Quién es extranjero y qué derechos tiene en España

El artículo 2 bis.1 atribuye la política de inmigración al Gobierno, de conformidad con el artículo 149.1.2.ª de la Constitución y sin perjuicio de las competencias que asuman las comunidades autónomas y las entidades locales. No la reserva a las Cortes ni a una de sus Cámaras, como el Senado, ni a un ministerio concreto: la definición, la planificación, la regulación y el desarrollo de esa política son del Gobierno.

Lo que se pregunta es la segunda frase del artículo 3.1: como criterio interpretativo general, se entiende que los extranjeros ejercitan los derechos que esta ley les reconoce en condiciones de igualdad con los españoles. La ley no somete ese criterio a la reciprocidad del país de origen ni manda interpretar los derechos en el sentido más favorable a su ejercicio; lo que cada artículo exija para un derecho concreto no cambia el criterio general.

El artículo 7.2 remite las causas a la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión: la autoridad no puede prohibir la manifestación ni proponer que se modifique sino por las causas previstas en esa ley. Que los promotores sean extranjeros, o que alguno no tenga su situación en regla, no añade ninguna causa; ningún reglamento las amplía, y la ley no somete la manifestación a autorización.

El artículo 14 ordena tres escalones. A los residentes, las prestaciones y servicios de la Seguridad Social (apartado 1) y los servicios y prestaciones sociales, tanto generales y básicas como específicas (apartado 2), en las mismas condiciones que los españoles. A todos, cualquiera que sea su situación administrativa, los servicios y prestaciones sociales básicas (apartado 3). Las generales y las específicas, por tanto, solo las tienen los residentes.

El último párrafo del artículo 9.1 resuelve este caso: quien alcanza los dieciocho años en el transcurso del curso escolar conserva el derecho hasta que el curso termina. No lo pierde el día del cumpleaños, y la ley no lo alarga hasta obtener el título de la etapa ni lo corta al acabar el trimestre.

El artículo 4.2 exceptúa de la obligación de obtener la tarjeta de identidad de extranjero a un solo grupo: los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada. Quien tiene un visado de residencia y trabajo por cuenta propia, uno de estudios o uno de investigación, si es por más de seis meses, sí debe obtenerla.

El artículo 15.1 sienta la regla —los mismos impuestos que los españoles, con carácter general— y deja a salvo lo que dispongan los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional. Ni las exenciones que fije una comunidad autónoma, ni los acuerdos sobre capitales, ni los convenios de Seguridad Social son la salvedad que nombra el artículo.

Los residentes temporales, con autorización de trabajo o sin ella, acceden a esas ayudas en los términos que fijen las leyes y las Administraciones; solo los de larga duración las tienen en las mismas condiciones que los españoles. A quien solo se halla en España, el artículo 13 no le reconoce el derecho.

El artículo 8 reconoce a todos los extranjeros el derecho de asociación en las mismas condiciones que los españoles, sin exigir residencia. Los otros tres la ley los reconoce a los extranjeros residentes: el acceso a la Seguridad Social y el ejercicio de una actividad remunerada, si reúnen los requisitos (artículo 10.1), y el sufragio en las elecciones municipales (artículo 6.1).

El artículo 1.1 define al extranjero por un solo dato: no tener la nacionalidad española. No depende de la residencia, que es lo que distingue después a unos extranjeros de otros dentro de la ley, ni del lugar de nacimiento. Y el nacional de otro Estado de la Unión también es extranjero según esta definición: por eso el apartado 3 del mismo artículo necesita darle una regla propia.

El artículo 2 deja fuera de la ley a tres grupos ligados a la representación exterior y a los organismos internacionales: los agentes diplomáticos y funcionarios consulares acreditados en España, con los miembros de sus misiones y oficinas y sus familiares; los miembros de misiones y delegaciones ante organismos intergubernamentales con sede en España; y los funcionarios de organizaciones internacionales a quienes un tratado exime. Los apátridas y los menores no acompañados no están excluidos: la propia ley se ocupa de ellos en sus artículos 34 y 35. Y los trabajadores transfronterizos tampoco: la ley regula su autorización en el artículo 43.

El plazo del artículo 4.2 tiene dos puntos de partida, según el título: para quien tiene un visado, su entrada en España; para quien obtiene una autorización para permanecer, la fecha en que se le concede. La ley los ordena con un «respectivamente», así que ni el visado se cuenta desde su concesión ni la autorización desde la entrada.

El artículo 9.1 distingue dos edades. Los menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los menores de dieciocho tienen «también» derecho a la enseñanza posobligatoria, pero la ley no la convierte en un deber: el deber se queda en la básica.

Los nacionales de la Unión, y aquellos a quienes se aplica el régimen comunitario, se rigen por las normas que regulan ese régimen; la ley de extranjería solo entra en los aspectos que pudieran serles más favorables. El criterio no es una materia, como la seguridad pública o la entrada y la salida, ni lo que la Unión haya armonizado, sino el resultado más favorable para la persona.

La letra e) del artículo 2 bis.2 une la no discriminación al reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos los que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la ley. El criterio es la legalidad de la vida o del trabajo en España, no la simple presencia en el territorio; y no se ciñe a quien tiene la residencia de larga duración ni a los ciudadanos de la Unión.