Quién es víctima y sus derechos básicos

El art. 4.a manda que, si la víctima es menor o tiene la capacidad judicialmente modificada, las comunicaciones se hagan a su representante o a la persona que le asista. La ley no distingue edades dentro de la minoría, así que tener dieciséis años no cambia el destinatario. El Fiscal y el juez intervienen en el proceso por otras vías, pero no son quienes reciben, en lugar del menor, las comunicaciones del art. 4.

El art. 9.4 permite recurrir ante el juez la decisión policial de no facilitar interpretación o traducción, y da por interpuesto el recurso cuando la víctima expresa su disconformidad en el momento de la denegación. La decisión policial sí es recurrible, la víctima no tiene que reiterar su disconformidad por escrito y la decisión no pasa al fiscal. La ley nombra al juez con el rótulo anterior a la LO 1/2025; la respuesta no depende de él.

El art. 5.1 quiere esa información adaptada a las circunstancias y condiciones personales de la víctima, a la naturaleza del delito cometido y a los daños y perjuicios sufridos, y se le debe antes incluso de denunciar, así que no depende de que sea parte. Ni el secreto de las actuaciones ni una decisión del juez la modulan en este artículo.

El último párrafo del art. 2 deja fuera de la ley a los terceros que hayan sufrido perjuicios derivados del delito: no son víctimas directas ni indirectas. Las demás sí entran. El art. 1 alcanza también los delitos que puedan perseguirse en España aunque no se cometieran aquí; la ley habla de víctimas de delitos sin distinguir su gravedad, y sus derechos no dependen de que la víctima sea parte en el proceso.

El art. 9.2 admite como regla que el intérprete asista por videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación, y la excepción es la presencia física, que acuerda el juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, para salvaguardar los derechos de la víctima. No hace falta su consentimiento, y la regla no se limita a la investigación ni a que falte intérprete en el lugar.

El art. 2.b solo reconoce víctimas indirectas en los casos de muerte o desaparición de una persona causada directamente por un delito, y aun entonces excluye a los responsables de los hechos. Ni unas lesiones graves, por serias que sean, ni la minoría de edad o la discapacidad de la víctima, ni que el delito ocurra en la familia o en la pareja convierten a sus allegados en víctimas indirectas.

El art. 6.a da a la víctima que denuncia el derecho a obtener una copia de la denuncia debidamente certificada. Lo que se le entrega es su denuncia, no el atestado entero; la ley no le reconoce que se detenga en el acto al denunciado ni le permite denunciar sin identificarse.

El ordinal 2.º del art. 2.b llama, en defecto de los del 1.º, a los demás parientes en línea recta y a los hermanos, y entre ellos prefiere al que ostentara la representación legal de la víctima. La ley no ordena por grado ni por edad, y la convivencia es un requisito que pone el 1.º a los hijos, no un criterio de preferencia en el 2.º. Personarse antes que los demás no da ninguna preferencia.

El art. 8.2 califica el incumplimiento de esa prohibición como infracción disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan. La ley no gradúa la falta según cuántas víctimas haya ni la deja en grave o leve.

El art. 7.1.e manda a la Administración penitenciaria comunicar inmediatamente la resolución a la autoridad judicial, y es esta la que la notifica a la víctima. La prisión no se dirige a ella directamente, y la ley no pone en ese camino al Fiscal ni a la policía.

El art. 3.1 reconoce los derechos de la víctima con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. Las dos cosas son irrelevantes a la vez: un delito sin autor conocido o una causa que termina sin condena no le quitan la protección, la información, el apoyo ni la reparación que la ley le reconoce.

El art. 7.1.d manda notificar a la víctima las resoluciones que adopten medidas cautelares personales o modifiquen las ya acordadas cuando hubieran tenido por objeto garantizar su seguridad. La condición es la finalidad de la medida: la letra no mira quién la pidió ni la gravedad del delito.

El tercer párrafo del art. 10, en la redacción de la LO 10/2022, extiende las medidas de asistencia y protección de los títulos I y III a los hijos menores y a los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las víctimas de violencia de género, de violencia sexual y de violencia doméstica. No exige convivencia, no llega a los nietos y no se define por haber presenciado el delito.

El segundo párrafo del art. 3.1, que añadió la LO 10/2022, veda en todo caso la mediación y la conciliación en los supuestos de violencia sexual y de violencia de género. La violencia doméstica no está en ese párrafo: el veto no alcanza a todo delito cometido en la familia. Tampoco la ley lo extiende a los delitos leves ni a los patrimoniales por su clase o su gravedad. Lo que decide es si el supuesto es de violencia sexual o de género, sea cual sea el nombre del delito.

El art. 2.a llama víctima directa a «toda persona física» que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio. Una sociedad no lo es, por mucho que el robo recaiga sobre sus bienes, y personarse en la causa no le da una condición que la ley define por la clase de persona. Tampoco es verdad que el daño patrimonial no cuente: a la persona física que lo sufre la ley la llama víctima directa, como a quien sufre lesiones o daños emocionales.

El art. 7.3 manda notificar a la víctima de violencia de género las resoluciones de las letras c) y d) del 7.1 sin necesidad de que lo solicite, y deja de hacerlo si manifiesta que no desea recibirlas. No depende de que las pida al denunciar ni de que el juez valore su riesgo, y la ley no las encauza por su abogado.

El art. 10 obliga a las autoridades y funcionarios a derivar a la víctima a las Oficinas cuando resulte necesario por la gravedad del delito o cuando ella lo solicite. No esperan a una orden judicial, y la falta de abogado o de personación o el idioma no son por sí solos el supuesto de la derivación.

El art. 4.b manda facilitar a la víctima la asistencia o los apoyos necesarios para hacerse entender, y nombra expresamente la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. La grabación de declaraciones y la declaración a distancia son medidas de protección de otro título de la ley, no apoyos para hacerse entender, y la ley no nombra mediadores interculturales.

El art. 6.b ata la asistencia lingüística y la traducción escrita a que la víctima no entienda o no hable ninguna de las lenguas oficiales del lugar donde denuncia. Si entiende la cooficial, aunque no el castellano, no la tiene; no basta con pedirla, y no cuenta su lengua materna sino si comprende alguna de las oficiales del lugar.