La Carrera Judicial y el ingreso en ella

El art. 301.7 da esa facultad al Ministerio de Justicia, que puede ejercerla en colaboración con las comunidades autónomas competentes, y añade que las comunidades autónomas con competencias en la materia tienen «iguales facultades». No es, por tanto, solo del Ministerio; y ni las Salas de Gobierno ni la Comisión de Selección con el Fiscal General figuran entre quienes pueden instarla.

Según el art. 304.2, lo designan de forma conjunta el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado. Al Pleno del Consejo le toca designar a los dos magistrados vocales, no al presidente; y el Ministerio de Justicia designa al abogado del Estado y al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 307.5 fija dos suelos: el curso teórico no puede durar menos de nueve meses y las prácticas tuteladas, menos de cuatro, que es también el mínimo del periodo de sustitución o apoyo. Seis meses se queda corto para el curso teórico y excede el mínimo de las prácticas.

El art. 309 da una sola segunda oportunidad: quien no supera el curso puede repetirlo en el siguiente, con la nueva promoción, y si tampoco lo supera queda definitivamente excluido y decae su expectativa de ingreso derivada de la oposición aprobada. No pierde la oposición al primer suspenso, pero tampoco hay más repeticiones.

El art. 305.4.a) le encarga proponer el temario, el contenido de los ejercicios y las normas complementarias de la oposición, «sometiéndolos a la aprobación del Ministerio de Justicia y del Pleno del Consejo General del Poder Judicial». Hacen falta las dos aprobaciones; la Comisión Permanente y el Fiscal General del Estado no intervienen en ella.

El art. 298.2 les reconoce funciones jurisdiccionales «con sujeción al régimen establecido en esta ley y con inamovilidad temporal». No es la de quienes forman la Carrera Judicial (298.1), pero tampoco carecen de ella, y la ley no la recorta por asuntos: la limita en el tiempo.

El art. 299.3 ata la categoría al ejercicio: «Sólo» la adquieren quienes efectivamente pasan a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros del Tribunal Supremo. No basta el nombramiento sin llegar a ejercer, ni el puesto en el escalafón, ni presidir una Sala de un Tribunal Superior de Justicia.

El art. 311.1 reserva una tercera parte de esas vacantes a miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría. La reserva no es de dos tercios, y los fiscales no tienen cupo en este concurso: su vía de acceso a la Carrera Judicial es otra.

El art. 305.1 da la presidencia a dos de sus miembros, un vocal del Consejo General del Poder Judicial y un Fiscal de Sala, que la ejercen «anualmente con carácter alternativo». El magistrado y los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos son miembros de la Comisión, pero no la presiden, y el Presidente del Consejo no forma parte de ella.

El art. 311.2 pide tres años de servicios efectivos como juez para ascender por escalafón y, «sin embargo», solo dos para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización, cualquiera que sea la situación administrativa del candidato. Las cifras no son intercambiables: la mayor es la del ascenso.

El art. 311.1 abre ese concurso a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional que, además, superen el curso de formación de la Escuela Judicial al que remite el 301.5. Las dos condiciones van juntas: ni bastan los años sin el curso ni la ley pide quince.

El art. 308.2 dispone que toman posesión ante el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que quedan adscritos. No es el Presidente ni la Sala de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia, ni el Director de la Escuela Judicial.

El art. 300 encarga el escalafón al Consejo General del Poder Judicial, que lo aprueba cada tres años como máximo, y por períodos menores cuando haga falta, y se publica en el «Boletín Oficial del Estado». El Ministerio de Justicia no lo aprueba, y cinco años excede el máximo que fija la ley.

El art. 311.7 las hace acrecer al turno de pruebas selectivas y de especialización, si estuvieren convocadas, y solo en otro caso al de antigüedad. El orden es ese y no el inverso, y no se guardan para el siguiente concurso de juristas.

El art. 301.8 reserva un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas y acrediten el grado y la compatibilidad con las funciones. El siete por ciento y el 65 por ciento no son las cifras de esta ley para las Carreras judicial y fiscal.