni su abogado o procurador ni el alcalde figuran en la lista, y ni el fiscal ni el actor civil señalan bienes en lugar del procesado: si nadie los señala, se embargan los que se reputen suyos. La lista es la de 1882, que no se ha actualizado.

El art. 615 hace depender la fianza del tercero de la petición del actor civil, que es quien reclama la restitución, la reparación o la indemnización. El juez no la exige de oficio, el procesado no la pide y el acusador popular solo ejerce la acción penal. Si el tercero no presta la fianza, el letrado de la Administración de Justicia embarga sus bienes con las reglas del título IX.

El art. 589 junta en un solo auto la fianza y su alternativa: si no se presta, se embargan bienes suficientes para cubrir las responsabilidades pecuniarias. Es una garantía del dinero, no de la persona. La prisión y la libertad provisional son medidas sobre la persona que la ley regula en otro título, y la fianza de la libertad provisional asegura que el procesado comparezca, no que pague. La cantidad tampoco la fija el actor civil: la fija el juez en el mismo auto.

El art. 592 no admite como fiador a quien lo sea o lo haya sido de otro hasta que esté cancelada la primera fianza, salvo que tenga, a juicio del juez o tribunal, responsabilidad notoria para las dos. Lo que se mira es la solvencia para responder de ambas a la vez. La conformidad del fiscal, que las causas sean del mismo órgano o que la segunda fianza sea menor no son lo que la ley pide.