La participación de la víctima en el proceso penal

El art. 13.1 abre el recurso a las víctimas que hubieran solicitado, conforme a la letra m) del art. 5.1, que se les notifiquen esas resoluciones. Esa solicitud es la llave. Ser oída antes del auto es un trámite del apartado 3 para quien ya la hizo, no una condición del recurso; haber denunciado los hechos no es lo que pide este artículo, y la evaluación individual es otra cosa, que sirve para decidir medidas de protección.

El art. 12.1 nombra dos grupos de víctimas directas: las que denunciaron los hechos y, además, el resto de víctimas directas de cuya identidad y domicilio se tenga conocimiento. Haberse personado no es el criterio de ninguno de los dos, y quedarse en las que denunciaron deja fuera a las demás que la ley también incluye. Y no llega a las que no se pueden localizar, porque la ley exige que se conozcan su identidad y su domicilio.

El art. 15.2 sujeta a los mediadores y a los demás profesionales del procedimiento a secreto profesional sobre los hechos y manifestaciones que conozcan en el ejercicio de su función. La ley no le pone un término, como el final de la mediación, y no les encarga trasladar lo que se dijo en ella ni a la policía ni al Fiscal.

El art. 15.1 da la finalidad de estos servicios: que la víctima obtenga «una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito». No son un cauce para ahorrarse la declaración en el juicio, para cambiar la forma en que el infractor cumple la pena ni para cobrar un anticipo del Estado.

El art. 15.1 exige que se cumplan a la vez todos sus requisitos, y el primero es que el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad. Aquí falta, aunque los dos consientan y aunque la mediación no ponga en riesgo a la víctima: esos otros requisitos son necesarios, pero no bastan solos. Y nada en el artículo excluye las lesiones: la letra e) solo deja fuera los delitos para los que la ley lo prohíba.

El art. 18 reconoce a la víctima la devolución «sin demora» de los bienes restituibles de su propiedad que se incautaron en el proceso. Son dos condiciones a la vez: que sean suyos y restituibles, y que se devuelvan sin esperar a que el proceso termine. Reclamarlos como suyos no basta, porque el derecho es a los bienes restituibles que sean de su propiedad.

El art. 11.b) reconoce a toda víctima el derecho a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de prueba y la información que estime relevante para esclarecer los hechos. Es un derecho a aportar, no a dirigir: el artículo no le da poder para exigir que se practiquen las diligencias que proponga ni para dirigir la investigación con ellas, y tampoco le promete un aviso previo de cada diligencia.

La letra c) del art. 13.1 deja a la víctima recurrir el auto que concede al penado la libertad condicional cuando el delito es uno de los de la letra a), entre ellos el homicidio, o de los del párrafo segundo del art. 36.2 del Código Penal, siempre que se le haya impuesto una pena de más de cinco años de prisión, como aquí. Mantenerlo en segundo grado, trasladarlo de centro o sancionarlo en prisión no están entre los autos que enumera el artículo.

El art. 17 no deja la denuncia en el aire: si las autoridades españolas no le dan curso por falta de jurisdicción, la remiten inmediatamente a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se cometieron los hechos, y se lo comunican al denunciante por el medio que designó. No la archivan cargando a la víctima con volver a denunciar, no se la devuelven y no interviene Eurojust.

El art. 16 convierte al funcionario o la autoridad que informa a la víctima en una puerta de entrada: recibe la solicitud y la traslada, con la documentación aportada, al Colegio de Abogados correspondiente. No la envía directamente a la Comisión ni al juzgado. La Oficina de Asistencia a las Víctimas es otro sitio donde la víctima puede presentarla, no el destino al que el funcionario la manda.

El art. 13.1 fija dos plazos que corren los dos desde la notificación: un máximo de cinco días para anunciar la voluntad de recurrir y quince para interponer el recurso. El anuncio va primero y es el plazo corto; ni diez ni veinte días son plazos de este artículo.