La incoación del expediente y la detención del menor

El segundo párrafo del art. 18 convierte la facultad en deber: aunque el hecho sea de los que admiten el desistimiento, si consta que el menor cometió antes otros de la misma naturaleza, el Fiscal «deberá incoar» el expediente. La ley no lo condiciona a que la víctima se oponga ni a que los hechos anteriores se juzgaran, y no le pide consultar al juez.

El art. 18 manda al Fiscal que desiste de incoar dar traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores, y comunicar el desistimiento a los ofendidos o perjudicados conocidos. Lo actuado no va al juez con una petición de archivo ni al equipo técnico, y la ley no manda dar traslado de ello a la familia.

El art. 19.2 define la reparación con dos piezas: el compromiso que el menor asume con la víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquellos o de la comunidad, y su realización efectiva. Reconocer el daño y disculparse, con la aceptación de la víctima, es la conciliación, la otra figura del mismo apartado; la actividad educativa propuesta por el equipo técnico es una vía distinta del art. 19.1; y lo que acuerda un juez no es un compromiso asumido por el menor.

El segundo párrafo del art. 17.2 da al menor detenido la entrevista reservada con su abogado en los dos momentos: antes de que se le tome declaración y cuando la diligencia termina. No es uno u otro, y no depende de que lo autorice nadie, porque es un derecho del menor.

El art. 16.2 da al Fiscal un solo criterio para admitir o no a trámite la denuncia: que los hechos sean o no, por indicios, constitutivos de delito. La gravedad del hecho, la edad, el interés del menor o que la víctima se persone pesan en otras decisiones de la ley, no en este primer filtro.

El art. 20.1 no hace excepción más que para los hechos conexos. La «unidad de expediente» de la rúbrica no es un procedimiento único por menor, porque los procedimientos se archivan en el expediente personal que la Fiscalía abre a cada menor (20.2), y tenerlo abierto no impide incoar uno nuevo. La ley no reúne los hechos por la víctima.

El art. 20.3 resuelve la dispersión territorial por la persona y no por el hecho: decide el lugar del domicilio del menor, y solo de forma subsidiaria los criterios del art. 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No cuentan el domicilio de la víctima ni el lugar del último hecho, y la Fiscalía que lleva el expediente personal no fija la competencia.

El art. 17.2 quiere que el menor detenido declare ante su letrado y ante quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda. Si falta este, ocupa su lugar el Ministerio Fiscal, pero no el fiscal que instruye el expediente: lo representa una persona distinta del instructor, que es quien dirige la investigación. El equipo técnico no suple esa ausencia, sea quien sea el profesional.

El art. 21 encarga la salida al propio Fiscal: si el asunto no es de la competencia de la jurisdicción de menores, acuerda remitir lo actuado al órgano legalmente competente. No lo archiva, no plantea una cuestión de competencia ante el juez ni devuelve la denuncia. La ley conserva el rótulo de juzgado anterior a la Ley Orgánica 1/2025; la clave no depende de él.

El art. 18 cierra el desistimiento de incoar por dos lados: el delito ha de ser menos grave, no grave, y cometido sin violencia ni intimidación en las personas, sea cual sea su intensidad. «Graves», dicho de la violencia o la intimidación, es el adjetivo de otro supuesto de la ley, no de este: aquí basta que la haya para que el Fiscal no pueda desistir de incoar.

El art. 19.3 encarga la mediación entre el menor y la víctima o perjudicado al equipo técnico, que informa al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento. El letrado del menor no es quien media, y la ley dirige el informe al Fiscal; al juez llega lo actuado cuando el Fiscal le pide el sobreseimiento (19.4).

El art. 19 separa no querer de no poder. Si el menor no cumple la reparación o la actividad educativa acordada, el Fiscal continúa la tramitación del expediente (19.5). Si no pudo llevarla a efecto por causas ajenas a su voluntad, el 19.4 le da la misma salida que al compromiso cumplido: el Fiscal da por concluida la instrucción y pide el sobreseimiento y archivo.

El art. 16 encadena dos pasos: el Fiscal da cuenta de la incoación del expediente al Juez de Menores, y este, «al propio tiempo», ordena abrir la pieza separada de responsabilidad civil, que se tramita por las reglas del art. 64. No la abre el Fiscal, aunque sea quien instruye, y no espera al escrito de alegaciones ni al final de la instrucción: nace a la vez que el expediente. La ley conserva el rótulo de juez anterior a la Ley Orgánica 1/2025; la clave no depende de él.

El art. 16.5 parte la causa mixta: el juez adopta las medidas necesarias para asegurar el éxito de la investigación respecto de los mayores de edad, que sigue siendo suya, y manda remitir al Ministerio Fiscal testimonio de los particulares precisos, a los efectos del apartado 2 del mismo artículo. No sigue contra todos ni se inhibe por todos, y el Fiscal no instruye contra los mayores. La ley conserva el rótulo de juez anterior a la Ley Orgánica 1/2025; la clave no depende de él.

El art. 17.5 deja al Fiscal tres salidas: la puesta en libertad del menor, el desistimiento del artículo siguiente —el de no incoar el expediente— o la incoación, que pone al menor a disposición del juez. El sobreseimiento no es una de ellas, la conciliación con la víctima presupone un expediente ya abierto (art. 19.1) y el internamiento cautelar no lo acuerda el Fiscal (art. 28).

El segundo párrafo del art. 19.2, que añadió la Ley Orgánica 10/2022, niega el efecto de conciliación en los hechos relacionados con la violencia de género, y lo admite con dos requisitos a la vez, que la víctima lo solicite expresamente y que el menor haya realizado la medida accesoria de educación sexual y de educación para la igualdad. No basta uno solo, y la propuesta del equipo técnico no sustituye a la petición de la víctima.

El art. 17.6 añade una obligación propia del procedimiento de menores: si es el propio menor quien insta el habeas corpus, la fuerza pública responsable de su detención, además de darle curso conforme a su ley orgánica, lo notifica inmediatamente al Ministerio Fiscal. La ley no manda esa notificación al juez de menores, a la entidad pública de protección ni al letrado.