La estancia y la residencia temporal y de larga duración

El artículo 31 bis.2 manda dos cosas: no incoar el expediente por la infracción del artículo 53.1.a) y suspender el que ya se hubiera incoado antes de la denuncia, o la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución acordadas. Suspender no es archivar: el expediente queda en suspenso, no cerrado. Y la ley no lo deja seguir adelante, ni con límites ni unido a la causa penal.

La residencia temporal sin trabajo se concede a quien disponga de medios suficientes para sí y, en su caso, para los de su familia; los criterios para medir esa suficiencia los fija el reglamento. Una oferta de empleo es lo propio de la residencia que sí comporta trabajo, que el artículo 31.4 remite a los artículos 36 y siguientes. Ni una residencia legal previa en otro Estado de la Unión ni una estancia anterior en España son el requisito que pone el 31.2.

El residente de larga duración en otro Estado miembro puede pedir por sí mismo la larga duración en España para desarrollar una actividad. Pero si quiere conservar el estatuto adquirido en el primer Estado, el artículo 32.3 le abre otra vía: solicitar y obtener una autorización de residencia temporal. Ni la estancia ni un visado son la salida que la ley prevé para este caso.

El artículo 32.2 hace computar una sola clase de residencia fuera de España: la previa y continuada en otros Estados miembros como titular de la tarjeta azul de la UE. No menciona la residencia como trabajador por cuenta propia, como trabajador de temporada ni como familiar de un ciudadano de la Unión.

La renovación la pide el interesado: no la hace la Administración de oficio. Y lo que se atiende son las circunstancias que motivaron la concesión de la autorización, no el tiempo que la persona lleve en España. Cuánto duran la autorización inicial y sus renovaciones no lo dice la ley: lo remite al reglamento.

El artículo 30.1 define la estancia como la permanencia en territorio español por un período no superior a 90 días. Las otras cifras no aparecen en la definición: 15, 30 o 60 días quedan por debajo del tope que fija la ley, y pasado ese tope el extranjero necesita otro título para seguir en España.

El artículo 33.1 autoriza en régimen de estancia al extranjero cuyo fin único o principal es cursar o ampliar estudios, aunque el curso dure más de lo que dura una estancia ordinaria: es una excepción que el propio artículo 30.1 deja a salvo. Por eso no pasa a la residencia temporal, y la ley no habla de una «residencia por estudios». Tampoco es una estancia de corta duración.

El esfuerzo de integración se acredita, dice el artículo 31.7, con un informe positivo de la comunidad autónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas del artículo 2 ter. La ley no encarga ese informe a la Inspección de Trabajo, a la Subdelegación del Gobierno ni al Ministerio del Interior.

Tras enumerar las autorizaciones por arraigo, por razones humanitarias, por colaboración con la Justicia y por otras circunstancias excepcionales, el artículo 31.3 añade sin distinguir: «En estos supuestos no será exigible el visado». No hay uno de ellos en el que la ley lo pida y otro en el que no. Qué requisitos tiene cada una de esas autorizaciones lo remite la ley al reglamento.

Tienen derecho a la larga duración quienes hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años de forma continuada. Tres años no bastan, y la continuidad sí se exige; lo que la ley matiza es qué no la rompe: las salidas temporales por vacaciones u otras razones que fije el reglamento.

La residencia de larga duración autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente y en las mismas condiciones que los españoles. No hace falta, por tanto, una autorización de trabajo aparte, y tampoco es un período que haya que renovar como la residencia temporal. Su alcance es España: residir en otro Estado miembro con ella es otra cuestión, que la ley regula desde el lado contrario en el artículo 32.3.

El artículo 32.6 dice que el procedimiento simplificado se aplicará sobre todo a las personas que hayan residido en otro Estado miembro para la realización de estudios. Es el único caso que nombra: ni el trabajo en otro Estado miembro ni la residencia en el país de origen, para estudiar o para trabajar, aparecen en el artículo. El procedimiento en sí lo desarrolla el reglamento.

El artículo 30 bis.2 distingue dos situaciones: la residencia temporal y la residencia de larga duración. La ley no habla de una residencia «ordinaria», y «permanente» no es el nombre que la Ley Orgánica 4/2000 da a la residencia que no caduca: la llama de larga duración.

La autorización «no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal». Ni la admisión de la denuncia ni la apertura del juicio oral bastan, porque el proceso sigue abierto. Y la autorización provisional no es un paso previo que dé paso a la resolución: la concede la autoridad competente mientras tanto, y concluye cuando la definitiva se concede o se deniega.

El artículo 30.2 da dos salidas y solo dos: una prórroga de estancia o una autorización de residencia. Un nuevo visado de estancia no es lo que la ley pide a quien ya está en España, y la tarjeta de identidad de extranjero es un documento que acredita una situación, no el título que permite seguir aquí.

La formación sanitaria especializada se somete, como regla, al régimen del artículo 33. Pero el 33.8 salva a quien ya contaba con una autorización de residencia antes de empezarla: puede continuar en esa situación. Empezar la especialidad no la saca de su residencia, ni la lleva por sí solo a la larga duración, ni le obliga a pedir una autorización nueva.

El artículo 31 bis.4 equipara a la sentencia condenatoria toda resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima, e incluye expresamente el archivo por encontrarse el investigado en paradero desconocido. En ese caso se le notifica la concesión de las autorizaciones solicitadas. El expediente sancionador solo se incoa o continúa si del procedimiento no puede deducirse la violencia, y la ley no manda esperar a que aparezca el investigado.

El artículo 34.2 manda denegar la documentación «en todo caso» en dos supuestos: cuando el peticionario esté incurso en alguno de los del artículo 26, o cuando se haya dictado contra él una orden de expulsión. La falta de medios, la solicitud previa de protección internacional o no tener domicilio conocido no están entre esas causas.

Son residentes, dice el artículo 30 bis.1, los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir. Lo que cuenta es el título, no el empadronamiento ni un contrato de trabajo. Y la prórroga de estancia no convierte en residente: sigue siendo estancia, la otra de las dos situaciones en que puede encontrarse un extranjero.