Los ciudadanos de la Unión y sus familiares: a quién se aplica, la entrada y la salida

El artículo 2 extiende el real decreto a los familiares que enumera del ciudadano de la Unión «cualquiera que sea su nacionalidad», cuando le acompañen o se reúnan con él: su cónyuge, aunque sea de un tercer país, entra en el régimen de la Unión y no en el general de la Ley Orgánica 4/2000. No necesita una residencia de larga duración previa ni adquirir la nacionalidad de su marido, y el artículo no pone condición alguna sobre el lugar en que se celebró el matrimonio.

El familiar que no es nacional de la Unión ni del Espacio Económico Europeo entra con pasaporte válido y, si su nacionalidad lo exige, con visado. Cuando acompaña al ciudadano de la Unión o se reúne con él, el artículo 4.2 dispone las dos cosas a la vez: el visado «será gratuito» y su tramitación «tendrá carácter preferente». Ni paga tasa ni espera el turno ordinario.

El artículo 5 reconoce el derecho a salir de España para trasladarse a otro Estado miembro y, si la salida es por un puesto habilitado, el documento se presenta a los funcionarios del control fronterizo «para su obligada comprobación». La comprobación no depende de que haya indicios de una prohibición de salida ni desaparece porque el destino sea otro Estado miembro, y el artículo no pide el certificado de registro: lo que se presenta es el documento de viaje.

El artículo 2.c) incluye a los descendientes directos en tres casos: menores de veintiún años, «mayores de dicha edad que vivan a su cargo», o incapaces. Pasada esa edad, lo que cuenta es la dependencia, sin tope de edad: no se pide estar soltero, estudiar en España ni un tiempo previo de convivencia.

El artículo 3.2 reconoce a las personas de su ámbito el derecho a acceder a cualquier actividad, por cuenta ajena o por cuenta propia, a prestar servicios o a estudiar «en las mismas condiciones que los españoles». No hay autorización de trabajo que pedir, ni para el empleo por cuenta ajena ni para el propio: la autorización es pieza del régimen general de la Ley Orgánica 4/2000. Ni queda por detrás de los españoles: las condiciones son las mismas.

El artículo 4.1 permite al ciudadano de la Unión entrar con el pasaporte «o» con el documento de identidad, válido y en vigor, siempre que conste en él su nacionalidad. Los dos documentos son alternativos, sin distinguir desde dónde llega, y al ciudadano de la Unión no se le pide visado: el visado es cosa del apartado 2, que trata de sus familiares de terceros países.

Para los familiares del artículo 2 bis, las autoridades valoran individualmente la dependencia, el parentesco, la enfermedad o discapacidad y el tiempo de convivencia previo; pero el apartado 4.a) fija un umbral que la da por acreditada «en todo caso»: una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia, demostrada de forma fehaciente. Por debajo de ese tiempo la convivencia no queda excluida, solo deja de darse por probada sin más.

Ante el ciudadano de la Unión, o el familiar suyo, que llega sin los documentos de viaje o sin el visado necesario, las autoridades del control fronterizo, antes de hacerle volver, le darán las máximas facilidades para obtenerlos o recibirlos en un plazo razonable, o para probar por otros medios que está en el ámbito del real decreto. La condición es una sola: que la ausencia del documento sea «el único motivo» que impida la entrada. No se pide residencia previa, garantía consular ni que la falta venga de una pérdida o un robo denunciados.

Toda denegación de visado o de entrada a una persona del ámbito del real decreto ha de ser motivada e indicar sus razones, sean la falta de los requisitos o motivos de orden público, seguridad o salud públicas. Esas razones se ponen en conocimiento del interesado «salvo que ello sea contrario a la seguridad del Estado», y es la única salvedad: el orden público puede fundar la denegación, pero no dispensa de comunicar sus razones, y tampoco lo hacen una investigación penal ni la falta de requisitos.

El artículo 2.b) incluye a la pareja con una unión análoga a la conyugal «inscrita en un registro público» establecido a esos efectos en un Estado de la Unión o del Espacio Económico Europeo, y siempre que la inscripción no se haya cancelado. No vale un registro de cualquier Estado. La pareja de hecho no inscrita, por larga que sea la convivencia, no está en el artículo 2: puede pedir que se le aplique el real decreto por la vía del artículo 2 bis, que es otro régimen, con valoración caso a caso.

El objeto del real decreto alcanza a los ciudadanos de los otros Estados miembros de la Unión Europea «y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo»: el régimen de la Unión se extiende, por ese acuerdo, a Estados que no son miembros. No incluye a los nacionales de terceros países por tener una residencia de larga duración-UE, que siguen en el régimen general de la Ley Orgánica 4/2000, ni a los de los Estados candidatos mientras no se adhieran, ni a los de los Estados con los que España tiene convenios de doble nacionalidad.