La audiencia, la sentencia y los recursos

El art. 36.2 no da la última palabra ni al menor ni a su letrado: si el letrado no está de acuerdo con la conformidad que ha prestado el propio menor, es el Juez quien resuelve si la audiencia continúa o no, y razona esa decisión en la sentencia. Ni la conformidad del menor se impone sin más, ni la discrepancia del letrado obliga a seguir; y el Fiscal, que es parte acusadora, no decide sobre ello.

Entre lo que la sentencia pondera para resolver sobre la medida, el art. 39.1 pone la edad del menor «en el momento de dictar la sentencia», junto a las circunstancias y la gravedad de los hechos, su personalidad y su entorno, y si cometió antes otros hechos de la misma naturaleza. La edad al cometer los hechos es la que fija el régimen y los máximos (arts. 5.3 y 10); el art. 39.1 añade, como dato para elegir la medida, la que tiene al dictarse la sentencia. No nombra la de la declaración ante el Fiscal, la de la incoación del expediente ni la de la audiencia.

El art. 41 reparte los recursos por la clase de resolución: contra la sentencia, apelación (41.1); contra los autos y providencias, reforma ante el propio órgano que las dictó (41.2). La reforma no sirve contra la sentencia, y la providencia no se apela directamente: lo apelable es el auto que resuelve su impugnación. La ley conserva el rótulo de juez anterior a la Ley Orgánica 1/2025; la clave no depende de él.

El art. 41.1 separa a quien resuelve el recurso de aquel ante quien se presenta: se interpone ante el mismo Juez que dictó la sentencia, en cinco días a contar desde su notificación, aunque lo resuelva un tribunal superior. No se presenta directamente ante ese tribunal, y diez días no es el plazo de este recurso. La ley conserva el rótulo de juez anterior a la Ley Orgánica 1/2025; la clave no depende de él.

La última frase del art. 40.1 exceptúa de la suspensión el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil: la medida queda en suspenso y la reparación del perjuicio se ejecuta igualmente. No sigue la suerte de la medida ni espera a que acabe el plazo, y la ley no hace depender esa ejecución de que la pida la víctima.

El art. 32 reserva la sentencia de conformidad sin más trámite a los escritos de acusación que piden alguna de las medidas de las letras e) a ñ) del art. 7.1. Las cuatro primeras letras de esa lista son los internamientos, y el semiabierto es la b): aunque estén conformes el menor, su letrado y los responsables civiles, que es lo otro que exige el artículo, esa vía no se abre. Eso no impide que el menor se conforme al empezar la audiencia (art. 36); lo que no cabe es la sentencia sin más trámite. No la abre tampoco una ratificación del Fiscal, y la conformidad de los representantes legales no figura entre los requisitos. La ley conserva el rótulo de juez anterior a la Ley Orgánica 1/2025; la clave no depende de él.

Aunque las sesiones sean públicas, el art. 35.2 cierra una puerta «en ningún caso»: los medios de comunicación no pueden obtener ni difundir imágenes del menor ni datos que permitan identificarle. Lo que protege el artículo es la identidad del menor, no el contenido del debate: no prohíbe captar imágenes de unas sesiones públicas en las que el menor no aparezca, ni dar cuenta de la calificación de los hechos o de las medidas que se piden, mientras nada de ello lo identifique.

El art. 35.1 no hace depender la audiencia de su presencia: su inasistencia injustificada «no será por sí misma causa de suspensión». La audiencia no se para ni se repite la citación por esa sola causa. Tampoco dice la ley que su ausencia valga como conformidad con lo pedido, ni que deje sin resolver la responsabilidad civil.

El art. 35.2 nombra dos intereses que justifican que las sesiones no sean públicas: el de la persona imputada y el de la víctima. No menciona al Fiscal, al letrado ni a las demás partes ni a quienes intervienen en la audiencia, como el equipo técnico o la entidad pública, cuyo interés no basta, según este artículo, para cerrarla al público.

El art. 34 pone la decisión en el Juez y le da forma: acuerda lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas «mediante auto de apertura de la audiencia», dentro de los cinco días siguientes al escrito del letrado del menor o al fin de su plazo; después se señala el comienzo de la audiencia. El Fiscal, que ya remitió el expediente con su escrito de alegaciones, no decide sobre la prueba de las partes en esta fase, y esperar a la sentencia dejaría la audiencia sin saber qué se practica. La ley conserva el rótulo de juez anterior a la Ley Orgánica 1/2025; la clave no depende de él.

El párrafo segundo del art. 32 ciñe la audiencia a lo único discutido: si el menor y su letrado solo discrepan en la responsabilidad civil, se limita a la prueba y discusión de esos puntos. No se repite el debate sobre los hechos y la medida, en los que no hay controversia, ni se suspende a la espera de otra resolución. Tampoco manda la ley, por esa discrepancia, reservar la acción civil para otro proceso: la discute en esta misma audiencia.