Los juicios rápidos: ámbito y actuaciones de la Policía Judicial

La regla 1.ª del art. 796.1 pide a la Policía Judicial dos cosas distintas: al facultativo o al personal sanitario que atendió al ofendido, copia del informe de la asistencia prestada para unirla al atestado; y la presencia del médico forense solo cuando la persona que tiene que ser reconocida no puede desplazarse al juzgado de guardia dentro del plazo del art. 799. Que haya lesionados no basta para llamar al forense, porque la regla parte de que la persona se desplaza al juzgado de guardia; y la falta del informe del facultativo o la petición del detenido no son el supuesto de la ley.

La regla 6.ª del art. 796.1 pide a los laboratorios que analicen de inmediato y remitan el resultado antes del día y hora de la citación; si no es posible, la Policía Judicial puede practicar por sí misma el análisis, sin perjuicio del debido control judicial. La detención no se alarga para esperar un análisis, y la fecha de la comparecencia no la fija la Policía Judicial a solas: la coordina con el juzgado de guardia (art. 796.2).

La regla 2.ª del art. 796.1 no deja el silencio sin consecuencia: si el interesado no manifiesta expresamente su voluntad de comparecer asistido de abogado, la Policía Judicial recaba del Colegio de Abogados la designación de un letrado de oficio. Callar no equivale a renunciar, y la ley no remite la decisión al juez de guardia (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia que esté de guardia, LO 1/2025) ni exige una manifestación por escrito.

La regla 8.ª del art. 796.1 prevé que, cuando el objeto no puede llevarse al juzgado de guardia, se solicite inmediatamente la presencia del perito o del servicio correspondiente para que lo examine, y añade que su informe puede emitirse oralmente ante el juzgado de guardia: la urgencia del juicio rápido no espera a un informe escrito. La ley no exige la firma del agente ni que el perito lo designe el fiscal, y no aparta el informe del conocimiento de la defensa.

El art. 796.3 admite, si la urgencia lo requiere, que las citaciones se hagan por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en la pertinente acta. La urgencia no restringe los medios a la cédula en mano ni lleva a los edictos, y la ley no distingue entre testigos y demás citados.

El art. 795.1 admite dos situaciones de la persona: que la Policía Judicial la haya detenido y puesto a disposición del juzgado de guardia, o que, sin detenerla, la haya citado para comparecer ante él por tener la calidad de denunciado en el atestado. No basta con anotar su domicilio para una citación posterior, ni hace falta una orden de busca del juez; y el reconocimiento de los hechos no sustituye a la citación.

El art. 795.1 abre los juicios rápidos a los delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, siempre que concurran también el atestado, la detención o la citación del denunciado y alguna de las circunstancias de la regla 1.ª, 2.ª o 3.ª. Cuatro, seis y siete años no marcan ninguna frontera del juicio rápido; la cifra que tienta por encima es la de nueve años, que es el techo del procedimiento abreviado (art. 757), no el de este.

El art. 795.1 pone dos techos distintos: cinco años para la pena privativa de libertad y diez para cualesquiera otras penas, sean únicas, conjuntas o alternativas, «cualquiera que sea su cuantía», así que una multa no cierra el paso por su importe. Por encima de diez años de otra pena el juicio rápido no cabe; el procedimiento abreviado, en cambio, admite esas otras penas cualquiera que sea su duración (art. 757).

Las tres circunstancias del art. 795.1 son alternativas: basta la flagrancia, que el delito esté en la lista de la regla 2.ª o que la instrucción se presuma sencilla. La lista nombra, entre otros, el hurto, el robo, el hurto y robo de uso de vehículos, los delitos contra la seguridad del tráfico, el allanamiento de morada del art. 202 y la usurpación del art. 245 del Código Penal. La estafa, la apropiación indebida y la falsedad documental no están en ella, aunque sean delitos patrimoniales o frecuentes en los juzgados.

El art. 795.2 cierra el juicio rápido a los delitos conexos con otro u otros que no estén comprendidos en su apartado 1. El hurto, que por sí solo cabría, queda fuera por su conexión: la ley no lo separa del otro para tramitarlo por la vía rápida, ni arrastra el delito conexo a ella, ni deja la decisión en manos del fiscal.

La regla 7.ª del art. 796.1 reconoce a todo conductor el derecho a solicitar una prueba de contraste consistente en análisis de sangre, orina u otras análogas; el personal sanitario que la realiza remite el resultado al juzgado de guardia antes del día y hora de la citación. La saliva se analiza en laboratorios homologados con garantía de la cadena de custodia, sin que la ley prevea la presencia del abogado ni la repetición por otro agente.

La regla 5.ª del art. 796.1 manda citar para el mismo día y hora a las entidades del art. 117 del Código Penal, los aseguradores que asumieron el riesgo de las responsabilidades pecuniarias; así pueden intervenir desde el principio en lo que toca a la responsabilidad civil. Al Colegio de Abogados la Policía Judicial no lo cita: le pide la designación de un letrado de oficio (regla 2.ª).

La regla 1.ª del art. 795.1 considera sorprendido en el acto no solo a quien es detenido mientras comete el delito, sino también a quien es detenido o perseguido inmediatamente después, si la persecución dura o no se suspende mientras no se pone fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. Lo que cuenta es que la persecución no se corte, no los minutos que pasen ni el lugar de la detención; y la ley no pide que la víctima lo reconozca.