Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y las disposiciones comunes

La primera letra del art. 28.1 es la información general sobre sus derechos y, en particular, sobre la posibilidad de acceder a un sistema público de indemnización. Las Oficinas informan y asesoran; no pagan nada por adelantado, ni reconocen el derecho a la asistencia jurídica gratuita (el art. 28.1.d habla de asesorar sobre ese derecho, no de concederlo), ni asumen la defensa de la víctima ante el tribunal, que es cosa de su abogado. El distractor del pago tienta porque comparte la indemnización con la clave: la ley pone en la Oficina la información sobre cómo llegar a ella, no el dinero.

El art. 28.3 es tajante: el acceso a los servicios de apoyo a las víctimas «no se condicionará a la presentación previa de una denuncia». La víctima puede acudir a la Oficina antes de decidir si denuncia, y la ley no le pone otra condición, como que haya un procedimiento abierto, ni le recorta los servicios a la mera información: el 28.3 habla de todos los servicios de apoyo. El distractor tentador es exigir antes la denuncia, porque casi todo el proceso arranca de ella; aquí la ley separa a propósito el apoyo a la víctima de la persecución del delito.

El art. 35.1 fija un recargo propio: los gastos y servicios se abonan «con un incremento del interés legal del dinero aumentado en un cincuenta por ciento». No es el interés legal sin más, sino ese interés más la mitad, y la ley no da otra cifra: ni el diez, ni el veinticinco, ni el doble. Cómo se liquida la deuda y cuánto corresponde a cada concepto lo deja el art. 35.2 al reglamento, pero el cincuenta por ciento lo pone la ley.

El art. 34 pide a los poderes públicos que fomenten campañas de sensibilización y «la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada» para preservar la intimidad, la imagen, la dignidad y los demás derechos de las víctimas, que esos medios deberán respetar. La LO 10/2022 solo añadió a esa lista la imagen; lo demás está en la ley desde 2015. La ley confía en que los medios se regulen a sí mismos: no prevé un registro de los que informan sobre víctimas, ni que un ministerio supervise sus contenidos, ni un código aprobado por el Gobierno.

El art. 27.1 encarga las Oficinas al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de Justicia, cada uno en el ámbito que les es propio. El Ministerio del Interior tienta porque la policía suele ser el primer contacto de la víctima, pero la ley no le da las Oficinas; tampoco al Consejo General del Poder Judicial ni a los órganos de gobierno de los tribunales, ni a diputaciones o ayuntamientos.

El art. 35.1 hace nacer esta obligación de reembolso de una causa: que quien se benefició como víctima «fuera condenada por denuncia falsa o simulación de delito». Entonces devuelve las ayudas y paga los gastos que causó a la Administración. Retirar la denuncia, el archivo por prescripción o irse a vivir a otro Estado de la Unión no la hacen nacer. Las ayudas de la Ley 35/1995 tienen su propia acción de repetición del Estado, con sus causas, distinta de esta. No hay que confundirla con el reembolso de gastos del art. 14, que es otra figura.

La relación del art. 30.1 nombra a jueces y magistrados, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia y de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, a los funcionarios estatales o autonómicos que trabajen en esta materia. Los abogados son la trampa: no están en esa relación, porque su formación y sensibilización la encarga el art. 30.2 a sus propios Colegios de Abogados y de Procuradores. Los vigilantes de seguridad privada y los periodistas tampoco figuran: de los medios de comunicación la ley se ocupa en otro artículo y desde otro ángulo.