Quién queda dentro del sistema y cómo se estructura

Informa el ministerio competente por razón de la actividad o de la condición de las personas incluidas en el sistema especial: el de agricultura, por ejemplo, en uno agrario. Oír a las organizaciones sindicales más representativas es un trámite de otro artículo, el de la exclusión del trabajo marginal (art. 7.5), no de este. Ni la Tesorería General ni las comunidades autónomas tienen en el art. 11 esa función.

Lo que hace marginal un trabajo, a efectos del art. 7.5, es su jornada o su retribución: tan poco tiempo o tan poco dinero que no puede ser medio fundamental de vida. La duración o la temporalidad no cuentan, porque el art. 7.1.a) comprende igual a los eventuales y a los de temporada; la edad, las cargas familiares o el tamaño de la empresa no son criterios del artículo.

La opción no es irrevocable, pero tampoco libre: la cooperativa solo puede cambiarla en los supuestos y condiciones que fije el Gobierno, al que el art. 14.4 autoriza además a regular su alcance. La ley no da a los socios el poder de forzar el cambio ni fija un cambio anual a voluntad.

El art. 7.3 deja al Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, establecer medidas de protección social a favor de los españoles no residentes, adaptadas a los países donde viven. No los equipara a nadie: ni los asimila a trabajadores por cuenta ajena, ni les abre las no contributivas en las mismas condiciones que a quien reside en España, ni les extiende el desempleo.

La facultad del art. 10.5 alcanza a cualquiera de los regímenes especiales del apartado 2 a excepción de los que han de regirse por leyes específicas, y el de los trabajadores del mar es uno de ellos (art. 10.3). La homogeneidad alcanzada es un criterio para integrar los demás, no una puerta para este; por eso tienta la primera opción. Tampoco hay una vía de acuerdo con los agentes sociales que salve la excepción.

La letra a) comprende a los trabajadores por cuenta ajena con independencia, en todos los casos, de la naturaleza común o especial de su relación laboral, igual que de su grupo profesional o de la forma y cuantía de su salario. Que la relación sea especial puede cambiar sus reglas laborales, pero no la saca del trabajo por cuenta ajena ni la manda al de cuenta propia, y la letra a) no prevé una inclusión con menos protección.

Para los regímenes especiales que no van por ley específica, el art. 10.4 remite a sus normas reglamentarias, que fijan su campo de aplicación y regulan sus materias ateniéndose al título I y con la máxima homogeneidad con el Régimen General que permitan la financiación del sistema y las características del grupo. No hay convenios con el colectivo ni mutualidades que hagan ese papel, y la ley de presupuestos fija cifras, no campos de aplicación.

El art. 14.2 los asimila a trabajadores por cuenta ajena a efectos de Seguridad Social, igual que a los socios de trabajo de las cooperativas del art. 13.4 de la Ley de Cooperativas. Aquí, como regla, no hay opción (la DT 19.ª solo la conserva para ciertos socios de trabajo de cooperativas que ya la ejercieron con la ley de 1987): la elección entre las dos modalidades es de las cooperativas de trabajo asociado. Que trabajen la tierra no los lleva al sistema agrario por cuenta propia.

El art. 9.2 conserva los derechos en curso de adquisición de quien cambia de régimen mediante la totalización de los periodos de permanencia en cada uno: se suman, sin que el cambio haga perder lo cotizado. Pero solo los que no se superponen: un mismo tiempo no cuenta dos veces.

La inclusión de los deportistas de alto nivel es una facultad del Gobierno (art. 7.4), pensada para facilitar su integración social y profesional. Los otros tres están en la lista del apartado 1, que los comprende por la propia ley: los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en la letra c), los estudiantes en la d) y los funcionarios públicos, civiles y militares en la e).

El apartado 3 remite a leyes específicas los regímenes de las letras b) y c) del apartado 2: los trabajadores del mar y los funcionarios públicos, civiles y militares. Los demás grupos de la lista no tienen esa remisión a una ley propia, y todos, vayan por donde vayan, deben tender a la homogeneidad con el Régimen General.

La hermana es pariente por consanguinidad en segundo grado, dentro del límite del art. 12.1, y se dan las otras condiciones: trabaja en el centro del empresario, convive en su hogar y está a su cargo. Por eso se presume que no es trabajadora por cuenta ajena. Es una presunción que admite prueba en contrario, no una exclusión absoluta; y el alta no la vence, porque lo que decide es si de verdad hay relación laboral.

La letra e) deja abierta la lista a los grupos que determine el ministerio competente en materia de Seguridad Social, por considerar necesario para ellos un régimen especial de acuerdo con el apartado 1. La ley lo nombra como «Ministerio de Empleo y Seguridad Social», la denominación de 2015; lo que cuenta es el papel, no el nombre. No hace falta una ley para cada grupo, y ni la Tesorería ni las comunidades autónomas crean regímenes.

Los sistemas especiales que se creen al amparo del art. 11 se limitan exclusivamente a cuatro materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. La acción protectora no está en la lista: un sistema especial cambia cómo se encuadra, se afilia, se cotiza o se recauda, no qué se protege. Los que regula la propia ley, como el agrario por cuenta ajena, tienen además las reglas que ella les da.

El art. 7.2 extiende el campo no contributivo a los extranjeros que residen legalmente en territorio español, en los términos de la Ley Orgánica 4/2000, de extranjería, y de los tratados y convenios aplicables. No basta con estar en España sin residencia legal, y la nacionalidad de un Estado de la Unión no sustituye a la residencia. Tampoco se reservan a los españoles: el mismo párrafo empieza con un «también» que añade a los extranjeros.

Un régimen especial se justifica por la actividad: su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o la índole de sus procesos productivos, cuando lo hacen preciso para aplicar bien los beneficios de la Seguridad Social. No depende de que lo pida el colectivo, de su capacidad de autofinanciarse ni de que antes tuviera una mutualidad propia.

Cuando un autónomo contrata a su hijo con la regla del art. 12.2, la única cobertura que la ley excluye es la de desempleo: el hijo tiene el resto de la acción protectora de un trabajador por cuenta ajena, incluidas la incapacidad temporal, la asistencia sanitaria y el nacimiento y cuidado de menor. La exclusión se explica por el vínculo familiar con quien lo emplea, que hace difícil probar una pérdida involuntaria del empleo.

La exclusión la acuerda el Gobierno, pero a instancia de los interesados: no se aplica de oficio. Las organizaciones sindicales más representativas, o el colegio oficial competente, son oídas en el procedimiento, que no es lo mismo que pedirlo. Ni la Tesorería General ni la Inspección tienen en el art. 7.5 ningún papel de iniciativa.

La regla general del art. 12.2 permite al autónomo contratar como asalariados a sus hijos menores de 30 años aunque convivan con él, por remisión a la disposición adicional décima del Estatuto del trabajo autónomo. Por encima de esa edad solo cabe si el hijo tiene especiales dificultades de inserción, que el mismo apartado define por tipo y grado de discapacidad.

El segundo párrafo del art. 10.5 permite que la integración se haga en otro régimen especial cuando lo aconsejen las características de los dos y se logre así una mayor homogeneidad con el Régimen General: es un paso más hacia la unidad, no una salida de ella. Un sistema especial solo regula ciertas materias dentro de un régimen y no es destino de una integración; la mutua colabora en la gestión, y la ley no prevé suprimir un régimen devolviendo cuotas.