Las limitaciones por orden público, seguridad y salud pública

El artículo 16 separa a los dos. La expulsión de quien ya es titular de tarjeta o certificado requiere, antes de dictarse, el informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia, salvo razones de urgencia debidamente motivadas. La de quien solo es solicitante no lleva ese informe previo: una vez dictada, se somete a examen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado o de la Abogacía del Estado en la provincia si el interesado lo pide, y su dictamen vuelve a la autoridad para que confirme o revoque la resolución.

La primera de las medidas que el artículo 15.1 permite por razones de orden público, seguridad pública o salud pública es impedir la entrada en España, «aunque los interesados presenten la documentación» del artículo 4. Tener el pasaporte en regla no blinda la entrada, ni obliga a esperar a que el ciudadano esté dentro para expulsarle; y la denegación de la inscripción es otra medida de la misma lista, no la única posible. Tampoco hace falta una autorización judicial: lo que funda la medida es la razón de orden público, valorada como dice el propio artículo.

Diez años de residencia no hacen a nadie inexpulsable, pero estrechan mucho la puerta: el artículo 15.6 solo admite la expulsión de quien ha residido en España durante los diez años anteriores «si existen motivos imperiosos de seguridad pública». El umbral nombra solo la seguridad pública, no el orden público ni la salud pública, aunque sean imperiosos.

El paso del tiempo no extingue la resolución, pero tampoco permite ejecutarla a ciegas. Cuando se va a ejecutar más de dos años después de dictarse, el artículo 15.4 obliga a las autoridades a comprobar y valorar los cambios de circunstancias desde que se adoptó y la realidad de la amenaza que el interesado representa para el orden público o la seguridad pública. Con esa comprobación puede ejecutarse; el artículo no pide que haya un delito nuevo ni da la resolución por caducada.

La resolución de expulsión ha de fijar un plazo para abandonar el territorio español, que solo puede suprimirse en los supuestos del artículo 17.1. Fuera de los casos urgentes y debidamente justificados, el artículo 18.2 pone el suelo: el plazo «no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de notificación». Diez o quince días se quedan por debajo; dos meses cabe concederlos, pero no es el mínimo. Además, la duración del plazo no puede impedir el control de la resolución en vía administrativa o judicial.

La salud pública solo justifica las medidas del artículo 15.1 por un tipo de enfermedad, y el apartado 9 lo dice con la palabra «únicas»: las de potencial epidémico, como las definen los instrumentos de la Organización Mundial de la Salud, y otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas, conforme a la legislación española. Lo que importa es el riesgo de contagio, no la gravedad, la cronicidad, la incapacidad para trabajar ni lo que cueste atenderla.

Pedir el levantamiento no suspende la prohibición: el artículo 15.2 dice que, durante el tiempo en que la solicitud se examina, «el afectado no podrá entrar en España». No distingue entre estancia y residencia, ni abre la entrada por el hecho de admitir a trámite la solicitud: la prohibición sigue entera hasta que la resuelva la autoridad que la dictó.

El artículo 15.2 da dos caminos. El primero es un «plazo razonable» que fija la propia autoridad, según las circunstancias, y que consta en la resolución de la prohibición; la solicitud ha de alegar un cambio material de las circunstancias que la justificaron. El segundo es el suelo que vale «en todo caso»: tres años contados desde la ejecución de la prohibición, no desde que se dictó. Una prohibición que tarda en ejecutarse no empieza a correr antes por haberse dictado.

Quien ha adquirido la residencia permanente sube un escalón de protección: el párrafo final del artículo 15.1 solo permite expulsarle «si existen motivos graves de orden público o seguridad pública», y antes de decidir obliga a ponderar la duración de su residencia, su integración, su edad, su salud, su situación familiar y económica y sus vínculos con el país de origen. No basta cualquier razón de las que abren el artículo, y la salud pública queda fuera de este supuesto: el párrafo nombra solo el orden público y la seguridad pública.

El artículo 15.7 cierra esa vía: la caducidad del documento de identidad o del pasaporte con el que el interesado entró en España «no podrá ser causa de expulsión», y lo mismo vale, en su caso, para la caducidad de la tarjeta de residencia. No la reabre un requerimiento para renovarlo, ni que la tarjeta también esté caducada, ni el tiempo que lleve caducado: el apartado no pone condiciones.

La letra b) del artículo 15.6 admite la repatriación del menor cuando es conforme a su interés superior, y añade que esa repatriación no tiene, «en ningún caso, carácter sancionador». La expresión no deja resquicio: no se vuelve sanción porque el menor haya cometido una infracción ni por los motivos que la acompañen, y el artículo no le asocia ninguna prohibición de entrada.

La letra d) del artículo 15.5 lo dice sin matices: «La existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas». La medida por orden público o seguridad pública ha de fundarse exclusivamente en la conducta personal del interesado, que tiene que ser una amenaza real, actual y suficientemente grave. Las condenas pueden formar parte de esa valoración, pero ni la duración de la pena, ni el carácter doloso del delito, ni que se repita la misma clase de delito las convierten en causa automática.

Recurrir ante el juez no da, por sí solo, derecho a quedarse: durante la sustanciación del recurso judicial el interesado «no podrá permanecer en territorio español», ni hasta la sentencia de primera instancia ni hasta su firmeza. La regla tiene su contrapeso, el trámite de vista, en el que podrá presentar personalmente su defensa; y ese contrapeso cae solo en los dos supuestos que el propio apartado exceptúa, uno de ellos el recurso contra una denegación de entrada.