La querella

Cuando el delito es in fraganti, no deja señales permanentes o se teme la fuga u ocultación del culpable, el art. 273 permite acudir por el momento al juez más próximo o a la policía en vez de esperar al competente. La finalidad es solo asegurar la investigación: practicar las primeras diligencias para hacer constar la verdad de los hechos y detener al delincuente. El juez más próximo no se queda con la causa, que sigue el competente, y acudir a él no dispensa de la fianza (arts. 280 y 281) ni da por sí la condición de parte. La letra habla del «Juez de instrucción o municipal»: el instructor es hoy el juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025), y entre los tribunales que enumera hoy la LOPJ (art. 26) no hay jueces municipales; los más próximos al ciudadano son los jueces de paz.

El art. 274 deja al querellante apartarse de la querella en cualquier tiempo, sin fijarle un trámite límite. Lo que no hace es borrar lo anterior: queda sujeto a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos previos, por ejemplo, si se querelló con temeridad o falsedad. Por eso falla la opción que lo deja «libre de responder por lo ya actuado», que es la tentadora: comparte el «en cualquier tiempo» y cambia la consecuencia.

El art. 277 exige siempre procurador con poder bastante y firma de letrado, y su número 7.º añade la firma del propio querellante, o la de otra persona a su ruego si no sabe o no puede firmar, solo cuando el procurador no tiene poder especial para formular la querella. Si el poder es especial para esa querella, basta con él. No depende de que se ejerza la acción popular, de que el delito sea privado (para estos el art. 278 pide otra cosa, la certificación de la conciliación) ni de que se pida la detención y prisión, que es solo una de las peticiones que puede contener el escrito (277.6.º).

El art. 270 distingue: la acción popular, querellarse por un delito aunque no te haya ofendido, es de los ciudadanos españoles; los extranjeros pueden querellarse por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o contra los de sus representados. Por eso la opción de «cualquier delito, ejercitando la acción popular» es la tentadora y falla: esa vía no se les abre. La ley no los limita a los delitos privados ni exige residencia legal; sí les exige prestar la fianza del art. 280 si no están exentos.

El art. 281.2.º exime de la fianza del art. 280 al cónyuge o pareja de la víctima, a sus ascendientes y descendientes, a sus colaterales hasta el segundo grado y a sus herederos, pero solo «en los delitos de asesinato o de homicidio». En las lesiones, los malos tratos o la violencia de género no rige esa exención de los allegados: quien no es el ofendido ni su heredero (art. 281.1.º) presta fianza como cualquier querellante particular. Que el delito atente contra la vida o la integridad no basta; ha de ser asesinato u homicidio.

El art. 278 exige, en los delitos perseguibles solo a instancia de parte (salvo los que el propio artículo exceptúa), acompañar la certificación de haberse celebrado o intentado la conciliación; hoy son, en la práctica, la calumnia y la injuria contra particulares, para las que el art. 804 repite la exigencia. Pero no deja que ese requisito frene lo urgente: las diligencias de comprobación de los hechos y la detención del delincuente pueden practicarse sin él, y después se suspende el curso de los autos hasta que se acredite. No se inadmite la querella ni se dispensa de la conciliación para siempre.