La revisión de las sentencias penales firmes

El Fiscal General del Estado puede interponer el recurso siempre que conozca un caso en que proceda y, a su juicio, haya fundamento bastante, según la información que haya practicado (art. 961). El fiscal jefe de la Audiencia que juzgó no tiene esta legitimación propia. La acusación particular no está en la lista del art. 955, y la revisión, que solo juega a favor del condenado, no es un cauce suyo. El Defensor del Pueblo tampoco aparece en el título.

Las indemnizaciones las paga el Estado, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el juez o tribunal sentenciador que haya incurrido en responsabilidad o contra la persona directamente declarada responsable o sus herederos (art. 960). Por eso el juez y el verdadero responsable no son quienes pagan a los interesados: son aquellos contra los que el Estado puede dirigirse después. La acusación no aparece en el precepto.

El motivo del testimonio falso exige, como regla, que la falsedad se declare por sentencia firme, pero la ley la dispensa cuando el proceso penal abierto para eso se archiva por prescripción, rebeldía, fallecimiento del encausado u otra causa que no suponga una valoración de fondo (art. 954.1.a). La opción que exige siempre la sentencia se queda con la regla y olvida esa salvedad. Ni el informe del fiscal ni una retractación ante la Sala sustituyen a lo que pide la ley.

El motivo exige que esos hechos o pruebas hubieran determinado la absolución o una condena menos grave (art. 954.1.d): basta, por tanto, con que lleven a una pena menor, y no hace falta la absolución. La revisión penal solo juega a favor del condenado: una prueba nueva que agravaría la condena, o que permitiría condenar a quien fue absuelto, no la abre. Y la ley no habla de anular el juicio por falta de prueba de cargo, sino del fallo que esas pruebas habrían producido.

Muerto el penado, la ley da la legitimación a su cónyuge o a quien haya mantenido convivencia como tal, y a sus ascendientes y descendientes (art. 955). Los herederos tientan porque son quienes cobran las indemnizaciones si la revisión acaba en absolución (art. 960), pero no son quienes la promueven. Los hermanos no están en la lista, y la LECrim no abre la revisión a cualquiera con interés legítimo: a diferencia de la civil, que pide cualquier parte perjudicada, la lista del art. 955 es cerrada, aparte de la legitimación del Fiscal General del Estado (art. 961).

Las dos sentencias firmes sobre el mismo hecho y el mismo encausado son uno de los motivos tasados de revisión (art. 954.1.c). Los otros tres son vicios que se hacen valer con el recurso de casación contra una sentencia que aún no es firme: la indebida aplicación de un precepto penal sustantivo es infracción de ley, y la prueba denegada y la sentencia que no resuelve todos los puntos son quebrantamiento de forma. La revisión no es una casación tardía: solo la abren los hechos que la ley enumera.