La estancia, el registro y la residencia permanente de los ciudadanos de la Unión

El artículo 10.2.c) adelanta la residencia permanente al trabajador fronterizo: quien, después de tres años consecutivos de actividad y de residencia continuadas en España, trabaja en otro Estado miembro y mantiene su residencia aquí, regresando al territorio español «diariamente o, al menos, una vez por semana». Volver cada quince días, cada mes o cada trimestre no cumple la condición. Además, a los solos efectos del derecho de residencia, la actividad en el otro Estado miembro se considera cumplida en España.

La permanencia de menos de tres meses, sea cual sea su finalidad, no se computa «a los efectos derivados de la situación de residencia». El artículo 6.1 no hace distingos: no cuenta como residencia legal, tampoco para llegar a la permanente, y trabajar durante ese tiempo no cambia el cómputo.

El artículo 10.5 da la residencia permanente a los familiares que residían con el fallecido si concurre una de tres circunstancias: que él hubiera residido en España de forma continuada al menos dos años, que la muerte se debiera a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional, o que el cónyuge superviviente fuera español y hubiera perdido la nacionalidad por el matrimonio. Un año de residencia no basta, y el artículo no atiende a lo que se hubiera solicitado antes.

La salida de España del ciudadano de la Unión no hace perder el derecho de residencia a sus hijos ni al progenitor que tiene atribuida su custodia efectiva, «con independencia de su nacionalidad», siempre que los hijos residan en España y estén matriculados en un centro de enseñanza. El límite es la finalización de los estudios, no la mayoría de edad, y el artículo no le pide al padre que acredite recursos.

El artículo 10.7 hace perder el derecho de residencia permanente por la ausencia del territorio español durante más de dos años consecutivos. Lo que cuenta es estar fuera de España, no fuera de la Unión: vivir en otro Estado miembro no la protege, y la pérdida no depende de lo que obtenga en Bélgica.

El artículo 7.1 enumera cuatro supuestos y solo el de la letra a) se basta a sí mismo: ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España. Los recursos suficientes de la letra b) han de ir acompañados de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos, y al revés; y el estudiante de la letra c) necesita, además de la matrícula, ese seguro y la garantía de que tiene recursos suficientes.

El artículo 9 bis.2 dice que el recurso a la asistencia social en España de un ciudadano de la Unión o de un familiar suyo «no tendrá por consecuencia automática una medida de expulsión». No depende de cuánto dure la ayuda ni de los años de residencia: el artículo no distingue, y el solo hecho de haberla recibido no basta para expulsar.

Para el estudiante de la letra c) del artículo 7.1, el apartado 4 recorta el círculo familiar: únicamente el cónyuge, o la pareja registrada del artículo 2.b), y los hijos a cargo tienen el derecho de residencia como miembros de su familia. Los ascendientes quedan fuera aunque vivan a su cargo, no basta con figurar en la lista del artículo 2, y la nacionalidad del familiar no es lo que decide.

Presentada la solicitud, se entrega de inmediato un resguardo, y ese resguardo basta para acreditar la estancia legal hasta la entrega de la tarjeta. El mismo apartado impide convertirlo en llave de lo demás: tenerlo no puede ser condición previa para ejercer otros derechos o hacer otros trámites si la situación se acredita por otro medio. Lo que se entrega no es un certificado de registro ni una autorización de trabajo.

El artículo 10.1 dice las dos cosas seguidas. El derecho a residir con carácter permanente «no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III», donde están el trabajo, los recursos y el seguro, o los estudios. Y el certificado que lo acredita lo expide, «a petición del interesado», la Oficina de Extranjeros de la provincia o, en su defecto, la Comisaría de Policía, con la mayor brevedad posible y tras verificar la duración de la residencia. No se expide de oficio.

El artículo 7.3 mantiene la condición de trabajador, a efectos de la residencia, en los casos que enumera, y el primero es la incapacidad temporal resultante de una enfermedad o un accidente. El paro tiene que ser involuntario y, además, ir seguido de la inscripción en el servicio de empleo competente para buscar trabajo; y quien sigue una formación profesional sin estar en paro involuntario solo conserva la condición si esa formación guarda relación con su empleo previo. Cesar para cuidar de un familiar no figura entre esos casos.

El artículo 8.5 da una sola alternativa al plazo general: la tarjeta vale por el período previsto de residencia del ciudadano de la Unión o del Estado parte en el Espacio Económico Europeo si ese período es inferior. La validez sigue a la residencia de quien da el derecho; el artículo no la recorta por la caducidad del pasaporte del familiar, por su parentesco ni por la antigüedad del vínculo.

El artículo 7.7 prohíbe fijar un importe: hay que atender a la situación personal de cada uno. La pensión mínima de la Seguridad Social, igual que el nivel de recursos por debajo del cual se concede asistencia social a los españoles, no es un mínimo que haya que alcanzar, sino un techo: lo que se exija no podrá superarlo. Tampoco lo fija la oficina de extranjeros cada año.

La disposición adicional tercera regula un régimen especial para ciudadanos de Estados que no son miembros de la Unión ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y Suiza es el primero: el real decreto se aplica a los ciudadanos suizos y a sus familiares en virtud del Acuerdo sobre libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999. No es un convenio bilateral con España ni una decisión del Gobierno español. Su apartado 2 abre la misma puerta a otros Estados terceros con acuerdos semejantes, en lo que esos acuerdos establezcan.

El nacional de un Estado de la Unión o del Espacio Económico Europeo ha de pedir personalmente su inscripción en el Registro Central de Extranjeros, ante la oficina de extranjeros de la provincia o, en su defecto, la Comisaría de Policía, y ha de hacerlo «en el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en España». El plazo se cuenta desde la entrada, no desde el empadronamiento, que el artículo no menciona.

La tarjeta de residencia permanente se pide durante el mes anterior a la caducidad de la tarjeta de residencia, pero el artículo 11.1 admite también la solicitud dentro de los tres meses posteriores a esa caducidad, «sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda». A los dos meses la solicitud entra: el retraso no la cierra ni manda al régimen general, pero tampoco borra la sanción.

Si la tarjeta de residencia hay que renovarla antes de adquirir el derecho a residir con carácter permanente, la renovación sigue lo dispuesto en el propio real decreto, con una dispensa: a los ascendientes y a los descendientes no se les pide de nuevo la documentación que acredita el vínculo familiar que da derecho a la tarjeta. El artículo 13 no extiende esa dispensa al cónyuge ni a la pareja registrada.

La resolución favorable tiene efectos retroactivos: la residencia se entiende vigente desde la fecha acreditada de entrada en España siendo familiar de ciudadano de la Unión. No arranca con la solicitud, ni con la resolución, ni con la expedición material de la tarjeta, que se hace después.

El artículo 14.3 excluye de la caducidad por ausencia a dos grupos: los titulares vinculados laboralmente a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones inscritas y reconocidas de utilidad pública como cooperantes, que hagan para ellas proyectos de investigación, cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en el extranjero, y quienes estén en otro Estado miembro en programas temporales de estudios promovidos por la Unión. Tener hijos escolarizados en España, trabajar para una empresa española o ser ascendiente a cargo no está en esa excepción.