Las resoluciones y las discordias

Leer la sentencia en audiencia pública es la última de las funciones del ponente en el art. 147. El resumen de la discusión, cuando su importancia lo exige, es de quien preside (art. 152), igual que rubricar las hojas de los libros (art. 162); la custodia del libro de sentencias es del letrado de la Administración de Justicia, al que el art. 159 llama todavía secretario judicial. La disposición adicional primera de la LO 7/2015 manda entender hechas a los letrados de la Administración de Justicia las referencias a los secretarios judiciales.

El art. 149 manda deliberar inmediatamente después del juicio oral o en el día siguiente, antes de las horas de despacho. No exige votar sin levantar la sesión, los informes de las partes se oyen en el propio juicio, y la sentencia se redacta después de votarla, no antes: es la que resulte aprobada.

El art. 141 enumera lo que se decide por auto en el proceso penal, y entre ello está la prisión o libertad provisional. La providencia queda para las cuestiones procesales que no requieren la forma de auto; la sentencia decide definitivamente la cuestión criminal, y el decreto es una resolución del letrado de la Administración de Justicia (art. 144 bis), no del juez.

El art. 157 dice que los votos reservados no se insertan en las certificaciones ni testimonios de las sentencias, sino que se remiten al Tribunal Supremo, y se hacen públicos cuando se interpone y admite el recurso de casación. El voto reservado (arts. 156 y 157) no es el voto particular, que se publica con la sentencia (LOPJ, art. 260) y la LECrim incluye en el libro de sentencias (art. 159).

El art. 145 distingue en el Supremo: para los autos bastan tres magistrados, y para las sentencias hacen falta siete, salvo que la ley disponga otra cosa. Una de esas otras cosas está en la propia LECrim: para la casación, el art. 898 forma Sala de tres o de cinco magistrados.

El art. 160 manda leerlas y notificarlas el mismo día en que se firman o, a lo más, en el siguiente. Tres días es el plazo general de la LEC para practicar las comunicaciones (art. 151), que no rige frente a esta regla especial de la sentencia penal dictada en juicio oral.

El art. 144 bis llama decreto a la resolución del letrado que necesita razonarse, y por eso el decreto es siempre motivado. La diligencia de ordenación da a los autos el curso que la ley establece, y la de comunicación refleja en autos un acto con trascendencia procesal: ninguna razona una decisión. La ley dice «Secretario judicial»: la disposición adicional primera de la LO 7/2015 manda entender hechas a los letrados de la Administración de Justicia las referencias a los secretarios judiciales.

El art. 142, regla 3.ª, manda consignar las conclusiones definitivas, y además la que en su caso haya propuesto el tribunal por el art. 733. Las provisionales son las de los escritos de calificación, que las partes pueden modificar una vez practicada la prueba (art. 732): por eso la sentencia recoge las que quedaron al final.

El art. 144 no admite matices: la absolución se entiende libre en todos los casos. Lo provisional en la LECrim es el sobreseimiento (art. 641), que cierra la causa sin juicio y permite reabrirla; una absolución no lleva esa reserva.

El art. 141 llama firme a la sentencia contra la que no cabe recurso alguno, ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación. La casación es extraordinaria, pero mientras quepa la sentencia no es firme: solo la revisión y la rehabilitación quedan fuera de la cuenta. La apelación y la queja son recursos ordinarios. La LOPJ (art. 245.3) nombra solo la revisión.

El art. 143 es tajante: las ejecutorias se encabezan en nombre del Rey. Lo repite la LOPJ (art. 245.4), y concuerda con la Constitución, que dice que la justicia se administra en nombre del Rey (art. 117.1). Del pueblo es de donde la justicia emana, no en nombre de quien se encabeza la ejecutoria.

El art. 160, en su último párrafo, manda remitir la sentencia por testimonio de forma inmediata, con indicación de si es o no firme: no se espera a la firmeza ni a la ejecución. La ley dice «Juzgado de Violencia sobre la Mujer»; tras la LO 1/2025, es la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia.

Según el art. 161, pedir la aclaración, rectificación, subsanación o complemento interrumpe el plazo para recurrir, y el cómputo empieza de nuevo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconozca o niegue la omisión. Interrumpir no es suspender: no se reanuda por lo que faltaba, sino que corre entero.

El art. 165 excluye la discordia en las sentencias del Supremo en casación y en revisión: los resultandos y considerandos que no reúnen mayoría absoluta se desechan. No basta con la mayoría relativa, el voto del ponente no lo salva y quien preside no tiene voto de calidad.

El art. 160 distingue: las sentencias definitivas se notifican a las partes y a sus procuradores, y los autos que resuelven incidentes, únicamente a los procuradores. La notificación a las partes y a sus procuradores es la de la sentencia, no la del auto.

El art. 150 acopla dos reglas: a puerta cerrada, y antes o después de las horas señaladas para el despacho ordinario, es decir, fuera de ellas. Lo público es la lectura de la sentencia, no su deliberación; y el horario del despacho queda para el trabajo ordinario del tribunal.

El art. 145 fija tres magistrados para dictar autos y sentencias en las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia. Siete son los que exige el Supremo para sus sentencias. La excepción está en la LOPJ (art. 82.1.2.º): en la apelación de los juicios por delitos leves, la Audiencia se constituye con un solo magistrado.

El art. 160 resuelve el caso sin más trámite: se hace constar por diligencia y basta la notificación hecha al procurador. No hacen falta los edictos ni la requisitoria, que es la llamada al procesado en rebeldía, y la notificación no queda en suspenso.