Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social

El art. 67.3 abre la gestión y la administración de los centros asistenciales de las entidades gestoras a las entidades locales. Las mutuas y las empresas colaboran en la gestión de la Seguridad Social por su propia vía, en el capítulo VI del título I, pero este precepto no les entrega los centros de las entidades gestoras. La Tesorería General es titular del patrimonio, pero el art. 67.3 no le encarga gestionar los centros.

El art. 68.1 les da la naturaleza de entidades de derecho público y capacidad jurídica para cumplir los fines que tienen encomendados. El distractor tentador es el de los órganos sin personalidad, porque dependen de un departamento ministerial; pero esa dependencia no les quita la capacidad jurídica propia. Tampoco son sociedades mercantiles ni fundaciones, que son formas de otra naturaleza.

El art. 66.2 busca la homogeneización y la racionalización de los servicios en un punto concreto: el uso de las instalaciones sanitarias, que las entidades gestoras coordinan mediante conciertos o colaboraciones entre ellas. La recaudación de las cuotas y el intercambio de datos tienen su sitio en otros preceptos (arts. 21, 71 y 77), y el apartado no prevé que tramiten las prestaciones en común.

El art. 74.1 pone a cargo de la Tesorería General la custodia de los fondos, valores y créditos, las atenciones generales y los servicios de recaudación de derechos y de pago de las obligaciones del sistema. Paga, pero no reconoce: el derecho a una prestación lo declara la entidad gestora que la tiene atribuida, y la calificación de la incapacidad permanente tampoco está entre sus funciones. La inspección no la hace la Tesorería.

El art. 66.1 sujeta la gestión a principios de organización: simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización. La universalidad no está en esa lista: es uno de los principios en que el art. 2.1 fundamenta el sistema mismo, no su gestión, y por eso suena tan familiar.

El art. 71.3 da acceso a la historia clínica, para los reconocimientos de embarque, a los médicos de sanidad marítima adscritos al Instituto Social de la Marina. La Dirección General de la Marina Mercante es el distractor tentador por el mundo marítimo, pero la LGSS la nombra para otros datos, no para estos reconocimientos. Las mutuas aparecen en el precepto entre quienes guardan historias clínicas, y la inspección médica del servicio público de salud accede a otros datos médicos, los que obran en las entidades gestoras.

El art. 77.1.h) permite ceder datos a jueces y tribunales en el curso del proceso y para ejecutar resoluciones firmes, pero exige una resolución expresa que motive la necesidad de pedirlos a la Seguridad Social por haberse agotado los demás medios de conocer los bienes del deudor. Que lo pida un juez no basta, y ni el consentimiento del deudor ni el Ministerio Fiscal forman parte del requisito.

El art. 73 reserva al Gobierno, a propuesta del ministerio (el texto conserva el nombre de 2015, «de Empleo y Seguridad Social»), el establecimiento de los servicios comunes y la reglamentación de su estructura y sus competencias. No hace falta una ley para cada uno, el ministerio propone pero no decide por sí solo, y las entidades gestoras no los crean.

El art. 74 bis, que añadió la Ley 3/2017, configura la Gerencia de Informática como un servicio común para la gestión y administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones del sistema. El Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora del art. 66.1, y el Instituto Social de la Marina también es entidad gestora, la del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: gestionan prestaciones, no servicios comunes a todo el sistema. La Intervención General de la Seguridad Social es un órgano de control interno (el art. 77.1.c la nombra por ese control), no un servicio común.

El art. 69 compone esos órganos de forma tripartita y por partes iguales, con un matiz: dice «fundamentalmente», lo que deja margen a la regulación del Gobierno; ni la Administración ni los agentes sociales tienen mayoría por ley. Tampoco reparte los puestos según la representatividad de cada organización.

El art. 66.1.a) encomienda al Instituto Nacional de la Seguridad Social la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema, salvo las que el apartado c) del mismo artículo reserva a otra entidad: por eso la pregunta dice «como regla». El Servicio Público de Empleo Estatal es el distractor tentador, porque paga prestaciones, pero no figura en la enumeración del art. 66: lo suyo es la protección por desempleo, de la que el art. 294 lo hace entidad gestora. Los otros dos institutos tienen en el art. 66 cometidos distintos.

El art. 76.3 extiende las exenciones y demás privilegios a las entidades gestoras en cuanto afecten a la gestión de las mejoras voluntarias del art. 43, que van más allá de la acción protectora obligatoria y podrían haberse quedado fuera. Los planes de pensiones de su personal y lo que conciertan con terceros no aparecen en el precepto, y las mutuas no son entidades gestoras, así que este apartado no les habla.

El art. 66.1.b) define al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por un cometido asistencial, no económico: administra y gestiona servicios sanitarios. El subsidio por incapacidad temporal y la calificación de la incapacidad permanente tientan por su componente médico, pero son prestaciones económicas y el art. 66 no se las encomienda a este instituto. Los servicios complementarios de las prestaciones del sistema los encomienda el mismo artículo a otra entidad.

El art. 78.2 reserva al Gobierno, a propuesta del ministro competente, el nombramiento y el cese de los cargos directivos con categoría de director general o asimilada. Por debajo de esa categoría el precepto no le reserva nada: ni los directores provinciales ni los jefes de servicio están en él, y quienes forman los órganos de participación del art. 69 son representantes, no cargos directivos.

Para la investigación, el art. 77.1.m) pide los datos estrictamente imprescindibles y procedimientos que no identifiquen a los interesados; pero para los datos de los arts. 9 y 10 del RGPD —las categorías especiales, como la salud o el origen étnico, y los datos penales— va más allá y exige el consentimiento expreso de los afectados. Anonimizar es la regla para el resto de los datos, no la llave de estas categorías, y el precepto no deja la decisión a la autoridad de protección de datos ni a un comité.

El art. 74.1 define la Tesorería General como un servicio común, no como una entidad gestora: el art. 66.1 enumera las entidades gestoras y ella no está. Es la confusión clásica de este capítulo. Y ser un servicio común no le quita la personalidad jurídica: el mismo precepto se la reconoce.

El art. 77.2 califica siempre como falta disciplinaria grave el acceso del personal a los datos de la Seguridad Social para fines distintos de sus funciones: lo que se sanciona es el acceso mismo, aunque los datos no salgan de la pantalla. Comunicarlos a terceros es otra conducta, con su propia calificación en el apartado siguiente.

El art. 76.1 da a las entidades gestoras y a los servicios comunes, en la misma medida que al Estado, una exención tributaria absoluta que incluye expresamente los derechos y honorarios notariales y registrales, por los actos que realicen o los bienes que adquieran o posean afectados a sus fines. Por eso no se limita a los tributos ni deja fuera lo registral: nombra a la vez los derechos notariales y los registrales; y la LGSS no carga esos honorarios al vendedor.

El art. 69 extiende la participación «desde el nivel estatal al local»: hay control y vigilancia en todos los escalones territoriales de la gestión, no solo en la cúspide ni solo en los niveles intermedios. La ley no fija los órganos concretos: faculta al Gobierno para regularlos.