Las autorizaciones para trabajar y las tasas

El artículo 45.1 sitúa el devengo en la solicitud: de la autorización, la prórroga, la modificación, la renovación o el visado. La tasa no espera a que se conceda la autorización o se expida el visado, a que se notifique la resolución ni a que se expida la tarjeta de identidad de extranjero.

El artículo 43.1 se refiere a los trabajadores extranjeros que residen en la zona limítrofe, desarrollan su actividad en España y regresan a su lugar de residencia diariamente, y les exige la autorización correspondiente con los requisitos del régimen general. No basta con residir en cualquier parte del Estado vecino ni con volver una vez por semana; el reglamento (Real Decreto 1155/2024, art. 156) los define del mismo modo.

En las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena el sujeto pasivo es, por regla general, el empleador o empresario, pero el artículo 46.1 exceptúa las relaciones laborales del servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, en las que lo es el propio trabajador. La ley fija quién es el sujeto pasivo: no reparte la tasa a medias ni lo deja a lo que acuerden las partes, y el apartado 2 declara nulo todo pacto por el que el trabajador por cuenta ajena asuma la obligación de pagarla.

El encabezado del artículo 41.1 dice: «No será necesaria la obtención de autorización de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes», y su letra e) incluye a los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros, debidamente acreditados, para la actividad informativa. El periodista de un diario español no figura en la lista; el profesor solo queda exceptuado si lo invita o contrata una universidad española (letra b), no un instituto de secundaria; y el técnico que una empresa privada trae al montaje por renovación de una instalación sí necesita autorización: lo que le ahorra el artículo 40.1.c) es que se tenga en cuenta la situación nacional de empleo.

El artículo 36.5 dice que la falta de autorización no impide obtener las prestaciones derivadas de los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación. Solo cierra una puerta «en todo caso»: las prestaciones por desempleo. Las de accidente de trabajo y la asistencia sanitaria urgente no son las que excluye el artículo, y las de los convenios internacionales las nombra precisamente para decir que no se pierden.

El artículo 42.2 condiciona la concesión a que se garantice que los temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas. Que las ofertas de temporada se orienten hacia los países con acuerdos sobre regulación de flujos migratorios es una preferencia del apartado 4, no un requisito de cada autorización; y la ley no exige haber trabajado antes en otra campaña ni un contrato indefinido a tiempo completo.

El artículo 38.5 limita la autorización inicial a un determinado territorio y ocupación, salvo lo que prevean la ley y los convenios internacionales, y el 38.7 dice que, a partir de la primera concesión, las autorizaciones se conceden sin limitación alguna de ámbito geográfico u ocupación. No se conserva ninguna de las dos, y la ley no las alarga hasta la residencia de larga duración.

Para trabajar por cuenta propia, el artículo 37.1 exige los mismos requisitos que a los nacionales para la apertura y el funcionamiento de la actividad, y además los relativos a la suficiencia de la inversión y a la potencial creación de empleo, entre otros que fije el reglamento. Ni la ley ni su reglamento (Real Decreto 1155/2024, art. 84) piden un aval bancario, un informe del ayuntamiento, un local en propiedad o una cartera de clientes.

El encabezado del artículo 41.1 dice: «No será necesaria la obtención de autorización de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes», y su letra h) pide dos cosas: que las iglesias y confesiones estén debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, y que el ministro, religioso o representante limite su actividad a funciones estrictamente religiosas. No exige un acuerdo de cooperación con el Estado, y no hace depender la excepción de que no cobre: lo que la acota es la clase de actividad.

La regla del artículo 36.1 es la autorización conjunta de residencia y trabajo, y la única excepción que nombra la propia ley son los penados extranjeros que se hallen cumpliendo condena; las demás las deja al reglamento como «otros supuestos excepcionales». Los trabajadores de temporada y los contratados en origen por gestión colectiva reciben, según los artículos 42 y 39, una autorización de residencia y trabajo, no una de trabajo suelta, y los familiares reagrupados no son la excepción que nombra el artículo 36.1.

La letra b) del artículo 40.1 exime de la situación nacional de empleo a los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación. La letra h) alcanza a los hijos o nietos de español de origen, pero no a sus sobrinos ni a los descendientes de un extranjero, sea cual sea su residencia. La letra k) exige haber sido titular de autorizaciones de temporada durante dos años naturales y haber retornado: una sola campaña no basta.