El catálogo de medidas y el principio acusatorio

El art. 7.5 obliga al Juez a imponer de forma accesoria, «en todo caso», la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad cuando la medida responde a un delito de esos dos capítulos del Código Penal. No depende de que lo pida el Fiscal, y lo que se impone no es un tratamiento ambulatorio, que es otra medida del catálogo con su propio fin terapéutico.

Las letras d) y e) del art. 7.1 cierran con la misma regla: cuando el interesado rechaza un tratamiento de deshabituación, el Juez «habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias». La ley no prevé imponer la deshabituación contra su voluntad, ni alargar la medida a la espera de que la acepte, ni darla por cumplida: el rechazo no deja al menor sin respuesta, sino que obliga a cambiar de medida.

La amonestación es la reprensión «llevada a cabo por el Juez», dirigida a que la persona comprenda la gravedad de lo que hizo y sus consecuencias y a instarla a no repetirlo. Es la única medida del catálogo que consiste en un acto del propio Juez: no la encarga al Fiscal, ni al equipo técnico, ni a un profesional de la entidad pública.

La privación del permiso de conducir o de las licencias de caza o de armas «podrá imponerse como accesoria»: es una facultad del Juez, no una consecuencia obligada. Y cada una se liga al instrumento usado: el permiso, cuando el hecho se cometió con un ciclomotor o un vehículo a motor; la licencia, cuando se cometió con un arma. No basta con que hubiera violencia o intimidación, y aun habiéndose usado un arma la ley no obliga a imponerla.

Es el principio acusatorio: la medida que piden el Fiscal o el acusador particular marca el techo, y el Juez no puede imponer otra que suponga más restricción de derechos ni la misma por un tiempo superior. Los dos límites operan a la vez, y ninguno cede porque el equipo técnico aconseje algo más severo: su informe ayuda a elegir la medida, pero dentro de lo pedido por la acusación.

Todo internamiento tiene dos períodos: el primero, en el centro, con el régimen que corresponda; el segundo, «en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez». El equipo técnico informa sobre el contenido de los dos períodos y el Juez fija en la sentencia la duración de cada uno, sin que el total supere los límites de la ley. El segundo período no es un internamiento más suave, como el régimen abierto, ni una permanencia de fin de semana.

La ley quiere que la otra persona, la familia distinta de la suya o el grupo educativo estén «adecuadamente seleccionados para orientar» a la persona «en su proceso de socialización», durante el tiempo que fije el Juez. Vigilar la asistencia a la escuela es propio de la libertad vigilada; tratar una adicción o una alteración psíquica, de las medidas terapéuticas; y la ley no encarga a quienes conviven con el menor que repare el daño a la víctima.

En el internamiento en régimen semiabierto la persona reside en el centro, pero puede hacer fuera «alguna o algunas» de sus actividades; esa salida depende de su evolución y el Juez puede suspenderla. Se distingue de sus dos vecinos: en el régimen cerrado todas las actividades se desarrollan dentro del centro, y en el abierto todas se hacen fuera, en los servicios del entorno, con el centro como domicilio. La asistencia a un centro de día no encaja porque en ella la persona sigue residiendo en su casa.

La personalidad y el interés del menor se ponen de manifiesto en los informes de los equipos técnicos y, cuando lo conocen por haber ejecutado antes una medida cautelar o definitiva, de las entidades públicas de protección y reforma de menores. La ley no los remite al atestado ni a lo que aleguen el Fiscal o el acusador particular, ni a la declaración del menor. Elegir la medida pide así algo más que probar y calificar los hechos, y el Juez ha de motivar en la sentencia por qué escoge esa medida y ese plazo.

El art. 7.1.k dice de las prestaciones en beneficio de la comunidad que «no podrá imponerse sin su consentimiento». Las tareas socio-educativas tientan porque también consisten en hacer actividades, pero la ley no pide para ellas ese consentimiento, como tampoco para el internamiento en régimen semiabierto ni para la prohibición de aproximarse a la víctima.

La prohibición de comunicarse impide establecer con la víctima, o con los familiares y demás personas que determine el Juez, contacto «escrito, verbal o visual», y «por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático». No deja fuera la mirada ni la pantalla. Los lugares (domicilio, centro docente, trabajo) son el ámbito de la otra cara de la medida, la prohibición de aproximarse, y no limitan la de comunicarse.

El art. 7.4 deja imponer una o varias medidas, se trate de uno o de varios hechos, pero «en ningún caso» más de una de la misma clase en una misma resolución; y cada letra del catálogo del art. 7.1 es una clase. Dos libertades vigiladas en la misma sentencia no caben, ni cumplidas una tras otra ni con reglas de conducta distintas. Lo que sí cabe es acompañar la libertad vigilada de medidas de otras clases: por eso falla también la opción que limita a una sola medida por los dos hechos.

La libertad vigilada obliga a seguir las pautas socio-educativas que señale «la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento», de acuerdo con un programa de intervención que aprueba el Juez. El centro docente o de formación aparece en la medida, pero como lugar cuya asistencia se vigila, no como quien fija las pautas; el Fiscal puede pedir reglas de conducta al Juez, que no son lo mismo; y la familia no tiene ese papel en la ley.

La permanencia de fin de semana obliga a quedarse en el domicilio o en un centro «hasta un máximo de treinta y seis horas» en esa franja, del viernes por la tarde o la noche a la noche del domingo, sin contar el tiempo de las tareas socio-educativas que el Juez le haya asignado fuera. Las treinta y seis horas son el tope de cada fin de semana; cuántos fines de semana puede durar la medida es otra cifra, que la ley fija en sus reglas de duración. El tope es menor que lo que dura esa franja, así que la medida no obliga a pasar entero el fin de semana.

El art. 7.1.e obliga a asistir al centro designado «con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan» y a seguir las pautas que fijen para tratar la anomalía o alteración psíquica, la adicción o la alteración de la percepción que se padezca. La ley deja ese ritmo a quienes llevan el tratamiento. No lo fija el Juez en la sentencia ni la entidad pública, y el médico forense, que puede informar en el proceso, no es quien trata a la persona.