La jubilación flexible, la activa y la parcial

El art. 213.2 declara incompatible el puesto en el sector público con la pensión contributiva, y el efecto no es la extinción ni una reducción, sino la suspensión: la pensión deja de pagarse mientras dura el puesto y vuelve al cesar. La misma frase protege las revalorizaciones, que siguen corriendo durante la suspensión. Que la jubilación parcial sí sea compatible con un puesto a tiempo parcial en el ámbito laboral público lo dice la Ley 53/1984 (art. 3.2), no este apartado.

Con un trabajador indefinido en los términos del 214.3, el autónomo cobra el 75 % si la demora fue de uno a tres años. Sin esa contratación se le aplicaría la escala general del 214.2, que con dos años de demora da el 55 %: es la respuesta tentadora. El 45 % y el 65 % son los tramos de uno y tres años de esa misma escala. A partir del cuarto año de demora se aplica la escala general, y en ambos casos el porcentaje sube 5 puntos por cada 12 meses ininterrumpidos en la jubilación activa.

La ley no pone plazo ni condición: finalizado el trabajo, se restablece el percibo íntegro de la pensión, sin que el porcentaje reducido se arrastre; y lo cotizado durante la activa no incrementa el porcentaje aplicable (214.4).

El apartado 2 gradúa el porcentaje por años de demora: cuanto más se retrasó el acceso a la pensión, mayor parte de ella se cobra mientras se trabaja. La jornada no influye: el mismo apartado dice que el complemento por mínimos se excluye «cualquiera que sea la jornada laboral», y el porcentaje no se mide por horas. Los ingresos del trabajo son el criterio de otra salvedad, la del art. 213.4.

El apartado 4 no solo hace compatible esa actividad con la pensión: además exime de cotizar por ella. Es la otra cara de la regla que le sigue: como no se cotiza, esas actividades no generan nuevos derechos a prestaciones. La cotización limitada a la incapacidad temporal y a las contingencias profesionales, con la cotización especial de solidaridad, es la de la jubilación activa (art. 153), no la de esta salvedad: aquí la exención es completa.

La regla de partida del art. 213.1 es la incompatibilidad: quien cobra la pensión de jubilación no trabaja. Pero no es absoluta, porque la propia frase remite a las salvedades que fijen la ley o el reglamento, y el resto del capítulo las desarrolla: el trabajo a tiempo parcial (213.1, párrafo segundo), la actividad por cuenta propia por debajo del SMI (213.4), la jubilación activa (214) y la parcial (215). Y el trabajo por cuenta propia solo es compatible por debajo del SMI anual (213.4), no cualquiera que sea su cuantía. La compatibilidad al 50 % es la memoria de la jubilación activa anterior a 2025, que hoy ni siquiera es una cifra fija.

Es lo que suele llamarse jubilación flexible: quien accede a la jubilación puede compatibilizar la pensión con un trabajo a tiempo parcial, en los términos del reglamento. El trabajo a tiempo completo solo cabe por la jubilación activa, y sin un año de demora no hay jubilación activa (art. 214.1). El 45 % es el primer tramo de la escala de esa jubilación activa (214.2.a), y el año que exige es de demora antes del hecho causante de la pensión, no de espera después de jubilarse.

Por regla general el año se cuenta desde que se cumple la edad, pero el segundo párrafo del art. 214.1 lo desplaza cuando la carencia llega después: entonces corre desde la fecha en que se reúne el periodo mínimo de cotización. Tiene lógica, porque antes de esa fecha la trabajadora no habría podido jubilarse aunque quisiera, y no estaba demorando nada.

La regla general son 33 años cotizados, la misma cifra que la anticipada por causa no imputable al trabajador (art. 207). Los 35 son los de la anticipada voluntaria (art. 208), y los 38 años y 6 meses, los que permiten la ordinaria a los 65 (art. 205.1.a). Con discapacidad en grado igual o superior al 33 %, los 33 años se reducen a 25.

El apartado 3 pide un trabajador indefinido con al menos 18 meses de antigüedad o, en su lugar, contratar a uno nuevo con carácter indefinido que no haya tenido vínculo laboral con el autónomo en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa. Esos dos años son de la segunda vía, no la antigüedad del trabajador que ya está.

El apartado 3 permite acumular el tiempo de trabajo en días de la semana, semanas del mes, meses del año u otros periodos, por pacto individual o por negociación colectiva, y blinda esa posibilidad: en ningún ámbito se puede limitar o impedir su uso. Ni el convenio puede excluirla ni hace falta autorización de nadie.

El umbral del art. 213.4 es el salario mínimo interprofesional en cómputo anual: por debajo de él, el jubilado puede trabajar por su cuenta sin perder la pensión. El IPREM es el índice de otras prestaciones (el subsidio por desempleo, por ejemplo), y ni la pensión mínima ni la base mínima de autónomos aparecen en este apartado.

El apartado 2 manda tomar años completos y no equipara a ellos las fracciones: dos años y ocho meses son dos años a efectos de la escala. La fracción de más de seis meses solo cuenta en otra figura, el complemento por demora del art. 210.2.a), y allí no se redondea al año: a partir del segundo año completo de demora suma un 2 % adicional. En la escala de la jubilación activa no existe.

Como la edad ordinaria del art. 205.1.a) depende de lo cotizado (67 años, o 65 con 38 años y 6 meses), el art. 215.2.a) proyecta la carrera del trabajador: se toma la edad que le habría correspondido si hubiera seguido cotizando desde el hecho causante de la parcial hasta cumplir la edad legal. Así no se le penaliza por jubilarse parcialmente antes de completar esos años.

La jubilación activa permite compatibilizar la pensión con cualquier trabajo, pero el art. 214.9 deja fuera el puesto de trabajo y el alto cargo en el sector público de la Ley 53/1984, que siguen siendo incompatibles con la pensión. Por eso no importa cuántos años se demorara el acceso ni qué porcentaje diera la escala, y la ley no hace distinción por la jornada: la regla del sector público es la del art. 213.2, la suspensión de la pensión mientras dure el puesto.

Son al menos seis años de antigüedad en la empresa, inmediatamente anteriores a la jubilación parcial. Se mide la permanencia en la empresa, no lo cotizado: para eso está la otra exigencia de la letra a), los 33 años de cotización. Y cuenta la antigüedad en la empresa anterior si ha habido sucesión de empresa o si ambas son del mismo grupo.

El servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria y el servicio social femenino obligatorio cuentan solo para alcanzar el periodo de cotización exigido, y con el límite máximo de un año. Es una regla de cómputo de los 33 años (o 25), no una cotización que mejore la cuantía.

Sin relevo, la reducción va de un mínimo del 25 % a un máximo del 75 % de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. El 20–33 % es otra regla, la del primer año de una jubilación parcial con relevo anticipada en más de dos años (art. 215.2.c), que no se aplica a quien ya tiene la edad ordinaria.

La letra d) exige que las bases del relevista y del jubilado parcial se correspondan: la del relevista no baja del 65 % del promedio de las del jubilado en los seis últimos meses de su periodo de base reguladora. Así se evita sustituir a un trabajador por otro con un salario muy inferior. El 75 % es el techo de la reducción de jornada, no esta cifra.

La jubilación parcial no se pierde porque el relevista se vaya: la carga es del empresario, que tiene que celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido; y «en los mismos términos» quiere decir indefinido y a tiempo completo (letra e), no temporal. Si no lo hace, la consecuencia también recae sobre él, que responde del reintegro de la pensión cobrada por el jubilado parcial.