La entrada y el registro y la correspondencia

El art. 570 manda requerir al interesado para que permita continuar durante la noche; si se opone, la diligencia se suspende, cerrando y sellando el local o los muebles cuando haga falta para evitar la fuga o la sustracción de lo que se busca, y se previene a los presentes de que no levanten los sellos. El registro no se da por terminado: solo se suspende el tiempo en que no es posible seguir (art. 571), y se reanuda sin necesidad de que el interesado lo consienta. El auxilio de la fuerza sirve para entrar (art. 568), no para seguir de noche contra la oposición del interesado.

El art. 586 manda que la operación se practique abriendo el juez por sí mismo la correspondencia y que, después de leerla para sí, aparte la que se refiere a los hechos de la causa. El letrado de la Administración de Justicia interviene después: rubrica los sobres y las hojas y responde de su conservación. El empleado de Correos que la detiene solo la remite de inmediato al juez (art. 581), y el interesado puede presenciar la apertura (art. 584), no hacerla.

El art. 575 obliga a todos a exhibir los objetos y papeles que se sospeche que tienen relación con la causa. A quien se niega se le corrige con multa y, si insiste, cuando el papel es importante y la índole del delito lo aconseja, se le procesa como autor de desobediencia a la Autoridad, salvo que merezca la calificación de encubridor o receptador. La ley no prevé detenerle hasta que entregue, ni multas diarias, ni dar por ciertos los hechos.

El art. 559 manda pedir la venia por medio de atento oficio, rogando que se conteste en el término de doce horas. Si pasa ese término sin respuesta o se deniega la venia, el juez no entra: lo comunica de inmediato al Ministerio de Justicia y, mientras el Ministro no resuelva, se abstiene de entrar y adopta medidas de vigilancia (art. 560). Las veinticuatro horas son el plazo máximo para notificar el auto de entrada en un domicilio (art. 550).

El art. 554.4.º reputa domicilio de la persona jurídica investigada el espacio físico que constituye su centro de dirección, sea su domicilio social o un establecimiento dependiente, y los lugares donde custodia documentos de su vida diaria reservados al conocimiento de terceros. Así que las personas jurídicas sí tienen domicilio protegido. Un local abierto al público es, en cambio, un lugar público (art. 547), y la vivienda del administrador es domicilio de él, no de la sociedad.

El art. 573 solo permite ordenar este registro cuando hay indicios graves de que de él resultará el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa, y vale lo mismo para los libros del procesado que para los de otra persona. Atender a la pena del delito es lo que hace el art. 579 para detener la correspondencia, no el art. 573 para los libros. Negarse a exhibir lo que se pide tiene su propia consecuencia, la multa y, si se insiste, el procesamiento por desobediencia (art. 575).

El art. 551 define el consentimiento por los hechos: lo presta quien, requerido para que permita la entrada y registro, ejecuta los actos necesarios que de él dependen para que tengan efecto, sin invocar la inviolabilidad del domicilio. La ley no pide que se confirme después por escrito ni que conste en el acta para valer. Y con ese consentimiento no hace falta el auto motivado, que el art. 550 reserva para cuando falta.

El art. 587 manda entregar en el acto la correspondencia ajena a la causa al procesado o a su representante; si está en rebeldía, se entrega cerrada a un individuo de su familia mayor de edad. Solo si no se conoce a ningún pariente se conserva el pliego cerrado, bajo la responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia, hasta que haya a quién entregarlo, pero no se une al sumario. Ni se devuelve a Correos ni se destruye: es del procesado.

El art. 558 exige que el auto sea siempre fundado y que exprese el edificio o lugar cerrado, si el registro tendrá lugar tan solo de día y la autoridad o funcionario que lo ha de practicar. La hora en que empieza y termina la diligencia no se sabe al dictar el auto: la recoge el acta del registro (art. 572). Y quién presencia el registro lo resuelve el art. 569 en el momento, según esté o no el interesado.

El art. 553 permite a los agentes actuar de propia autoridad, cualquiera que sea el lugar o domicilio, en casos tasados: mandamiento de prisión, flagrante delito, delincuente perseguido inmediatamente que se oculta o refugia en una casa y, en casos de excepcional o urgente necesidad, los responsables de las acciones del art. 384 bis; del registro dan cuenta inmediata al juez. Los indicios de que en un lugar hay efectos del delito justifican que el juez acuerde la entrada (arts. 546 y 550), no que la policía entre sola. Y ni la incomparecencia a una citación ni la gravedad de la pena están en la lista.

El art. 585 permite al juez instructor abrir la correspondencia aunque el procesado, citado para la apertura, no quiera presenciarla ni nombrar a quien lo haga por él, y lo mismo si está en rebeldía. Presenciarla es un derecho del interesado (art. 584), no una condición: su negativa no suspende la diligencia ni obliga a nombrarle a nadie de oficio. Y la apertura es del juez, nunca del fiscal (art. 586).