La conclusión del sumario y el sobreseimiento

El art. 635 resuelve la duda con una presunción sencilla: es dueño quien estaba poseyendo la cosa al tiempo de incautarse de ella el juez de instrucción (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025). No hace falta título, ni cuenta lo que diga el atestado, ni la ley favorece al procesado. Quien pretenda otro derecho sobre ella puede pedir la retención y acudir a la acción civil.

El art. 640 limita el sobreseimiento del caso 3.º del art. 637 a quienes aparezcan indudablemente exentos de responsabilidad, y manda continuar la causa para los demás. Es, por tanto, un sobreseimiento parcial: el hecho sigue siendo delito y hay otros a quienes imputárselo. La causa no se detiene a esperar la firmeza del auto ni el sobreseimiento se extiende a los demás.

El art. 643 manda llamar por edictos a los interesados de paradero desconocido y publicarlos en el Tablón Edictal Judicial Único, el tablón electrónico común de la Administración de Justicia. Ni el tablón del propio tribunal, ni los periódicos, ni el boletín de la provincia son el medio que señala el artículo.

El art. 641.1 lleva al sobreseimiento provisional cuando no resulta debidamente justificada la perpetración del delito: hay indicios, pero no prueba bastante, y la causa puede reabrirse. Las otras tres son las causas del sobreseimiento libre del art. 637. La trampa está en los indicios: si no hay indicios racionales de haberse perpetrado el hecho, el sobreseimiento es libre; si los hay pero no bastan, es provisional.

El art. 627 no da un término fijo, sino una horquilla de tres a diez días que se ajusta al volumen del proceso; y si la causa excede de mil folios, se puede prorrogar sin pasar de otro tanto más. Las otras horquillas no están en la ley: lo que sí aparece después son los tres días con que el ponente examina la causa (art. 628).

El art. 638 prevé, al decretar el sobreseimiento libre por falta de indicios o por no ser delito el hecho, dos garantías para el procesado: declarar que la causa no perjudica a su reputación y, a su instancia, reservarle el derecho de perseguir al querellante como calumniador. El tribunal puede además mandar proceder de oficio contra el querellante. Nada en el artículo da recursos contra un auto favorable ni ordena publicar el auto.

El art. 627 fija el orden: primero el Ministerio Fiscal, si la causa versa sobre delito en que deba intervenir, después el procurador del querellante personado y por último la defensa del procesado o procesados, que así conoce lo que piden las acusaciones. El actor civil no figura en esta lista. El artículo habla del secretario judicial, que hoy es el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015).

El art. 622 encarga al juez instructor (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025) una sola decisión: declarar terminado el sumario y remitir los autos y las piezas de convicción al tribunal que ha de conocer del delito. Todo lo demás ocurre ya en ese tribunal: allí se pasa la causa al fiscal y a las partes para que se instruyan (art. 627), allí se decide entre el juicio oral y el sobreseimiento y allí se abre, en su caso, el trámite de calificación. El instructor no abre el juicio oral.

Según el art. 627, el escrito de devolución se conforma con el auto de terminación o pide nuevas diligencias; y si se conforma, en el mismo escrito se pide lo que convenga sobre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de cualquier clase. Pedir diligencias o la revocación es lo que haría quien no está conforme. La calificación provisional llega más tarde, una vez abierto el juicio oral.

El art. 634 combina dos ejes: el sobreseimiento puede ser libre o provisional, y total o parcial. El parcial alcanza solo a algunos procesados, y para los demás la causa sigue: se manda abrir el juicio oral respecto de ellos. El archivo es la consecuencia del sobreseimiento total; la devolución al instructor, la de revocar el auto de conclusión (art. 631).

El art. 645 restringe al tribunal cuando hay quien acusa, sea un querellante particular o el fiscal que pide el juicio oral: solo puede acordar el sobreseimiento del número 2.º del art. 637, el libre por no ser el hecho constitutivo de delito. Es una valoración jurídica que el tribunal puede hacer por sí mismo; las demás causas, también las del libre, dependen de la prueba, y en ellas manda la acusación. Por eso no cabe cualquier sobreseimiento, y tampoco tiene que abrir el juicio oral si el hecho no es delito.

El art. 623 manda notificar el auto de conclusión al querellante particular aunque solo actúe como actor civil, y ponerlo en conocimiento del fiscal cuando el delito exige su intervención. No exige que sostenga la acción penal: basta con que sea parte. La comunicación a las víctimas no personadas es la que el art. 636 prevé para el auto de sobreseimiento, no para el de conclusión, y al denunciante no se le notifica por serlo.

El art. 622 lo dice sin matices: la apelación admitida en un solo efecto no impide nunca la terminación del sumario. Lo que espera es el paso siguiente: en la Audiencia queda en suspenso la aplicación de los arts. 627 y siguientes hasta que se resuelva, así que el tribunal tampoco sigue como si el recurso no existiera. Ni la resolución del recurso ni la firmeza del auto apelado condicionan la conclusión. El secretario judicial de la letra es hoy el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015).

Es el caso 2.º del art. 641: consta el delito, pero no contra quién dirigir la acusación. El sobreseimiento es provisional porque la causa puede reabrirse si aparece el autor. El libre (art. 637) no encaja: aquí el delito consta. La ley no prevé suspender el sumario a la espera, y no se abre juicio oral sin nadie a quien acusar.

El art. 622 da al fiscal un papel de impulso solo cuando no hay acusador privado: si considera reunidos los elementos para calificar, lo hace presente al juez instructor (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025) para que la causa no se dilate. La ley no lo condiciona a que el procesado esté preso, a que lo pida la defensa ni al secreto del sumario.

El art. 635 permite al tercero que reclama una pieza retenerla mientras se resuelve la acción civil que piensa entablar. Si el tribunal accede, le fija un plazo para acreditar que la ha entablado, y si no lo acredita, o si nadie pide la retención, la pieza se devuelve a su dueño. Ni la firmeza del auto, ni una fianza del dueño, ni la prescripción del delito son el término de la retención.

El art. 642 abre una puerta a los interesados en la acción penal cuando el fiscal no quiere acusar y nadie más lo hace: el tribunal puede hacerles saber la pretensión para que comparezcan a defender su acción. Si no comparecen, acuerda el sobreseimiento que pidió el fiscal, sea libre o provisional. No puede abrir juicio con un fiscal que no acusa, ni cambiar la clase de sobreseimiento pedida, ni nombrar a nadie que acuse.

El art. 623 fija quince días para comparecer ante el Tribunal Supremo y un término más corto ante la respectiva Audiencia: la cifra mayor responde a la mayor distancia del órgano. Ni cinco ni veinticinco días son términos de este emplazamiento.

El art. 631 dice qué sigue a la revocación: el proceso vuelve al juez que lo remitió (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025), con la indicación de las diligencias que faltan y, si hacen falta, con las piezas de convicción necesarias. El tribunal no instruye por sí mismo ni fija al juez un plazo para concluir de nuevo; y el sobreseimiento provisional no es una forma de esperar diligencias, sino una de las clases de sobreseimiento, con sus propias causas (art. 641).