El procedimiento abreviado: diligencias previas y preparación del juicio oral

El art. 783.3 cierra el recurso contra el auto de apertura del juicio oral, con una salvedad: lo relativo a la situación personal, como la prisión o la libertad. Lo demás no se recurre, pero el acusado puede reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones que no se le atendieron.

La apertura del juicio oral no cierra las diligencias previas: llega después, cuando la piden el fiscal o la acusación particular con su escrito de acusación, y la acuerda el juez de instrucción —hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia— conforme al art. 783. El art. 779.1 enumera otras: el sobreseimiento, la remisión al juez competente, la inhibición a la jurisdicción militar o el traslado al Fiscal de Menores, seguir el procedimiento abreviado (el «capítulo siguiente») y las diligencias urgentes por conformidad.

El art. 782.1 manda dejar sin efecto la prisión y demás medidas cautelares al acordar el sobreseimiento: si no hay causa contra el investigado, no hay nada que asegurar. No se espera a la firmeza del auto ni a que alguien anuncie un recurso. El juez de instrucción es hoy el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 784.5 hace de la remisión al órgano de enjuiciamiento la regla, con una excepción práctica: si juzga el juez de lo penal y se desplaza periódicamente a la sede del instructor para celebrar allí los juicios que proceden de él, las actuaciones se quedan en esa oficina judicial a su disposición. No depende de la pena ni de que lo pidan las partes. Con la LO 1/2025, los juzgados de lo penal son hoy secciones de lo penal de los tribunales de instancia.

El art. 778.4 deja prescindir de la autopsia en las diligencias previas cuando el médico forense, o quien haga sus veces, dictamina cumplidamente la causa y las circunstancias relevantes de la muerte sin necesidad de ella. La decisión es del juez y descansa en ese dictamen técnico: no basta la oposición de la familia, ni que el investigado reconozca los hechos, ni lo que diga el atestado, que no es un dictamen médico.

El art. 782.1 obliga al juez a sobreseer cuando lo piden el fiscal y el acusador particular, salvo en las eximentes de los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del art. 20 del Código Penal, entre ellas la anomalía psíquica: entonces devuelve las actuaciones para calificación y el juicio sigue hasta sentencia, para imponer medidas de seguridad y resolver la acción civil. Sobreseer dejaría sin medida a quien puede necesitarla y sin indemnización a la víctima.

El art. 776.3 abre la causa a quien se persona desde ese mismo momento: puede conocer lo actuado e instar diligencias y cuanto convenga a su derecho, y el juez acuerda lo procedente sobre ellas. No espera al auto de procedimiento abreviado ni a la apertura del juicio oral. Lo que puede cerrarle el conocimiento es que se declaren secretas las actuaciones, porque a las diligencias previas se les aplican los arts. 301 y 302 (art. 774).

El art. 780.1 da al fiscal y a las acusaciones personadas un plazo común de diez días para pedir la apertura del juicio oral con su escrito de acusación, el sobreseimiento o, excepcionalmente, diligencias complementarias. Los cinco días son el término de calificación del sumario ordinario (art. 649): es el mismo acto en otro procedimiento. Siete y doce días no son plazos de este trámite.

El art. 783.1 obliga a abrir el juicio oral que pide una acusación, salvo en dos casos: que el hecho no sea constitutivo de delito (el supuesto 2.º del art. 637) o que no haya indicios racionales de criminalidad contra el acusado; entonces sobresee conforme a los arts. 637 y 641. La pena pedida no es motivo para negarla, ni lo es que el acusado haya reconocido los hechos o aún no tenga defensa: eso se resuelve después, con el emplazamiento del art. 784.

El art. 775.1 reparte la información: los hechos imputados se los explica el juez, en la forma más comprensible; antes, el letrado de la Administración de Justicia —el «secretario judicial» de la letra (DA 1.ª de la LO 7/2015)— le informa de sus derechos y le pide que designe un domicilio. Por eso el letrado tienta, pero lo suyo son los derechos, no los hechos.

Cuando la Policía Judicial ya ha informado al ofendido o perjudicado, el art. 776.1 solo pide al letrado que le notifique el número del procedimiento, el juzgado que lo tramita y las vías de contacto, sin que tenga que comparecer para un nuevo ofrecimiento de acciones: repetirlo es justo lo que la ley quiere evitar. Queda a salvo su derecho a la información actualizada del Estatuto de la víctima. El «Juzgado de Instrucción» de la letra es hoy la sección de instrucción del tribunal de instancia (LO 1/2025).

El art. 775.1 une el domicilio designado al juicio en ausencia: la citación hecha allí, o a la persona designada, permite celebrar el juicio sin el acusado en los supuestos a que remite. La letra dice «artículo 786», pero desde la LO 1/2025 esos supuestos están en el art. 787.1, y el 775 no se actualizó. No designarlo no lleva por sí a la prisión ni a la rebeldía; la requisitoria y la rebeldía llegan después, si abierto el juicio oral el acusado está en ignorado paradero (art. 784.4).

El art. 778.1 aligera la pericia en el abreviado: basta un perito cuando el juez lo considere suficiente. Es una decisión del instructor, no un acuerdo de las partes ni un privilegio del forense; en el sumario ordinario, en cambio, el reconocimiento pericial se hace como regla por dos peritos (art. 459).

La regla 5.ª del art. 779.1 lleva a la conformidad de los juicios rápidos desde las diligencias previas: si el investigado, asistido de abogado, reconoce los hechos ante el juez y la pena cabe en el art. 801, el juez convoca enseguida al fiscal y a las partes personadas para que digan si presentan escrito de acusación con su conformidad. Solo si lo hacen incoa diligencias urgentes y la causa sigue por los arts. 800 y 801; el reconocimiento por sí solo no permite dictar sentencia.

El art. 779.1 manda al juez adoptar mediante auto cualquiera de las resoluciones con que terminan las diligencias previas. Decide la suerte de la causa y se motiva, así que no es una providencia; el decreto es del letrado de la Administración de Justicia, y la sentencia, del juicio.

El art. 783.1 vuelve a dar la palabra a quien pidió el sobreseimiento cuando el juicio se abre a instancia de otro: el letrado de la Administración de Justicia —el «secretario judicial» de la letra— le da nuevo traslado por tres días para que formule escrito de acusación, salvo que haya renunciado. Abrir el juicio no lo aparta de la causa.

La regla 4.ª del art. 779.1 pide al auto de procedimiento abreviado dos cosas: la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se imputan. La calificación y la pena las pone la acusación en su escrito (art. 781), y el órgano competente se señala en el auto de apertura del juicio oral (art. 783.2), no en este.

El art. 782.2.a) da a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos y no personados un plazo máximo de quince días para comparecer y sostener la acusación; si no lo hacen, se acuerda el sobreseimiento que pidió el fiscal. Diez días son los de la otra vía del mismo apartado, la consulta al superior del fiscal (art. 782.2.b).

El art. 776.2 no deja que la falta de información pare la causa: el procedimiento continúa, y la información se hace por el medio más rápido posible, incluidos los electrónicos del art. 162 de la LEC para quien esté obligado a usarlos o los haya elegido. Ni se suspende ni se archiva, y nadie pierde su acción por no haber sido informado.

El art. 781.3 no saca del silencio del fiscal ninguna consecuencia sobre el fondo: el juez requiere a su superior jerárquico para que, en diez días, presente el escrito que proceda y dé razón de los motivos por los que no se presentó en plazo. La ley no le manda nombrar a otro fiscal ni dar cuenta al Fiscal General, y la prórroga tuvo ya su momento (art. 781.2).