El juicio sobre delitos leves

El art. 965.1, regla 1.ª, manda señalar para el día hábil más próximo de los predeterminados para estos juicios y, en cualquier caso, en un plazo no superior a siete días. Tres días es el plazo de la reforma y de la súplica (art. 211), y quince, el tope del señalamiento del juicio oral en los juicios rápidos (art. 800.3).

El art. 962.2 no deja margen: la información sucinta de los hechos y del derecho a comparecer con abogado «se practicará en todo caso por escrito». No depende de que la denunciada lo pida ni de su elección, y la ley no prevé hacerlo de palabra ante testigos. El mismo trámite se repite con el denunciado cuando la causa llega al juzgado por atestado ordinario (art. 964.3).

El art. 977 manda devolver al juez los autos originales con certificación de la sentencia dictada, para que sea él quien la ejecute: la ejecución corresponde al órgano que conoció del juicio, no al de apelación (art. 984). No se queda los autos ni los archiva, y no los manda al fiscal. Contra esa sentencia de segunda instancia, además, no cabe recurso.

El art. 971 sienta la regla: la ausencia injustificada del acusado citado con las formalidades legales no suspende ni la celebración ni la resolución del juicio. La única salvedad es que el juez, de oficio o a instancia de parte, crea necesaria su declaración. La ley no la liga a la pena que se pida, a que haya designado abogado ni a que sea el primer señalamiento.

El art. 976.1 da cinco días desde la notificación, y durante ellos las actuaciones están en la secretaría a disposición de las partes. Tres días es el plazo de la reforma y la súplica (art. 211), y siete el tope para señalar o continuar el juicio (arts. 965.1 y 968). La apelación de la sentencia del abreviado, cuyas normas sigue esta en lo demás, tiene en cambio diez días (art. 790.1).

El art. 967.1 manda acompañar a la citación del investigado la copia de la querella o de la denuncia que se haya presentado, para que sepa de qué tiene que defenderse. No se le da el atestado entero, ni una lista de testigos, ni un escrito de acusación del fiscal: en este juicio verbal las partes proponen la prueba y exponen sus pretensiones de palabra en el acto (art. 969.1).

El art. 969.1 fija el orden: habla primero el fiscal, si asiste; después el querellante particular o el denunciante; y por último el acusado. Que la defensa hable al final es la regla de todo el proceso penal: el acusado contesta después de oír todo lo que se le imputa, nunca antes de la acusación particular ni del fiscal.

El art. 976.2 remite a los arts. 790 a 792, que son los que regulan la apelación contra la sentencia del procedimiento abreviado: formalización ante el órgano que la dictó, traslado a las demás partes y resolución por el tribunal superior. No sigue la apelación del Jurado (arts. 846 bis a y siguientes), ni la de los autos, ni pasa por la reforma, que es un recurso contra autos y no contra sentencias. El plazo, en cambio, es el propio: cinco días (art. 976.1).

El art. 963.1, regla 1.ª, pone la llave en manos del fiscal: el juez acuerda el sobreseimiento «cuando lo solicite el Ministerio Fiscal», si además el hecho es de muy escasa gravedad y no hay interés público relevante en perseguirlo. No lo acuerda de oficio, ni basta que lo pidan el denunciado o el perjudicado. El art. 964.2.a) remite a esta misma regla cuando el asunto llega por atestado ordinario o por denuncia directa.

Como regla, en el juicio por delito leve se informa a las partes de que pueden ser asistidas por abogado si lo desean (art. 967.1). Pero si la multa del delito llega en su límite máximo a seis meses o más, rigen las reglas generales de defensa y representación. Tres meses es el techo de la multa de muchos delitos leves, como el hurto del art. 234.2 del Código Penal: con ellos sigue valiendo la regla de que el abogado es opcional.

El art. 966 pide a cada citado, en su primera comparecencia, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, si dispone de ellos, para remitirle las comunicaciones y notificaciones. Solo si no puede facilitarlos o lo pide expresamente se le notifica por correo ordinario en el domicilio que designe, que no tiene por qué estar en la sede del juzgado. El abogado no es obligatorio (art. 967.1), y la prueba no se anticipa: se lleva al juicio.

El art. 963.2 exige que el asunto le corresponda al Juzgado de guardia en virtud de las normas de competencia y de reparto; si no, no puede celebrar el juicio aunque todos estén presentes. El reconocimiento de los hechos no es requisito: el juicio sirve justamente para probarlos. El fiscal no presenta calificación escrita en este juicio verbal, y el abogado es, como regla, una opción del denunciado (art. 967.1).

El art. 962.5 aparta este caso del juzgado de guardia: la policía cita ante el órgano de violencia sobre la mujer (la letra dice «Juzgado de Violencia sobre la Mujer»; hoy, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia) en el día hábil más próximo, y fija el día y la hora de acuerdo con él. El juicio inmediato ante el juzgado de guardia es la regla de los demás delitos del art. 962.1, y los siete días son el tope del señalamiento cuando el juicio no cabe en la guardia (art. 965.1), no el plazo de esta citación.

Como la policía ya había citado a todos para un juicio inmediato, el art. 963.1 manda comunicarles enseguida que el juicio se suspende. No hay nuevo señalamiento, porque la causa se archiva, ni remisión al fiscal, que es quien pidió el sobreseimiento. La firmeza tampoco es lo que se comunica: el sobreseimiento se notifica además a los ofendidos, que pueden recurrirlo.

El art. 975 ahorra la espera: si las partes, conocido el fallo, expresan su decisión de no recurrir, el juez declara en ese mismo acto la firmeza de la sentencia. No hace falta abrir el plazo de recurso, ni una comparecencia aparte, ni un informe del fiscal, que como parte ya ha dicho que no recurre.

El art. 963.1.1.ª a) mira tres cosas: la naturaleza del hecho, sus circunstancias y las circunstancias personales del autor. Ni la pena ni la cuantía del perjuicio figuran en la ley, ni la alarma social. La voluntad del perjudicado no es un criterio de la escasa gravedad: pesa en el otro requisito, el del interés público.

Para los delitos leves patrimoniales, el art. 963.1.1.ª b) da la regla hecha: si se ha reparado el daño y no hay denuncia del perjudicado, se entiende que no existe interés público relevante en perseguirlo. No queda a la apreciación del juez ni depende de los antecedentes. Que el delito sea perseguible de oficio no lo impide; con eso y la muy escasa gravedad, el fiscal puede pedir el sobreseimiento.

El art. 974.1 no se conforma con que las partes dejen pasar su término: además tiene que haber transcurrido el plazo de impugnación de los ofendidos y perjudicados que no comparecieron en el juicio, porque a ellos también se les notifica la sentencia aunque no sean parte (art. 973.2). La sentencia de un juicio por delito leve no se recurre en casación, y la ley no condiciona la ejecución a la aclaración ni a una audiencia al condenado.

El art. 962.1 reserva la citación directa ante el Juzgado de guardia (hoy, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia que esté de guardia; DA 1.ª de la LO 1/2025) a una lista cerrada de delitos leves: lesiones o maltrato de obra, hurto flagrante, amenazas, coacciones e injurias. La estafa y los daños leves, y el hurto que no es flagrante, no están en ella: para ellos la policía forma el atestado y lo remite al juzgado (art. 964.1), sin citar a nadie para juicio. Del patrimonio solo entra el hurto, y solo si es flagrante.

El art. 973.1 quiere la sentencia en el mismo acto de terminar el juicio y, si no es posible, dentro de los tres días siguientes. Siete días es el tope para señalar el juicio fuera de la guardia o para continuarlo (arts. 965.1 y 968). Diez y quince días no son plazos de este juicio.