La Policía Judicial y el atestado

El art. 298 manda comunicar «cada semestre», con referencia al registro reservado, la calificación razonada del comportamiento de cada funcionario a sus superiores, para los efectos a que haya lugar. Ni anual ni con más espacio: dos veces al año.

El art. 282 impone a la Policía Judicial averiguar los delitos públicos, comprobarlos y recoger sus efectos; en los que solo se persiguen a instancia de parte legítima tiene «la misma obligación», pero solo «si se les requiere al efecto». Que el hecho ocurra en su demarcación o que haya riesgo de perder las pruebas describen la obligación general de los delitos públicos, no lo que la activa en estos, y la ley no espera a que se admita una querella.

El art. 282 bis.1 da la autorización al juez de instrucción competente o al Ministerio Fiscal, que debe dar cuenta inmediata al juez. El Ministerio del Interior no autoriza: es quien otorga después la identidad supuesta. Y los jefes de las unidades orgánicas de Policía Judicial pueden autorizar la circulación o entrega vigilada (art. 263 bis), no el agente encubierto. La ley nombra al «Juez de instrucción»: hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 283 hace a quienes forman la Policía Judicial auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, obligados a seguir las instrucciones que de ellos reciban para investigar los delitos. La ley pone a los dos al mismo nivel: el fiscal no necesita permiso del juez ni dirige en exclusiva, y los mandos del cuerpo no sustituyen a esas autoridades.

El art. 282 bis.5 exime al agente encubierto por las actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con su finalidad y no constituyan una provocación al delito. La ley no exige autorizarlas una a una: lo que pide autorización judicial es lo que afecte a derechos fundamentales (apartado 3), que es otra cosa que la exención.

El art. 292 añade al atestado un informe que da cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca, cuando así conste en las bases de datos policiales. Los antecedentes penales son del Registro Central, que no lleva la policía, y la ley no menciona ni el patrimonio ni las denuncias anteriores.

El art. 282 bis.4 define la delincuencia organizada como «la asociación de tres o más personas» para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas dirigidas a cometer alguno de los delitos que enumera. Dos personas no bastan, y la ley no pide cuatro ni cinco.

El art. 284.3 pide una diligencia que exprese el lugar, el tiempo y la ocasión del hallazgo, con una descripción minuciosa que puede sustituirse por un reportaje gráfico, y dice que «será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados». No exige dos testigos ni la presencia del letrado, y la categoría del agente no cuenta aquí.

El art. 295 prohíbe dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento de las diligencias a la autoridad judicial o al fiscal, salvo fuerza mayor y el atestado sin autor conocido del art. 284.2. Quien se excede incurre en falta grave la primera vez y muy grave las siguientes; y quien, sin pasar de ese límite, se demora más de lo necesario, también se corrige.

El art. 282 bis.1 dice que el Ministerio del Interior otorga la identidad supuesta por seis meses, prorrogables por períodos de igual duración, y que con ella el agente queda habilitado para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta. Los plazos más cortos no figuran en el artículo.

El art. 286 manda que, cuando el juez se presenta a formar el sumario, cesen las diligencias de prevención de cualquier autoridad o agente de policía, que se las entreguen en el acto junto con los efectos recogidos y que pongan a su disposición a los detenidos. No siguen hasta el atestado ni pasan por el fiscal. La ley nombra al «Juez de instrucción»: hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 284.1 manda participar el delito «inmediatamente» a la autoridad judicial o al fiscal si pueden hacerlo sin cesar en las diligencias de prevención; si no, «así que las hubieren terminado». La ley no les obliga a interrumpirlas, no espera a la remisión del atestado ni a que se lo pidan, y el art. 295 pone además un límite máximo de tiempo.

El art. 285 dice que, si concurre un funcionario de Policía Judicial de categoría superior, el que estaba actuando debe darle conocimiento de cuanto haya practicado y ponerse «desde luego» a su disposición. No sigue por su cuenta hasta el final, no se aparta del caso y no necesita consultar al juez.

Según el art. 290, si la causa de la excusa no es legítima, quien dio la orden lo pone en conocimiento del superior jerárquico del que se excusa para que le corrija disciplinariamente, salvo que haya incurrido en mayor responsabilidad; el superior le comunica después lo que resuelva. La corrección es del superior jerárquico del funcionario: no la ejerce el fiscal ni el CGPJ, que no gobierna a la policía.

El art. 288 permite al fiscal y al juez entenderse directamente con cualquier funcionario de Policía Judicial, sea cual sea su categoría; pero si el servicio admite espera, deben acudir a su superior respectivo, mientras no necesiten su auxilio inmediato. Dirigirse directamente al funcionario es lo propio de lo urgente, y la LECrim no remite a ninguna comisión ni al delegado del Gobierno.

El art. 282 bis.2 es tajante: «Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto». Por eso no hay corrección disciplinaria (la del art. 290 es para quien se excusa sin causa legítima de cumplir una orden) ni resolución judicial que lo imponga, y la escala de faltas grave y muy grave es la del art. 295, para quien no da cuenta a tiempo de sus diligencias.

El art. 297 dice que los atestados y las manifestaciones de la Policía Judicial a consecuencia de sus averiguaciones «se considerarán denuncias para los efectos legales». El valor de declaración testifical lo tienen sus demás declaraciones, firmadas y en lo que se refiera a hechos de conocimiento propio, y en el juicio oral las que presten ante el tribunal (art. 717): es el distractor tentador, pero no es el del atestado.