La prescripción, la caducidad y el reintegro de las prestaciones indebidas

El artículo 55.1 obliga a reintegrar a todo el que haya percibido indebidamente una prestación, y el 55.3 incluye de forma expresa la revisión por error imputable a la entidad gestora: que el error sea de la Administración no libra al perceptor, que debe devolver todo lo que no haya prescrito. La buena fe solo exime a quien contribuyó a hacer posible el cobro (55.2), no al perceptor. Y el tope de tres meses no sirve aquí: el artículo 53.1 lo excluye cuando de la revisión deriva la obligación de reintegrar prestaciones indebidas.

Una vez reconocida, una prestación de pago único hay que cobrarla en el año siguiente a la notificación del reconocimiento: pasado ese año, caduca el derecho al percibo. No hay que confundirla con la prescripción del artículo 53, de cinco años, que afecta al derecho a que se reconozca la prestación, no a cobrar la ya reconocida; los tres meses son la retroactividad de los efectos.

El artículo 53.1 ata el plazo de cinco años al hecho causante: lo que pone en marcha la prescripción es que ocurra la contingencia, no que se pida la prestación. La notificación del reconocimiento es el punto de partida de otro plazo, el de caducidad de las prestaciones a tanto alzado (art. 54.1); y la solicitud solo cuenta para fijar los efectos, que van a los tres meses anteriores a ella.

El artículo 53.1 fija la regla general del sistema: cinco años desde el día siguiente al hecho causante, salvo las excepciones que la propia ley determine. Los otros plazos son de los vecinos: un año es la caducidad del percibo (art. 54), cuatro años la prescripción de la obligación de reintegrar lo cobrado indebidamente (art. 55.3), y tres años no es ningún plazo del capítulo. Y «como regla general» importa: hay prestaciones imprescriptibles, como la jubilación (art. 212).

La ley saca de la regla dos supuestos: la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, y la revisión de la que deriva la obligación de reintegrar prestaciones indebidas (art. 55). Que la pida el beneficiario o que suba la cuantía es justo el caso normal al que se aplica el tope de tres meses, y el tipo de pensión tampoco: la regla vale para todas.

El plazo general es de cinco años contados desde el día siguiente al hecho causante, y aquí han pasado seis: el derecho ha prescrito. La opción tentadora mezcla las dos reglas del artículo 53.1: los tres meses de retroactividad solo limitan los efectos de un derecho que todavía no ha prescrito, no lo salvan cuando ya ha pasado el plazo. La regla no vale para las prestaciones que la ley declara imprescriptibles, como la jubilación (art. 212): en ellas solo rige el tope de tres meses.

El plazo vuelve a contarse cuando el proceso acaba de verdad: o se notifica el auto de sobreseimiento, o la sentencia adquiere firmeza. Una sentencia recurrible no basta, porque el proceso sigue tramitándose y la suspensión dura «mientras aquella se tramite». Entablar la acción es lo que abre la suspensión, no lo que la cierra.

Quien ayudó a cobrar lo indebido responde del reintegro, pero en segundo lugar: subsidiariamente con los perceptores, y no responde si prueba su buena fe. No es responsabilidad solidaria, que permitiría reclamarle a él lo mismo que al perceptor y desde el principio; y la buena fe exime al que colaboró, no al perceptor (55.1).

El artículo 53.2 suma a las causas ordinarias del artículo 1973 del Código Civil dos propias de la Seguridad Social, la reclamación ante la Administración y el expediente que tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el caso, y a las tres les da el mismo efecto: interrumpir la prescripción. Basta con que se tramite el expediente, acabe como acabe. Dejar el plazo en suspenso es otra cosa, y es el efecto de la acción judicial contra un presunto culpable (art. 53.3), no del expediente de la Inspección.

La caducidad del artículo 54.1 se cuenta desde que el interesado sabe que tiene la prestación reconocida, es decir, desde el día siguiente a la notificación en forma. El hecho causante es el punto de partida de la prescripción del derecho al reconocimiento (art. 53.1), un plazo distinto; y el vencimiento de cada mensualidad es el punto de partida en las prestaciones periódicas (art. 54.2), no en las de pago único.