El expediente de reforma y las medidas cautelares

El art. 28.3 fija en seis meses el tiempo máximo del internamiento cautelar y permite una prórroga de otros tres como máximo. La prórroga no es automática: la pide el Ministerio Fiscal, se oye antes al letrado del menor y se acuerda por auto motivado. La prórroga es, pues, la mitad del plazo inicial, y no lo duplica.

El art. 22.2 da tres días para designar letrado y advierte a la vez de la consecuencia de no hacerlo: se le nombra uno de oficio del turno de especialistas del Colegio de Abogados. Hecha la designación, el Fiscal la comunica al Juez de Menores. Ni los dos, ni los cinco ni los diez días son el plazo de este trámite.

El art. 23.2 obliga al Fiscal a dar vista del expediente al letrado del menor, y en su caso a quien ejerce la acción penal, «tantas veces como aquel lo solicite», y cada vez en no más de veinticuatro horas. No es una vista única al final ni una por diligencia, y la ley no deja que el curso de la investigación limite cuántas son: lo que puede cerrar el expediente durante la instrucción es el secreto que regula el art. 24, no el criterio del Fiscal.

Es el Ministerio Fiscal quien requiere el informe del equipo técnico, y el art. 27.1 dice que, a estos efectos, el equipo depende funcionalmente de él «sea cual fuere su dependencia orgánica». La dependencia orgánica, que puede ser de una u otra Administración, no cambia a quién responde el equipo al hacer el informe. La ley lo llama «adscrito al Juzgado de Menores» al reconocer al menor el derecho a su asistencia, pero cuando elabora este informe responde al Fiscal. La entidad pública de protección o reforma de menores es otra pieza del sistema, no la que dirige este trabajo.

El art. 30.3 distingue dos casos. El Fiscal «podrá» proponer que participen en la audiencia personas o representantes de instituciones públicas y privadas que aporten elementos sobre el interés del menor y la conveniencia de las medidas; pero «en todo caso» serán llamados los perjudicados civilmente por el delito y los responsables civiles. Las instituciones son, por tanto, una propuesta posible y no una llamada obligada; la ley no llama a la audiencia, por ser denunciantes, a quienes denunciaron los hechos, y la entidad pública que ejecutó medidas anteriores puede asistir a la audiencia (art. 35.1), pero no está entre quienes se llaman en todo caso.

El art. 22.1 abre la lista de derechos del menor con su momento: «Desde el mismo momento de la incoación del expediente». Entre esos derechos está el de intervenir en las diligencias de la investigación preliminar y del proceso judicial y el de proponer y solicitar que se practiquen. No espera al informe del equipo técnico, ni a que se concluya la instrucción o se abra la audiencia: la investigación en la que interviene es justamente la que va antes de todo eso.

El art. 23.4, añadido por la LO 1/2025, manda al Fiscal instar del Juzgado de Menores la declaración de la víctima o de otro testigo como prueba preconstituida, de oficio o a petición de cualquiera de las partes personadas, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y asegurando la contradicción. Procede cuando hay riesgo de que no pueda acudir al juicio oral o cuando se trata de una persona especialmente vulnerable. El Fiscal no la recibe por sí en el expediente, y ni el equipo técnico ni la Policía Judicial la practican.

El art. 23.3 le quita al Fiscal esta facultad: no puede practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que ha de pedirlas al Juzgado, y el Juez de Menores resuelve por auto motivado. Su práctica se documenta en pieza separada, no en el cuerpo del expediente. Las dos opciones que dan la decisión al Fiscal le atribuyen justo lo que el artículo le niega.

La letra e) del art. 22.1 reconoce la asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento, con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, «si el Juez de Menores autoriza su presencia». La condición la pone el juez: no basta con que la permita el Fiscal, ni depende de lo que aconseje el equipo técnico o de que la pida el letrado.

El secreto puede durar toda la instrucción, pero el art. 24 le pone un límite: el letrado del menor y quien ejerce la acción penal deben conocer el expediente entero, «en todo caso», al evacuar el trámite de alegaciones. La ley no adelanta ese momento a la primera declaración del menor, a la llegada del informe del equipo técnico ni a la adopción del internamiento cautelar.

El art. 28.1 pide dos cosas para solicitar una medida cautelar: indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de que el menor eluda u obstruya la acción de la justicia o atente contra los bienes jurídicos de la víctima. La ley no exige que el menor haya sido detenido ni que haya reconocido los hechos, ni que la víctima se haya personado.

El art. 24 atribuye el secreto al Juez de Menores, que lo decreta mediante auto motivado a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o de su familia, o de quien ejercite la acción penal. El Fiscal puede pedirlo, pero no lo decreta, ni por sí ni con autorización del juez, y una providencia no basta. El secreto puede ser total o parcial y abarcar toda la instrucción o solo un período.

El art. 28.1 deja al Fiscal pedir las medidas cautelares de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, y «en cualquier momento», sin esperar a que termine la instrucción. El equipo técnico es oído antes de que el juez resuelva e informa sobre la naturaleza de la medida, pero no es quien la propone.

El art. 28.1 enumera las medidas cautelares posibles: internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el Juez, y convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Las prestaciones en beneficio de la comunidad, la permanencia de fin de semana y las tareas socio-educativas son medidas del catálogo del art. 7, pero no figuran entre las cautelares.

El art. 27.1 fija un plazo máximo de diez días para entregar el informe, o la actualización de los anteriores, y permite prorrogarlo, por un período no superior a un mes, en casos de gran complejidad. El plazo es de diez días y no de cinco, y la prórroga existe, aunque solo para esos casos.

La letra e) del art. 25 deja participar a la acusación particular en la práctica de las pruebas, en la instrucción y en la audiencia, y permite denegar el careo que pida «cuando no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación del menor en los mismos». Por eso no cuenta que se pida tras la instrucción, y la ley no hace depender el careo de que el menor lo acepte ni de lo que diga el equipo técnico.

La regla general del art. 26.1 es que el Fiscal decide si admite las diligencias que proponen las partes, y por eso tienta la segunda opción. Pero el art. 26.2 hace una excepción con la declaración del menor: si una parte la propone, el Fiscal debe recibirla en el expediente, salvo que la instrucción haya concluido y el expediente se haya elevado ya al Juzgado de Menores. No la delega en el juez ni depende del informe del equipo técnico.