El juicio oral: publicidad, presidencia y prueba

El art. 727 distingue por el lugar. Si está en la capital, se constituye en él el tribunal con las partes. Si está fuera, va con ellas el individuo del tribunal que el presidente designe, y la diligencia se practica en la misma forma. No se acude a un exhorto, que es la vía del art. 719 para el testigo que no puede comparecer y reside fuera, ni se encarga la inspección al letrado, que documenta la diligencia pero no la practica.

El art. 717 equipara las declaraciones de las autoridades y funcionarios de Policía Judicial a las de cualquier testigo: tienen el valor de declaraciones testificales y se aprecian según las reglas del criterio racional. No gozan de presunción de veracidad, no son pericia y no vinculan al tribunal: este las pesa con las demás pruebas, como haría con la de cualquier otro testigo.

El art. 728 establece la regla: no se practican otras pruebas que las propuestas por las partes. Pero el art. 729 la exceptúa en tres casos, y el segundo es este: las diligencias no propuestas por ninguna parte que el tribunal considere necesarias para comprobar cualquiera de los hechos de los escritos de calificación. No depende de que una parte la pida en el acto ni de la conformidad de las demás: es una facultad del tribunal, ceñida a los hechos que las partes ya han delimitado.

El art. 714 permite a cualquiera de las partes pedir la lectura de la declaración sumarial y, después, el presidente invita al testigo a explicar la diferencia o contradicción. No hay regla de prevalencia: el tribunal valora las dos con lo que el testigo explique. Ni se borra la declaración del juicio ni se le multa, porque la multa es para quien se niega a declarar (art. 716), no para quien declara distinto.

El art. 688 reparte los papeles del arranque del juicio: el letrado de la Administración de Justicia vela por que las piezas de convicción estén en el local del tribunal, y el presidente, en el momento oportuno, declara abierta la sesión. Es una tarea de custodia y de documentación, propia del letrado; el presidente dirige el acto, el ponente prepara la resolución y el fiscal es parte.

El art. 681.1 deja fuera de la puerta cerrada a una lista cerrada: el Ministerio Fiscal, los lesionados por el delito, los procesados, el acusador privado, el actor civil y sus defensores. Los familiares del procesado no están en ella, así que la restricción les alcanza; solo pueden entrar si el juez o el presidente les autoriza por acreditar un especial interés en la causa. Que el actor civil o el acusador privado no sean el acusado no los saca de la sala: son parte, y la ley los nombra.

El art. 703 bis manda reproducir en la vista la grabación audiovisual de la declaración preconstituida, a instancia de la parte interesada y sin que sea necesaria la presencia del testigo. Su sentido es justo evitar que tenga que volver a declarar: por eso no se le cita para ratificarla. Tampoco basta la lectura de un acta ni su simple unión a los autos: lo que entra en el juicio es la grabación, y entra porque se reproduce en él.

El art. 682 permite al juez o tribunal restringir la presencia de los medios audiovisuales y prohibir que se graben las sesiones, «previa audiencia de las partes», cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de los intervinientes. No basta un informe del fiscal, que es solo una de las partes, ni hace falta que lo pida la víctima: protegerla es una de las razones de la medida, no su llave. Y nadie tiene que dar su conformidad: se oye a las partes y decide el tribunal.

El art. 697 solo permite dictar sentencia sin juicio, por la vía del art. 694, si todos los procesados se confiesan reos y reconocen la participación que se les atribuye. Si cualquiera de ellos no se confiesa reo, se procede a la celebración del juicio conforme al art. 696. La tentación es partir la causa y condenar ya a los conformes, pero la ley no lo prevé en el sumario ordinario: la conformidad tiene que ser de todos.

El art. 710 pide a todo testigo la razón de su dicho y, al de referencia, que precise el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con sus señas, a la persona que se la comunicó. Así el tribunal puede llamar al testigo directo y valorar lo que vale lo oído a otro. La ley no exige ni la fecha en que se enteró ni un apoyo documental, y el careo es otra diligencia, que acuerda el presidente (art. 729).

El art. 698 resuelve el silencio del procesado del modo más garantista: se continúa el juicio, igual que cuando no se confiesa culpable (art. 696). Callar no equivale a conformarse, y tampoco paraliza el proceso: el presidente exige una contestación categórica (art. 693), pero si el procesado no quiere responder, el juicio sigue. La rebeldía es para quien no comparece, no para quien calla.

El art. 709 manda al presidente no dejar contestar las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, y abre contra esa decisión el recurso de casación en su día si se protesta en el acto. Para que pueda revisarse, en ese caso consta en el acta la pregunta que el presidente prohibió contestar. No se recoge una respuesta que no se ha dado, y la ley no pide que el presidente razone en el acta por qué la tuvo por sugestiva ni que se oiga a las demás partes.

El art. 687 permite expulsar al acusado que persiste en alterar el orden, por cierto tiempo o por toda la duración de las sesiones, y añade lo decisivo: las sesiones continúan en su ausencia. Por eso no se suspenden ni se aplaza el juicio: el acusado ha renunciado con su conducta a estar presente, y la rebeldía es para quien no comparece, no para quien es expulsado. Fíjate además en quién lo decide: el tribunal, y no el presidente solo, que es quien advierte y apercibe.

El art. 726 encarga el examen de los libros, documentos, papeles y piezas de convicción al propio tribunal, «por sí mismo»: es la inmediación aplicada a la prueba documental y material. No se delega en el letrado, que documenta el juicio, ni en el ponente ni en un perito, aunque las partes puedan pedir que un testigo reconozca una pieza (art. 712) o que un perito informe sobre ella si se propuso esa prueba.

El art. 723 remite las causas y la forma de la recusación a los arts. 468 a 470, pero fija su momento con precisión: los incidentes se sustancian en el tiempo que media desde la admisión de las pruebas propuestas hasta la apertura de las sesiones. Así el juicio empieza con los peritos ya depurados. No se espera al acto del juicio ni se adelanta a la calificación, que es cuando se proponen, no cuando se admiten.

El art. 683 da al presidente la dirección de los debates para cortar lo impertinente y lo que no conduce a la verdad, con un solo límite expreso: no coartar a los defensores la libertad necesaria para la defensa. Las preguntas del fiscal no quedan a salvo de ese control: el presidente no deja contestar las capciosas, sugestivas o impertinentes, las haga quien las haga (art. 709). Y ni el tiempo de cada parte ni la lectura de todo el sumario son derechos que la ley proteja frente a la dirección del debate.

El art. 701 fija como regla que las pruebas de cada parte se practican por el orden en que se propusieron, empezando por las del fiscal, y permite al presidente alterarlo de oficio o a instancia de parte. Pero la petición del acusado de declarar en último lugar no queda a su criterio: «el Presidente así lo acordará expresamente», y al alterar el orden no puede revocar ese derecho. No depende de que las acusaciones lo acepten ni de la conveniencia para esclarecer los hechos, que es la razón para alterar el orden en lo demás.