Cómo se aplican las medidas, cuánto duran y cuándo prescriben

El artículo 14 escalona la decisión. A los dieciocho años, el Juez «podrá ordenar» en auto motivado que el internamiento se cumpla en un centro penitenciario, si se da la condición que fija el apartado 2. A los veintiún años, en cambio, «ordenará» ese cumplimiento, salvo que excepcionalmente las circunstancias aconsejen otra cosa. La obligación llega con los veintiuno, no con los dieciocho.

La regla general del artículo 9.3, que rige fuera de los supuestos especiales del artículo 10, dice que «La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar las cien horas». Ciento cincuenta y doscientas horas son los máximos especiales que el artículo 10.1 permite, según la edad, para los hechos del artículo 9.2, y cincuenta horas no es el tope de la regla general.

El artículo 13.1 permite al Juez competente para la ejecución modificar la medida, de oficio o a instancia del Fiscal o del letrado del menor, «siempre que la modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a este el reproche merecido por su conducta». No hace falta que la pidan de común acuerdo el Fiscal y el letrado, porque basta la instancia de uno de ellos o que el Juez actúe de oficio; el equipo técnico informa, pero no tiene que proponerla, y la ley no la condiciona a la buena conducta del menor durante la ejecución.

El artículo 15.1 gradúa la prescripción de los hechos por la gravedad del delito, y al delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a diez años le da cinco años (2.º). Los demás delitos graves prescriben a los tres años, salvo los del 1.º (los castigados con quince años de prisión o más, entre otros), que siguen las reglas del Código Penal; este no está entre ellos. Al año no prescribe ningún delito grave.

El artículo 10.1.b) deja al Juez valorar cuándo un hecho reviste extrema gravedad, salvo en un caso que fija la propia ley: «se entenderán siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia». La violencia en las personas, la comisión en grupo o el quebrantamiento de una medida pueden pesar en esa valoración, pero la ley no los declara siempre de extrema gravedad.

Con dieciséis o diecisiete años al cometer los hechos del artículo 9.2, el artículo 10.1.b) permite llegar a la «permanencia de dieciséis fines de semana». Ocho es el tope de la regla general del artículo 9.3 y doce, el de quien tenía catorce o quince años; cuatro no es el máximo de este supuesto.

La libertad vigilada que el artículo 10 añade al internamiento no se aplica sin más al terminar este: las medidas «deberán ser ratificadas mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pública de protección o reforma de menores al finalizar el internamiento». Lo decide el Juez por auto; no hace falta que el Fiscal la pida de nuevo ni que el menor la acepte, y el equipo técnico no es quien la confirma.

El artículo 15 separa la prescripción del hecho de la de la medida. El delito menos grave prescribe «al año» (apartado 1, 4.º). La medida prescribe según su duración (apartado 2): las de más de dos años, a los tres, y «las restantes medidas prescribirán a los dos años», salvo tres que la ley nombra y entre las que no está la libertad vigilada. Una libertad vigilada de dieciocho meses no pasa de dos años, así que prescribe a los dos años. El 5.º, que la cita arrastra porque el BOE lo da en el mismo párrafo, habla de la falta, que hoy es el delito leve (DA 2.ª de la LO 1/2015); no es lo que se pregunta.

Para los hechos del artículo 9.2, el artículo 10.1 eleva el tope general según la edad que el menor tenía al cometerlos; con catorce o quince años, «la medida podrá alcanzar tres años de duración». Dos años es el límite de la regla general del artículo 9.3, que aquí se supera; seis años es el de quien tenía dieciséis o diecisiete, y ocho años no es un tope de esta regla.

El artículo 11.1 mantiene los límites máximos del artículo 9 y del apartado 1 del artículo 10 aunque el menor responda de dos o más infracciones, si son conexas o continuadas o si un solo hecho constituye varias. Dentro de esos límites, el Juez fija la medida y su duración atendiendo, además de al interés del menor, a la naturaleza y el número de las infracciones, «tomando como referencia la más grave de todas ellas». Los máximos no se suman ni se multiplican, y la pluralidad no lleva por sí sola a los límites del artículo 10.2.

El artículo 15.2 hace prescribir las medidas según su duración, con una excepción que no depende de ella: «la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que prescribirán al año». La de tratamiento ambulatorio, la asistencia a un centro de día y la privación del permiso de conducir no están en esa excepción y siguen la regla general del apartado.

El artículo 14.5 resuelve este caso sin dejarlo al criterio del Juez: el internamiento en régimen cerrado «se cumplirá en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria» siempre que, antes de iniciarse su ejecución, el responsable hubiera cumplido ya, total o parcialmente, una pena de prisión impuesta con arreglo al Código Penal. No va a un centro de menores, y no depende de que el Juez lo acuerde.

En los delitos del artículo 10.2 cometidos con dieciséis o diecisiete años, las facultades de modificación, suspensión o sustitución de los artículos 13, 40 y 51.1 solo pueden usarse «cuando haya trascurrido, al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta». Ni el interés del menor ni una propuesta del equipo técnico adelantan ese momento, y cumplir dieciocho años no es lo que lo marca.

Cuando el hecho es un delito castigado con pena de prisión igual o superior a quince años, el artículo 10.2 no deja margen: «el Juez deberá imponer» una medida de internamiento en régimen cerrado, que con catorce o quince años va de uno a cinco años, complementada en su caso por libertad vigilada. No queda a su criterio imponerla o no, y el régimen semiabierto no es la medida que la ley manda aquí.

Desde la reforma de 2022, el artículo 13.1 añade una cautela para estos delitos: «sólo podrá dejarse sin efecto la medida si se acredita que la persona sometida a la misma ha cumplido la obligación prevista en el apartado 5 del artículo 7». La condición se refiere a dejar sin efecto la medida; reducir su duración o sustituirla siguen el régimen general del mismo apartado, y la suspensión de la ejecución no es una de las decisiones que regula este artículo.

El artículo 12.1 concentra la ejecución en un solo órgano: una vez firmes sus medidas, el Juez sentenciador manda testimonio de su sentencia «al Juez que haya dictado la primera sentencia firme, el cual será el competente para la ejecución de todas», y desde entonces ese Juez lo es con exclusión de los demás. No lo decide quién dictó la última sentencia, quién impuso la medida más grave ni el lugar de cumplimiento.

En este supuesto el artículo 10.1.b) aplaza las facultades de modificar o sustituir la medida: «Sólo podrá hacerse uso de lo dispuesto en los artículos 13 y 51.1 de esta Ley Orgánica una vez transcurrido el primer año de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento». El plazo se cuenta por el tiempo efectivamente cumplido, no por la edad del condenado, y no es una fracción de la medida impuesta, como la mitad.

El artículo 9.4 lo dice sin excepciones: «Las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado», sea cual sea la gravedad del delito. La edad, dentro del ámbito de la ley, no excluye el régimen cerrado; un delito grave lo admite aunque se haya cometido sin violencia ni intimidación, y no hace falta haber cumplido antes otra medida.

El artículo 9.2 enumera los únicos supuestos en que cabe el internamiento en régimen cerrado («sólo podrá ser aplicable cuando»), y la letra b) lo abre al delito menos grave cuando en su ejecución se empleó violencia o intimidación en las personas o se generó grave riesgo para su vida o integridad física (la letra c), además, lo abre a cualquier delito cometido en grupo o en banda). La edad del menor, que estuviera cumpliendo ya otra medida o lo que informe el equipo técnico no figuran entre esos supuestos.