A quién se aplica la ley de responsabilidad penal de los menores

El art. 5.2 dice que, «no obstante», a los menores en quienes concurra una de esas tres eximentes se les pueden aplicar, en caso necesario, las medidas terapéuticas del art. 7.1, letras d) y e), de esta ley. La ley no los deja, como a cualquier otro eximido, sin posibilidad de medida; y lo que se les aplica no son las medidas ordinarias recortadas ni las medidas de seguridad del Código Penal.

El art. 2.4 lleva al Juzgado Central de Menores, además de los delitos de los artículos 571 a 580 del Código Penal, los cometidos por menores en el extranjero cuando, conforme al art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los tratados, su conocimiento corresponda a la jurisdicción española. No trasladan el asunto la nacionalidad extranjera del menor, que el hecho toque a varias comunidades autónomas ni que se trate de tráfico de drogas en grupo. La ley conserva el rótulo anterior a la Ley Orgánica 1/2025, y la clave no depende de él.

El art. 3 obliga al Ministerio Fiscal a remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos, para valorar la situación del menor, y es esa entidad la que ha de promover las medidas de protección adecuadas. Ni el Juez de Menores interviene en este trámite ni el equipo técnico recibe el testimonio; lo recibe la entidad pública, que es quien promueve las medidas.

El art. 6 encarga al Fiscal ordenar que la policía judicial practique las actuaciones necesarias para comprobar los hechos y la participación del menor en ellos. La situación psicológica, educativa y familiar del menor no es objeto de esas actuaciones policiales, sino del informe del equipo técnico (art. 27.1), y el artículo no les encarga averiguar la solvencia de los padres ni decidir sobre medidas cautelares.

El art. 5.1 hace responsable al menor con arreglo a esta ley cuando ha cometido uno de los hechos del art. 1 y no concurre en él ninguna causa de exención o de extinción de la responsabilidad criminal del Código Penal. Que el hecho lo tipifique una ley penal especial no lo saca de la ley, que las nombra junto al Código; haberlo cometido con mayores de edad tampoco, y pagar la responsabilidad civil no figura entre las causas de exención (art. 20 del Código Penal) ni entre las de extinción (art. 130).

El art. 1.2 nombra «particularmente» la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y, entre los tratados, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. La de 2015 modificó el sistema de protección a la infancia y la de 2021 protege a la infancia frente a la violencia, pero el artículo no nombra ninguna de las dos; tampoco la de 1982, sobre el honor y la propia imagen.

El art. 2.1 atribuye esa competencia a los Jueces de Menores «sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autónomas respecto a la protección y reforma de menores». El artículo no deja a salvo facultades del Ministerio del Interior, de los ayuntamientos ni de las Diputaciones Provinciales.

El art. 5.3 refiere todas las edades de la ley al momento de la comisión de los hechos, y añade que haberlas rebasado antes de comenzar el procedimiento o durante su tramitación no tiene incidencia alguna sobre la competencia de los Jueces y Fiscales de Menores. Ni la edad al iniciarse el procedimiento ni la gravedad del delito llevan el hecho a la jurisdicción ordinaria, y la de menores aplica las medidas de esta ley, no las penas del Código Penal.

El art. 6 encomienda al Fiscal la defensa de los derechos de los menores, la vigilancia de las actuaciones que deban hacerse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento. Autorizar diligencias que restrinjan derechos, decidir el secreto de las actuaciones o asistir al menor como su letrado no figuran entre las funciones que le da este artículo.

El art. 4, en su redacción vigente, que conserva lo que ya decía desde la Ley Orgánica 8/2021, encarga esa información al Letrado de la Administración de Justicia, el mismo al que manda derivar a la víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima. No la da el Juez de Menores, ni el equipo técnico, cuya tarea es informar sobre el menor, ni la entidad pública.